Las viviendas ilegales, las parcelaciones irregulares y las construcciones levantadas en suelo protegido siguen siendo uno de los principales desafíos para la ordenación del territorio en Andalucía. Frente a la idea de que basta con asumir una sanción económica para regularizar una obra, la jefa del Área de Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Andalucía, M.ª Gema Macías, lanza un mensaje claro: esa percepción es falsa.
«Muchas personas dan por hecho que, como existen numerosas construcciones ilegales, se puede seguir edificando, pagar una multa y que todo quede resuelto. Ese es el mayor error. Hay que entender por qué existen esos límites y qué es lo que realmente protegen», afirma la responsable autonómica, que dirige el curso La disciplina territorial y urbanística en Andalucía, organizado por la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en su Sede Tecnológica de Málaga.
Las normas urbanísticas protegen mucho más que el paisaje
Para Macías, la disciplina urbanística no consiste únicamente en hacer cumplir la legislación, sino en preservar el interés general, la seguridad de las personas y el equilibrio ambiental.
«Tenemos que velar todos porque se cumpla la norma y, sobre todo, los valores que nos permiten vivir en un medio ambiente sostenible».
La inspectora insiste en que la protección del territorio no puede recaer exclusivamente sobre las administraciones públicas, sino que requiere también la implicación de la ciudadanía mediante el conocimiento y el respeto de la normativa urbanística.
Las inundaciones y los incendios evidencian los riesgos de construir donde no se debe
La responsable de la inspección urbanística considera que la percepción social está cambiando a medida que aumentan las consecuencias derivadas de ocupar espacios inadecuados.
«Estamos padeciendo consecuencias nefastas, especialmente en parcelaciones urbanísticas donde no sólo se compromete la legalidad, sino también la seguridad de las personas».
Según explica, episodios recientes como las inundaciones o los incendios forestales han puesto de manifiesto el riesgo que supone levantar edificaciones en zonas donde la normativa urbanística prohíbe este tipo de construcciones.
«Lamentablemente, las desgracias son las que más nos enseñan y las que nos hacen reflexionar sobre la importancia de respetar el territorio».
El interés general debe prevalecer sobre los intereses particulares
Macías recuerda que la aplicación de la legislación urbanística obliga a compatibilizar intereses muy diversos, desde propietarios y promotores hasta administraciones públicas o vecinos.
Sin embargo, sostiene que el criterio jurídico debe mantenerse inalterable.
«Quien aplica la ley no debe pensar en el interés particular de nadie, sino en el interés general. Ese es el principio que marca la Constitución y el que debe orientar cualquier actuación administrativa».
A su juicio, este principio resulta imprescindible para garantizar un desarrollo urbanístico sostenible, proteger el medio ambiente y reducir los riesgos asociados a un crecimiento desordenado del territorio.
La formación busca unificar criterios entre administraciones
Estas cuestiones centran el curso La disciplina territorial y urbanística en Andalucía, que reúne en la UNIA a juristas, arquitectos, técnicos municipales y especialistas en urbanismo con el objetivo de mejorar la aplicación de la normativa y reforzar la seguridad jurídica.
Para la directora del encuentro, conocer la legislación resulta esencial, pero también comprender el propósito que persigue.
«Conocer bien la norma proporciona muchas más herramientas para aplicarla con garantías y evita que existan criterios diferentes entre unos municipios y otros. Pero, además, hay que interiorizar su verdadero sentido para poder transmitirlo».
