Las universidades andaluzas reclaman en el Parlamento 39 millones para alcanzar la suficiencia financiera

Las diez universidades públicas andaluzas reclaman al menos 39 millones de euros adicionales en los presupuestos de 2027 para garantizar los gastos de personal y funcionamiento del sistema universitario. Las instituciones consideran que los 1.836 millones de euros previstos en el proyecto presupuestario son insuficientes y estiman que la financiación ordinaria debería alcanzar los 1.875 millones.

El rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell, ha hablado en el Parlamento en nombre de las universidades públicas andaluzas.

La reclamación la ha trasladado el rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell, en representación de las universidades públicas, durante su comparecencia ante la Comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos del Parlamento andaluz. En su intervención ha defendido la necesidad de introducir enmiendas de consenso que garanticen la suficiencia financiera del sistema y el cumplimiento del modelo de financiación universitaria.

La petición llega después de varios ejercicios con resultados económicos negativos. Según los datos presentados por las universidades, nueve de las diez instituciones cerraron 2024 con un déficit agregado de casi 24 millones de euros y 2025 con cerca de 44 millones. Las universidades consideran que estas cifras reflejan un problema de infrafinanciación estructural que no puede resolverse únicamente mediante medidas de eficiencia en la gestión.

El aumento de los costes supera la financiación prevista

Las universidades públicas andaluzas han reconocido la disposición al diálogo de la nueva Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación y el incremento de la financiación ordinaria contemplado en el proyecto de presupuestos. Sin embargo, advierten de que esa subida no compensa el aumento real de los costes que deben afrontar las instituciones.

La diferencia entre los recursos previstos y los necesarios para cubrir los gastos ordinarios asciende a 39 millones de euros, una cantidad que las universidades vinculan principalmente a las necesidades de personal y funcionamiento.

En su intervención conjunta, los rectores y la rectora han insistido en que la eficiencia económica es necesaria, pero no puede sustituir a una financiación suficiente que permita mantener la actividad docente, investigadora y de gestión de las universidades públicas.

La cláusula de salvaguarda no cubre todas las necesidades

Las instituciones académicas también han reclamado la aplicación íntegra del modelo de financiación universitaria aprobado en 2023, que consideran positivo para reforzar la autonomía de las universidades, pero que todavía no se estaría cumpliendo en su totalidad.

Uno de los elementos pendientes es la cláusula de salvaguarda. Para cumplirla en 2027, las universidades calculan que se necesitan 15 millones de euros adicionales. Sin embargo, esa cantidad aumenta hasta los 39 millones cuando se incorpora la actualización del capítulo II, correspondiente a los gastos de funcionamiento y suministros.

Según las universidades, esta actualización no se realiza desde 2023, pese a que el modelo de financiación contempla su revisión. La falta de actualización repercute en partidas necesarias para mantener servicios e instalaciones, como los suministros energéticos y otros contratos esenciales.

Además de estas cantidades, las universidades han solicitado que se pongan en marcha otras medidas para mejorar la estabilidad económica del sistema. Entre ellas figuran la aplicación del mecanismo de nivelación entre instituciones, un plan plurianual de inversiones en los campus, la eliminación de los intereses de los préstamos públicos y una compensación específica y transparente de las bonificaciones de matrícula.

La financiación para investigación cae casi un 20 %

Otro de los aspectos que preocupa a las universidades públicas andaluzas es la evolución de los recursos destinados a investigación. Según los datos expuestos en el Parlamento, esta financiación pasa de 158 a 127 millones de euros, lo que supone una reducción cercana al 20 %.

Las instituciones consideran que esta caída compromete la capacidad investigadora del sistema universitario y dificulta el desarrollo de proyectos científicos, la captación de talento y el mantenimiento de infraestructuras y equipos de investigación.

Por ello, reclaman que los presupuestos contemplen recursos suficientes no solo para sostener el funcionamiento ordinario de las universidades, sino también para garantizar su actividad investigadora y su contribución al desarrollo económico y social de Andalucía.

Cuatro compromisos para asegurar la financiación universitaria

En su comparecencia, las universidades públicas han planteado cuatro compromisos a la Administración andaluza para avanzar hacia una financiación estable.

El primero consiste en culminar el segundo reparto de los recursos correspondientes a 2026. También solicitan revisar la cota autorizada de personal, incorporar en los presupuestos de 2027 los fondos necesarios para garantizar la suficiencia financiera y acordar una hoja de ruta estable para abordar las bonificaciones de matrícula, los mecanismos de nivelación, las infraestructuras y la investigación.

Las universidades consideran que estos compromisos deben servir para evitar que las dificultades presupuestarias se repitan en los próximos ejercicios y para dar mayor previsibilidad a la planificación económica de cada institución.

Andalucía destina alrededor del 0,8 % del PIB a sus universidades

La reivindicación de financiación se enmarca también en el objetivo de inversión recogido en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que establece que el gasto público en universidades debe alcanzar al menos el 1 % del producto interior bruto (PIB).

Según los cálculos expuestos por las instituciones académicas, ese objetivo supondría para Andalucía una inversión de 2.274 millones de euros. Sin embargo, el presupuesto previsto para 2027 se sitúa en torno al 0,8 % del PIB.

Las universidades públicas defienden que alcanzar ese horizonte es fundamental para disponer de un sistema universitario sólido y sostenible, capaz de mantener la calidad de la enseñanza, impulsar la investigación y responder a los retos económicos y sociales de los próximos años.