Por ALBERTO FERNÁNDEZ CERDERA. NOVA CIENCIA.
Julián Garde está al frente de la Universidad de Castilla-La Mancha desde el pasado mes de marzo. En este tiempo ha tenido que lidiar con la pandemia, de la que fue víctima al tener que superar la enfermedad, y ha sabido capitanear la institución en unos momentos muy duros, en los que el contacto con el alumnado era solamente a través de la pantalla. En los meses que lleva en el cargo ha visto cómo el sistema universitario de este país ha dado pasos agigantados en digitalización. Se ha modernizado. Sin embargo, no lo suficiente para hacer frente a los retos que plantean estos tiempos.
Garde es consciente de los cambios que deben introducirse, por eso tiene una opinión sólida sobre el anteproyecto de la Ley de Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que entiende necesaria, pero no de la manera en que la ha planteado el Ministerio de Universidades. En esta entrevista da su opinión y no duda en criticar todo lo que considera que puede frenar el crecimiento de la universidad.
La LOSU abre la puerta a un modelo nuevo para la elección de rector rector/a, en el que entra en juego un comité externo a la universidad, ¿cree que supone un recorte a la autonomía universitaria? ¿Mejorará o empeorará la gobernanza de las universidades? ¿Adoptará este modelo?
El anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario plantea dos sistemas de elección de los rectores: el actual y más común de elección directa y sufragio universal o mediante un órgano específico cuya composición, funcionamiento y denominación determinarán los estatutos de cada Universidad. Precisamente ahí, en sus estatutos, cada universidad tendrá que recoger el sistema por el que opta. El futuro texto normativo presenta muchas dudas.
La elección directa y por sufragio universal del rector/a es una fórmula asentada, democrática y participativa, por lo que resulta muy difícil considerar que alguna universidad se mueva en la dirección de dejar en manos de un comité de selección formado por entre 20 y 30 personas la elección del rector, previa evaluación y entrevista a los candidatos. Pienso que hubiera sido más acertado dejar que cada universidad estableciera las condiciones y la composición de ese comité, en el supuesto caso de que los estatutos recogieran este modelo de elección.
Al mismo tiempo, los centros no elegirán directamente a sus decanos, sino que la figura del rector/a designará el puesto de entre las tres personas más votadas, ¿puede entenderse como una manera de ‘pacificar’ los campus y restar posibilidad de oposición?
La nueva ley universitaria establece que será el rector/a quien nombre al decano de Facultad o al director de Escuela de entre los tres candidatos propuestos por el consejo de centro. Pero esta nueva vía no va a ser operativa.
La opción más válida hubiera sido que los estatutos recogieran la posibilidad de que, una vez escuchado el Consejo de Gobierno, el rector/a propusiera a los candidatos y estos fueran elegidos mediante sufragio universal por el personal -docentes y de administración y servicios- y los estudiantes adscritos al centro, de tal forma que tanto la Facultad y la Escuela, como el conjunto de sus estamentos, mantuviesen la capacidad de elección de quien será el nuevo responsable que pilotará su centro en los próximos años.
«Resulta muy difícil considerar que alguna universidad se mueva en la dirección de dejar en manos de un comité de selección formado por entre 20 y 30 personas la elección del rector, previa evaluación y entrevista a los candidatos.
Se prevé que el 1 % del PIB se dedique a universidades, ¿es suficiente? ¿Cuál sería la cifra adecuada?
El anteproyecto del nuevo marco legal presentado por el Ministerio de Universidades tendría que ser la herramienta para que el sistema universitario alcanzara un mayor grado de competitividad, autonomía y financiación. Sin embargo, no es así, ya que en general no se adapta a las necesidades de transformación que precisan las universidades, las cuales pasan por internacionalizarse y modernizarse y competir en igualdad de condiciones que las mejores universidades europeas.
Por otra parte, el nuevo documento tendría que ser más clarificador y recoger expresamente un plan de incremento de gasto público para la educación universitaria con objetivos concretos y no vincularlo exclusivamente al gasto público en educación.
Por otro lado, hay que recordar que la previsión de que el 1 % del PIB se dedique a universidades va en línea con la propuesta planteada por la propia Crue, la cual ya en el mes de junio consideró necesario referenciar la suficiencia de la financiación pública de las universidades públicas españolas en el 1 % del PIB nacional o de la comunidad autónoma e impulsar una financiación que incentive la consecución de resultados docentes e investigadores, así como establecer planes plurianuales de financiación básica.
Esto último es precisamente lo que estamos haciendo en la Universidad de Castilla-La Mancha, inmersa en estos momentos en pleno proceso de negociación del próximo contrato-programa de financiación con la Administración regional, pues el actual expira en diciembre de este año.
También se busca la estabilización de las plantillas y la reducción de profesores asociados, ¿la financiación prevista hará posible esta iniciativa?
El anteproyecto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario en materia de profesorado debe ser mejorado y se precisa un incremento de la financiación pública para reducir la temporalidad de la plantilla de personal docente e investigador (PDI).
Actualmente, la tasa de reposición, tal y como se ha aplicado en los últimos años, es el principal problema al que se enfrenta la estabilización de la plantilla del PDI, su aumento y rejuvenecimiento. Si la tasa de reposición no desaparece o se flexibiliza es imposible cumplir con el objetivo que marca la LOSU de reducir el profesorado con contrato temporal al 20 % de la plantilla de PDI, frente al 40 % que marca la LOU, ya que la oferta de plazas permanentes está limitada por dicha tasa.
Por otro lado, hay que decir, y así lo ha reconocido el Ministerio de Universidades, que uno de los principales problemas que afrontan las universidades es la situación en la que se encuentra parte de su personal, principalmente el profesorado asociado.
En la nueva ley, esta figura reduce su carga docente por curso académico de las 180 horas actuales a 120, lo que resulta incompatible con el objetivo de reducir la temporalidad de la plantilla al menos hasta que se hayan desplegado los programas de estabilización con la financiación suficiente. Además, si el objetivo de la nueva normativa pasa por reducir la precariedad laboral de este colectivo, habría que plantear una mejora retributiva del mismo.
La calidad de la enseñanza también pretende mejorarse con el sexenio docente, ¿de qué manera se incentivará a los profesores?
Con el nuevo marco legal, el Ministerio de Universidades pretende mejorar la calidad de la docencia universitaria e introducir, por vez primera, una evaluación permanente de esta actividad. Actualmente, la evaluación de la actividad de los docentes se centra en su labor investigadora a través de los sexenios de investigación que revierten directamente en la retribución y en la carrera profesional.
Ahora la idea es implantar también los sexenios de excelencia docente. Pero esto no es una idea novedosa, ya que la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA) cuenta con un Programa de Apoyo a la Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado Universitario, Docentia, que tiene en cuenta criterios como la utilización de herramientas digitales para la docencia o la participación del profesorado en proyectos de innovación docentes. Una de mis grandes apuestas como rector, tal y como quedó reflejado en el proyecto de gobierno con el que concurrí a las elecciones, es precisamente la calidad docente y, por ende, adherir a la Universidad de Castilla-La Mancha al citado programa. En ese camino estamos trabajando.
¿Qué aportarán los itinerarios abiertos en los grados y los títulos duales?
Las titulaciones duales de grado y máster permitirán a los estudiantes complementar la formación académica en las aulas con una formación teórica y práctica en la empresa, lo cual conllevará ventajas tanto para los estudiantes como para la propia empresa.
Para los estudiantes, será una oportunidad de obtener una titulación oficial y disfrutar de un contrato de prácticas durante su periodo de formación que le asegurará una primera experiencia profesional. Para las empresas, este tipo de formación les permitirá contar con egresados con una formación más adaptada a sus necesidades reales, trabajadores que se pueden integrar desde el primer minuto productivamente sin necesidad de adaptación y de contar con información de las capacidades del trabajador antes de su contratación.
La nueva ley flexibiliza los itinerarios en la universidad, lo que simplificará que los estudiantes podrán elegir asignaturas de dos o más títulos de grado de ámbitos de conocimiento afines, siempre y cuando sean materias de formación básica. Dichos itinerarios pueden ser de interés para estudiantes que al acabar el Bachillerato dudan en su elección entre varias titulaciones similares, de tal forma que les permitirá comenzar sus estudios y al término de los dos primeros cursos académicos continuar su formación en aquella titulación adscrita al itinerario y que les resulte más interesante.
La propuesta de los itinerarios abiertos también resultará una opción interesante para las universidades en el ámbito de la formación permanente, dadas las necesidades de algunos estudiantes que no buscan una titulación oficial, sino un crecimiento personal.
¿Considera acertados los criterios establecidos en el real decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades? ¿Es una manera de defender a las públicas con respecto a las privadas?
Soy un firme defensor de la universidad pública de calidad. Y al igual que el resto de rectores de universidades que integramos Crue comparto la filosofía del Real Decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios y valoro de forma positiva la mayor exigencia en el establecimiento de requisitos para la configuración de nuevas universidades.
