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La Junta de Andalucía suspende las clases presenciales de la UGR durante dos semanas

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La rectora asegura que están «sorprendidos y tristes» por la medida, y lamenta que «dejan abiertos los bares y cierran las aulas». Además, ha afirmado que la medida pone en cuestión la autonomía de las universidades.

La Junta de Andalucía ha aprobado medidas para reducir la tasa de contagios en la ciudad de Granada y una de las medidas más importantes es el cese de la actividad académica presencial en la Universidad de Granada.

En los últimos días, las autoridades andaluzas han señalado a los universitarios y su actitud como uno de los principales focos de contagio de la Covid-19, cuyas cifras se han ido de las manos en Granada.

El consejero Elías Bendodo ha anunciado medidas específicas para Granada centradas en los universitarios, el foco en el que la Junta puso el acento desde el inicio de curso: los colegios mayores cerrarán a las 22:00 horas, se harán cribados en centros que tengan un solo positivo y desde el jueves las clases en la universidad de Granada no serán presenciales en dos semanas para evitar desplazamientos.

Será la Universidad de Granada la que decida si son clases online, ha matizado Bendodo, que ha dicho que son medidas «necesarias» y que se toman con «anticipación«.

Además, Granada se someterá también a las nuevas recomendaciones para toda Andalucía.

En residencias universitarias existirá un equipo Covid para establecer un plan de actuación específico con medidas para residentes y trabajadores, que no entren personas ajenas y que las habitaciones sean individuales o dobles. En zonas comunes el aforo se recomienda al 50%. 

Rectora, en desacuerdo con la medida

Tras conocer el anuncio del cese de la actividad académica presencial, la rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, compareció ante los medios de comunicación.

En primer lugar, lamentó que solamente el consejero de Transformación Económica, Rogelio Velasco, le anticipó la noticia. Dijo que esta noticia supone un «duro golpe» a la institución que, según ha explicado, mantiene todas las medidas que garantizan la seguridad de toda la comunidad universitaria. De hecho, ha recalcado que hasta la fecha, todavía no ha habido ningún brote en los edificios y servicios de la UGR.

Pilar Aranda puso en cuestión la legalidad de esta decisión, que aseguró que podría lesionar la autonomía universitaria. Al tiempo que afirmó no entender esta medida.

«Me entristece que se valore más a los bares» y achacó los acontecimientos ocurridos en la ciudad granadina durante el puente de octubre a la actuación de ciudadanos jóvenes, y no necesariamente de universitarios.

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