El estudio revela que en Colombia las inequidades sanitarias siguen un patrón centro-periferia: mientras los departamentos del centro del país concentran la mayor infraestructura, personal y recursos de salud, las regiones periféricas —como el Pacífico, la Orinoquia y la Amazonia— enfrentan carencias estructurales que las exponen a mayores riesgos en cada etapa del proceso de atención.
En Colombia, el riesgo de sufrir eventos adversos derivados de la atención en salud —y no de la enfermedad de base— puede ser hasta 96 veces mayor en territorios rurales aislado. Así lo revela un análisis de más de 10 años que integra reportes del Instituto Nacional de Salud (INS), documentos normativos y bases de datos, el cual demuestra que las brechas entre regiones y tipos de afiliación al sistema persisten en todas las etapas del proceso de atención, afectando desde el acceso oportuno a un tratamiento básico hasta la probabilidad de morir por una falla prevenible.
Diagnósticos tardíos, tratamientos incorrectos y barreras que impiden recibir cuidados oportunos forman parte de este escenario nacional. Por ejemplo, entre 2005 y 2022, más del 80 % de los casos de sífilis congénita registrados en zonas rurales se detectaron tardíamente, y en el 40 % no se inició tratamiento o este fue inadecuado, lo que evidencia que las deficiencias del sistema se concentran con mayor intensidad en los territorios históricamente excluidos.
Según la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional (ENSIN) 2005-2010-2015, en 2015 solo 1 de cada 3 niños menores de 6 meses se recibían lactancia materna exclusiva.
Lo anterior se relaciona con la reducción progresiva de la información y el acompañamiento brindado a las gestantes durante el embarazo y el posparto, un proceso que ocurre de manera distinta según el régimen de afiliación: las mujeres del régimen subsidiado suelen recibir menos orientación y apoyo que las del contributivo. A ello se suma una menor cobertura educativa en regiones como Pacífico, Orinoquia y Amazonas, en donde las acciones de promoción son aún más limitadas.
Aunque Colombia cuenta con una política robusta en papel, como la Ley 2458 de 2025, cuyo propósito es fortalecer la lactancia materna, la investigación de Kelly Patricia Estrada Orozco, doctora en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), demuestra que las acciones no se trasladan de manera efectiva al territorio, convirtiendo la promoción en otro escenario donde la inequidad territorial condiciona los resultados en salud.
Durante más de dos décadas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que alrededor del 10 % de los pacientes en el mundo sufre daños derivados de la atención sanitaria. Sin embargo, en Colombia este riesgo puede alcanzar el 52,2 %.
“Estamos hablando de que puede llegar a ser tan grave como que uno de cada dos pacientes que van en busca de atención puedan terminar con daños secundarios a esa interacción con el sistema de salud, más que por su enfermedad de base”, precisa la investigadora.
El estudio revela que en Colombia las inequidades sanitarias siguen un patrón centro-periferia: mientras los departamentos del centro del país concentran la mayor infraestructura, personal y recursos de salud, las regiones periféricas —como el Pacífico, la Orinoquia y la Amazonia— enfrentan carencias estructurales que las exponen a mayores riesgos en cada etapa del proceso de atención.
Cuando el sistema fragmenta la atención
Para la investigación se examinaron más de 64.000 reportes del INS sobre infecciones asociadas con la atención entre 2012 y 2022, junto con políticas, normas y estudios nacionales en salud pública. Además, se realizaron 31 entrevistas a pacientes y cuidadores de distintas regiones del país, metodología que permitió evidenciar cómo las fallas del sistema se manifiestan en todos los niveles de atención, especialmente en la prevención de enfermedades transmisibles como la sífilis congénita.
En materia de prevención, el análisis evidenció que en más del 70 % de los casos de sífilis reportados en el país no se trató a la pareja, lo que incrementa significativamente la probabilidad de reinfección. Esta omisión refleja un problema estructural y no errores individuales, como explica la investigadora Estrada, quien señala que las barreras administrativas y la discontinuidad de las atenciones impiden un abordaje integral y continuo del paciente.
El estudio identificó que la imposibilidad de atender a la pareja cuando pertenece a otra aseguradora representa una falla en la configuración misma del sistema, pues ese tipo de fragmentación rompe la continuidad del tratamiento y reduce la efectividad de las estrategias de control de enfermedades transmisibles.
“El sistema falla porque si la pareja no tiene la misma aseguradora, entonces no le dan la penicilina, y ese tipo de fragmentación es dañino cuando se requiere una atención centrada en el paciente”, subraya la doctora.
En prevención, promoción y atención hospitalaria, los resultados se inclinan consistentemente hacia las regiones más apartadas del país, que concentran los mayores riesgos en salud. Así, la evidencia confirma que la seguridad del paciente no se comporta como un estándar uniforme, y que, aun en su carácter universal, requiere enfoques diferenciados que permitan reducir las desigualdades territoriales y favorecer la equidad.
Con respecto a las entrevistas realizadas, los testimonios revelan que las personas que han experimentado fallas en la atención en salud enfrentan demoras prolongadas en la asignación de citas, interrupciones en los tratamientos y entrega tardía de medicamentos, además de largos desplazamientos o costos que deben asumir para acceder a los servicios.
Algunas relataron que incluso debían pedir permiso a actores armados para salir de sus territorios, o pagar de su propio bolsillo el transporte para llegar a una cita médica. Estas experiencias muestran que la vulnerabilidad se amplifica según el lugar donde se habita y el nivel de aseguramiento, y que las barreras económicas, geográficas y administrativas siguen siendo una de las principales causas que impiden una atención segura y oportuna.
Con respecto a las infecciones asociadas con la atención sanitaria en unidades de cuidados intensivos –entornos clínicos donde deberían aplicarse los mismos protocolos y estándares de cuidado en todo el país–, los resultados evidenciaron diferencias marcadas entre regiones. En el Pacífico y la región oriental se registraron los niveles más altos de riesgo, con cifras que alcanzan 6,6 veces más neumonías asociadas con el uso de ventilador, 2,9 veces más infecciones del torrente sanguíneo y hasta 96 veces más casos de endometritis posparto frente a las zonas centrales del país.
En conjunto, los resultados de esta investigación muestran que las inequidades en la seguridad de la atención no dependen solo del nivel de complejidad del servicio, sino de las condiciones estructurales y territoriales que configuran el sistema de salud en Colombia.
El análisis realizado por la doctora Estrada revela un patrón persistente de desigualdad entre el centro y la periferia, en el cual las limitaciones en infraestructura, personal y recursos inciden directamente en la calidad y seguridad de la atención. Estos hallazgos refuerzan la necesidad de transformar la política de seguridad del paciente para que incorpore el territorio como un factor determinante en la garantía del derecho a la salud.
