Dos nuevos fármacos contra el Alzheimer que han demostrado ralentizar el deterioro cognitivo en pacientes en fases iniciales no han sido incorporados, por el momento, a la financiación pública del Sistema Nacional de Salud (SNS). La decisión limita su acceso en España al ámbito privado y afecta a un grupo de pacientes que, según las estimaciones disponibles, representa alrededor del 4% de las personas con enfermedad de Alzheimer.
La decisión llega en un momento en el que el desarrollo de nuevos tratamientos está abriendo una nueva etapa frente a una enfermedad que sigue siendo la principal causa de demencia en el mundo. Ambos medicamentos han recibido la autorización de comercialización de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y ya han comenzado a utilizarse en países como Estados Unidos, Reino Unido, Japón o China.
Los dos tratamientos están indicados para personas con enfermedad de Alzheimer en fase inicial y, en los ensayos clínicos, demostraron ralentizar el deterioro cognitivo alrededor de un 27% y un 29%, respectivamente, a los 18 meses.
Sin embargo, el pasado 15 de julio la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) resolvió no incluirlos en la financiación pública del SNS. Por el momento, esto significa que en España su acceso queda restringido a la prescripción en el ámbito privado.
La financiación condiciona el acceso a los nuevos tratamientos contra el Alzheimer
Para la Sociedad Española de Neurología (SEN), la decisión plantea una cuestión de equidad en el acceso a los nuevos tratamientos contra el Alzheimer.
“Desde la SEN solicitamos a las autoridades sanitarias que reconsideren esta resolución, porque restringir el acceso a estos fármacos solo a quienes puedan costeárselos de forma privada vulnera el principio de equidad de nuestro Sistema Nacional de Salud. Por esta razón, mantenemos nuestra disposición a colaborar con las autoridades sanitarias en el diseño de circuitos asistenciales seguros, eficientes y sostenibles que permitan una incorporación ordenada de estos tratamientos. Confiamos en que esta voluntad de colaboración sea tenida en consideración en las próximas reuniones de la CIPM”, señala la Dra. Raquel Sánchez del Valle, Coordinadora del Grupo de Estudio de Conducta y Demencias de la Sociedad Española de Neurología.
El debate sobre estos medicamentos llega, además, en un contexto marcado por el enorme impacto sanitario, económico y social del Alzheimer. Más de 57 millones de personas viven actualmente con demencia en el mundo y cada año se diagnostican cerca de 10 millones de nuevos casos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que esta cifra alcanzará los 78 millones en 2030 y los 139 millones en 2050, principalmente como consecuencia del envejecimiento de la población.
La enfermedad de Alzheimer representa entre el 60% y el 70% de todos los casos de demencia y constituye una de las principales causas de discapacidad y dependencia entre las personas mayores.
En España, más de 800.000 personas padecen Alzheimer y cada año se diagnostican alrededor de 40.000 nuevos casos, según los datos de la SEN. Más del 65% de estos nuevos diagnósticos corresponden a mujeres. Además, Alzheimer y otras demencias causaron más de 36.000 muertes en España en 2025, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Una enfermedad cuyo coste recae principalmente sobre las familias
El impacto del Alzheimer no se limita al sistema sanitario. La demencia supone una enorme carga económica y social a escala mundial, con un coste anual estimado en 1,3 billones de dólares. Aproximadamente la mitad corresponde a los cuidados no remunerados que proporcionan familiares y allegados.
En España, la Confederación Española de Alzheimer y otras Demencias (CEAFA) estima en unos 35.000 millones de euros al año el coste del Alzheimer. Un reciente informe de la Fundación Pasqual Maragall sitúa en 42.000 euros anuales por persona el coste económico medio asociado a la enfermedad, una cifra que puede superar los 77.000 euros en las fases avanzadas.
Las familias asumen el 86% de este coste, frente al 8% correspondiente al gasto sanitario. En ocho de cada diez casos, además, el cuidado de la persona con Alzheimer recae en un familiar, principalmente mujeres, que dedican una media de 70 horas semanales a esta labor.
“Cuando hablamos de la enfermedad de Alzheimer y de otras demencias estamos hablando de enfermedades que representan más del 60% de la dependencia en España. Y puesto que el coste social de estas enfermedades lo asumen mayoritariamente las familias, cerca del 60% de las personas cuidadoras presentan también morbilidades, como consecuencia directa de la sobrecarga del cuidado”, comenta la Dra. Raquel Sánchez del Valle.
El acceso a los nuevos fármacos depende también de detectar antes la enfermedad
La controversia sobre la financiación de los nuevos tratamientos coincide con otro problema: una parte importante de las personas con Alzheimer todavía no recibe un diagnóstico en las primeras fases de la enfermedad.
La SEN estima que más del 50% de los casos que aún son leves permanecen sin diagnosticar. El retraso medio entre la aparición de los primeros síntomas y el diagnóstico supera los dos años y entre el 30% y el 50% de las personas con algún tipo de demencia no llegan a recibir un diagnóstico formal.
Esta situación adquiere especial importancia con la llegada de tratamientos capaces de modificar, aunque sea parcialmente, el curso de la enfermedad. Para determinar qué pacientes pueden beneficiarse de ellos es necesario identificar con precisión la enfermedad y su fase.
“La disponibilidad de fármacos capaces de modificar el curso de la enfermedad hace que el diagnóstico precoz y preciso sea, si cabe, aún más urgente. Ya disponemos de biomarcadores en sangre que permiten mejorar el diagnóstico sin necesidad de una punción lumbar, pero su uso todavía es minoritario: en la actualidad, menos del 20% de los diagnósticos de Alzheimer se apoyan en biomarcadores, cuando el objetivo debería ser alcanzar el 80-90% en los próximos años. Son precisamente los biomarcadores los que nos van a permitir seleccionar a los pacientes que realmente pueden beneficiarse de los nuevos tratamientos”, señala la Dra. Raquel Sánchez del Valle.
Así, financiación, diagnóstico precoz y biomarcadores forman parte de un mismo desafío: conseguir que los avances en el tratamiento del Alzheimer puedan trasladarse de los ensayos clínicos a los pacientes que realmente pueden beneficiarse de ellos.
Casi la mitad del riesgo de demencia podría estar relacionado con factores modificables
Mientras continúa el debate sobre los nuevos tratamientos, la SEN recuerda que la prevención sigue teniendo un papel fundamental. La edad continúa siendo el principal factor de riesgo para desarrollar Alzheimer, pero la evidencia científica indica que hasta un 45% del riesgo de desarrollar demencia podría atribuirse a factores modificables relacionados con el estilo de vida y los factores de riesgo vascular.
“Si cuidamos a lo largo de la vida nuestra salud cerebral, podemos reducir de forma notable el riesgo de padecer Alzheimer en el futuro. Realizar ejercicio físico, mantenerse cognitiva y socialmente activo, corregir la pérdida de audición o visión, controlar el peso, la diabetes, el colesterol y la tensión arterial, evitar el consumo de alcohol y tabaco, prevenir los traumatismos craneoencefálicos y reducir la exposición a la contaminación ambiental son medidas que, todas juntas, pueden ayudar a reducir el impacto de esta enfermedad de forma relevante a nivel poblacional”, concluye la Dra. Raquel Sánchez del Valle.
El Alzheimer se enfrenta así a una doble realidad. Por un lado, el número de personas afectadas seguirá creciendo y su impacto económico y familiar es ya enorme. Por otro, la investigación está empezando a proporcionar tratamientos capaces de ralentizar el deterioro cognitivo en determinados pacientes.
El reto ahora no es únicamente desarrollar nuevos fármacos contra el Alzheimer, sino también determinar cómo financiarlos, cómo identificar cuanto antes a las personas que pueden beneficiarse de ellos y cómo incorporarlos de manera segura y sostenible al sistema sanitario.
