Aunque la región colombiana del Chocó concentra una de las mayores reservas de agua dulce del mundo, el 62% de su población carece de una fuente segura de agua. Los ríos y ecosistemas en Colombia, Ecuador y Panamá sufren una alta tasa de contaminación por mercurio y petróleo, y sus cuencas hidrográficas están fuertemente afectadas por la deforestación y la falta de control estatal y regulación ambiental, lo que las ha llevado a comprometer tanto sus ecosistemas como el acceso a agua potable para cerca de 780.000 personas.
Desde el Darién panameño, pasando por el Pacífico colombiano hasta el norte costero de Ecuador, los helechos, palmeras y orquídeas permanecen mojados muchas horas después de la última lluvia. Este paisaje extremadamente húmedo une a los tres países bajo un mismo nombre: el Chocó biogeográfico, una región de 187.400 quilómetros cuadrados que alberga más de 9.000 especies de plantas y 2.000 de animales, y que con registros anuales de entre 6.000 y 13.000 mm –unas 3 a 7 veces más de lo que cae cada año en Medellín– figura entre las zonas más lluviosas del planeta.
Paradójicamente esta abundancia hídrica convive con algunos de los peores indicadores de acceso a agua potable: en Colombia el 62,5 % de la población del Chocó carece de una fuente segura de agua; en el Darién panameño la cifra ronda el 40 %, y en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas cerca de 500.000 personas quedaron sin el servicio por un derrame de 25.000 barriles de petróleo ocurrido en 2025 en el río del mismo nombre.
La investigación del ecólogo Jhon Charles Donato Rondón, profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), recogida en el libro Decálogo de impactos ambientales: Geografía de las transformaciones en sistemas acuáticos de Colombia, se apoya en la síntesis de estudios científicos, datos oficiales y casos documentados para analizar cómo la presión minera, los conflictos socioambientales, los derrames de hidrocarburos y la falta de gobernanza han deteriorado ecosistemas estratégicos incluso en regiones altamente biodiversas.
“En el Chocó biogeográfico nacen cerca de 250 ríos y existen unas 3.000 quebradas, lo que lo convierte en una gran estrella hídrica que debería tener protección especial. Sin embargo desde la Conquista estos paisajes han sido explotados, lo que ha llevado a la pérdida de más del 70 % de su vegetación”, señala el autor.
Colombia: ríos tóxicos
En el Pacífico colombiano los ríos Atrato y San Juan arrastran una carga tóxica de mercurio, plomo y cadmio asociada con la minería aurífera. Estos contaminantes llegan a las ciénagas, se acumulan en los peces y terminan en la dieta de las comunidades. En la parte alta y media del río San Juan las dragas vierten diariamente unas 4.400 toneladas de sólidos con concentraciones de mercurio hasta 100 veces superiores a las permitidas por la legislación nacional; el metal puede causar daños neurológicos y renales severos.
En el río Atrato, el bagre sapo y la doncella registran niveles de 2,01 y 0,95 partes por millón (ppm) de mercurio, lo que implica que una porción de 150 gramos de bagre sapo aporta unos 301 microgramos de mercurio, más del doble de la ingesta semanal tolerable para un adulto según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Estas afectaciones llevaron a que en 2016 el Atrato fuera reconocido como el primer río sujeto de derechos en Colombia. “Este enfoque parte de reconocer que los modos de vida de las comunidades están ligados a los ecosistemas, y que la gobernanza debe garantizar una participación equitativa del Estado y las comunidades en las decisiones sobre el río”, señala el politólogo Juan Diego Espinosa Pietro, magíster en Medio Ambiente y Desarrollo de la UNAL.
Tras la declaratoria, en 2023 se anunció una inversión superior a los 3.000 millones de pesos para recuperar 15.000 hectáreas en 20 municipios y beneficiar a unas 62.000 personas, pero aun así los problemas estructurales persisten. Según la Defensoría del Pueblo, las hectáreas degradadas por minería ilegal pasaron de 48.000 en 2016 a 108.800 en 2023.
Ríos negros y espesos en Ecuador
En el norte de Ecuador los ríos enfrentan una amenaza grave asociada con derrames de crudo provenientes de los oleoductos. El río Mira, que nace en el páramo ecuatoriano y desemboca en las costas de Tumaco, se ha convertido en un foco recurrente de conflictos socioambientales, con una contaminación agravada por ataques al Oleoducto Trasandino y la instalación de válvulas ilegales, hechos que llevaron a suspender sus operaciones en 2023.
En la cuenca del Mira, del lado ecuatoriano habitan comunidades afrodescendientes e indígenas awá. Solo el 31 % accede al agua por acueducto, frente a un promedio nacional del 84 %. Pese a las limitaciones económicas, estas poblaciones siguen dependiendo de los ríos y promueven alternativas como el turismo comunitario y la diversificación de cultivos, en resistencia a la minería y la explotación maderera.
“Los awá han desarrollado prácticas de intervención coherentes con la naturaleza, lo que ha sido uno de los principales factores de conservación de estos ecosistemas”, añade el investigador Espinosa.
Panamá y la presión sobre sus ríos
En Panamá, el río Tuira, el más caudaloso del país, nace en las tierras altas del Tapón del Darién y recorre 230 km hasta desembocar en el Pacífico. En su tramo alto, en límites con Colombia, la minería legal e ilegal constituye la principal amenaza, y en 2024 la operación “Elías 30” del Gobierno panameño identificó 15 estructuras clandestinas y 5 campamentos con maquinaria de extracción.
Aunque no existen cifras consolidadas, las autoridades asocian estas actividades con deforestación, erosión del suelo, acumulación de mercurio, pérdida de biodiversidad y afectaciones a ríos como el Chucunaque, fuente de abastecimiento para comunidades de la provincia de Darién y la comarca Emberá-Wounaan.
El Tuira también cumple un papel estratégico para la vida social y ambiental del territorio: es una vía clave de transporte entre localidades como El Real de Santa María y La Palma y el eje del Parque Nacional del Darién, Reserva de la Biosfera de la Unesco y la mayor área protegida de Centroamérica y el Caribe, en donde habitan especies en peligro como el mono araña y el oso caballo.
A este escenario se suma el impacto de la migración irregular. Según el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá, el tránsito de personas ha generado hasta 2.500 toneladas de desperdicios que terminan en ríos y mares. Habitantes emberá han alertado que ya no utilizan el río Esmeraldas para bañarse, ante el aumento de enfermedades cutáneas.
“La situación del Chocó biogeográfico obliga a replantear el enfoque. El agua es esencial para la vida, pero vemos cómo incluso fuera de nuestras fronteras está amenazada por actividades humanas, un escenario que se agrava con la crisis climática. En ese contexto, no se trata solo de impactos ambientales sino de posibles delitos ambientales frente a los cuales los Estados tiene la obligación de proteger, reparar e indemnizar los daños”, concluye el profesor Donato.
