El conocimiento científico no llega de forma inmediata a las políticas ambientales. De media, transcurren alrededor de siete años desde que determinados conceptos aparecen en la literatura científica hasta que son incorporados a los principales convenios ambientales internacionales. Y el problema no termina ahí: incluso cuando una política llega a formularse, su efectividad depende de cómo se aplica sobre el territorio.
Esta es una de las principales conclusiones de un estudio liderado por la Universidad de Alicante (UA) y la Fundación Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM) que analiza las dos grandes brechas que separan la evidencia científica de los resultados ambientales: la que existe entre ciencia y política y la que aparece posteriormente entre política y aplicación.
Publicado en Cell Reports Sustainability, el trabajo analiza hasta qué punto el conocimiento generado por la investigación científica acaba incorporándose a las decisiones ambientales y, posteriormente, si esas decisiones consiguen traducirse en actuaciones efectivas.
Siete años para que un concepto científico llegue a la política ambiental
Para estudiar la primera de estas brechas, el equipo analizó la aparición de diferentes conceptos ecológicos en la literatura científica y siguió su posterior incorporación a los principales convenios ambientales de las Naciones Unidas.
El resultado muestra que la ciencia y la política ambiental avanzan a ritmos diferentes. De media, pasan unos siete años hasta que determinados conceptos ecológicos presentes en la literatura científica llegan a los grandes acuerdos internacionales.
Pero ese retraso no es siempre el mismo. Los conceptos más antiguos, es decir, aquellos que llevan más tiempo disponibles en la literatura científica, tienden a presentar menores demoras en su incorporación a las políticas.
El estudio también identifica otro factor determinante: la coincidencia entre las agendas científica y política. Que exista evidencia científica sobre un problema no significa necesariamente que ese conocimiento entre automáticamente en la agenda de quienes toman decisiones.
La conclusión cuestiona así una idea aparentemente sencilla: que generar conocimiento científico sólido sea suficiente para conseguir cambios en las políticas ambientales.
Cuando un acuerdo internacional no basta para cambiar lo que ocurre en el territorio
La investigación analiza también qué sucede después de que los compromisos ambientales se hayan establecido. Para ello, utiliza la biodiversidad como caso de estudio y compara la efectividad de las medidas de conservación en diferentes escalas.
Los resultados muestran una tendencia clara: las medidas de conservación son más efectivas cuanto menor es la escala en la que se aplican, con mejores resultados a escala local o regional que a escala global.
La diferencia resulta relevante porque buena parte de los grandes problemas ambientales —desde la pérdida de biodiversidad hasta el cambio climático— se abordan mediante objetivos y acuerdos internacionales. Estos compromisos son necesarios, pero su existencia no garantiza por sí misma que produzcan resultados sobre el terreno.
El éxito depende también de que los grandes objetivos puedan convertirse en medidas concretas, recursos suficientes y actuaciones adaptadas a las características de cada territorio.
En otras palabras, entre aprobar un compromiso internacional y conseguir una mejora ambiental existe un segundo recorrido que también puede generar una brecha: la distancia entre formular una política y conseguir que funcione cuando se aplica.
Ciencia, política y gestión necesitan trabajar juntas
Ante estas dos brechas, el estudio plantea la necesidad de avanzar hacia modelos de coproducción de conocimiento. En este tipo de modelos, científicos, responsables políticos, gestores y otros agentes implicados participan desde las primeras etapas, tanto en la definición de los problemas como en la búsqueda de soluciones.
El objetivo es reducir la distancia entre quienes generan el conocimiento y quienes tienen que convertirlo en decisiones y actuaciones.
La cuestión cobra especial importancia en un momento marcado por la aceleración del cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Los problemas ambientales evolucionan con rapidez, mientras que los procesos de investigación, elaboración de políticas y aplicación de medidas pueden desarrollarse a ritmos muy diferentes.
Por ello, el reto identificado por este trabajo no consiste únicamente en generar más y mejor conocimiento científico, sino en conseguir que ese conocimiento llegue antes a la toma de decisiones y, posteriormente, pueda transformarse en actuaciones eficaces.
Una cadena con dos brechas: ciencia, política y acción
El estudio de la Universidad de Alicante y el CEAM dibuja así una cadena en la que cada etapa puede introducir un retraso o reducir la eficacia de la anterior.
Primero está la brecha entre ciencia y política, con un promedio de unos siete años entre la aparición de determinados conceptos ecológicos en la literatura científica y su incorporación a los principales convenios ambientales internacionales.
Después aparece la brecha entre política e implementación, ya que los resultados de las medidas de conservación dependen de la escala en la que se aplican y muestran una mayor efectividad en ámbitos locales y regionales que a escala global.
La investigación sugiere, por tanto, que la solución no pasa solamente por producir evidencia científica que ayude a comprender los problemas ambientales. También es necesario mejorar los mecanismos que permiten llevar ese conocimiento a las decisiones y convertir las decisiones en acciones capaces de producir resultados.
La investigación se ha desarrollado en el marco de la Unidad Mixta de Investigación CEAM-Universidad de Alicante, que articula la colaboración científica entre la Fundación Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM) y el Departamento de Ecología de la Universidad de Alicante.
