Un estudio asegura que en zonas rurales de Colombia como Neiva, Ibagué y Medellín los pacientes tardan hasta 11 horas desde que son mordidos por una serpiente hasta que llegan a urgencias, pese a que lo indicado son dos horas como máximo. Esa demora puede significar la diferencia entre la vida, la muerte o la amputación de un brazo o una pierna. La mayoría de los casos se presentan en hombres dedicados a la agricultura.
Imagine la escena: un campesino recibe la mordedura de una serpiente venenosa, casi siempre una víbora pudridora (Bothrops asper). El dolor es inmediato, la pierna se inflama y la sangre deja de coagular. Sus vecinos lo trasladan en moto, canoa o camioneta hasta el hospital más cercano, en un viaje de horas por trochas y carreteras en mal estado. Al llegar a urgencias, el antídoto no se aplica de inmediato, y mientras tanto el veneno va avanzando por el cuerpo dañando tejidos y poniendo en riesgo la vida del afectado.
Esa realidad se evidenció en el primer estudio en Colombia sobre el uso de antivenenos en hospitales, liderado por la Universidad Nacional de Colombia (UNAL). La investigadora Nidia Marcela Orjuela Sánchez, magíster en Farmacología, analizó 94 casos entre 2021 y 2022 atendidos en Neiva, Ibagué y Medellín, ciudades con los mayores casos reportados. Encontró que en más de la mitad de las historias clínicas no aparece la hora exacta de aplicación del medicamento, y que la mayoría de los pacientes provenía de veredas.
El antiveneno es un medicamento capaz de neutralizar las toxinas de las serpientes. Para fabricarlo, esta sustancia se extrae de ejemplares vivos –por ejemplo de cascabel o coral– y se inyecta en dosis muy pequeñas en caballos u otros animales de gran tamaño. El organismo del animal produce anticuerpos contra esas toxinas, y luego, mediante procesos de laboratorio, su sangre se purifica para obtener el suero que se convierte en el fármaco. Este se aplica por vía intravenosa en los pacientes mordidos, bloqueando así la acción del veneno y evitando que el daño avance.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que cada hora de retraso reduce la efectividad del tratamiento y aumenta el riesgo de amputaciones, o incluso de la muerte. Aunque Colombia produce y compra suficientes antivenenos –tanto de laboratorios nacionales como importados– y hoy no hay desabastecimiento, en la práctica las dosis no siempre llegan a tiempo a quienes más las necesitan: campesinos, indígenas y comunidades rurales apartadas.
Uso de antivenenos y fallas en la atención hospitalaria
El estudio, de Fase IV (seguimiento de medicamentos ya en uso), mostró que en Colombia se usaron antivenenos de cuatro fabricantes: dos importados y dos nacionales. Esto contrasta con lo recomendado por la OMS, que le pide a cada país producir sueros a partir de serpientes de interés médico propias de la región.
La mayoría de los casos fueron causados por víboras como la pudridora, cuya mordida provoca inflamación, hemorragias y muerte de tejido. Para los agricultores, una mordedura de esta serpiente suele ocurrir de forma inesperada en plena jornada laboral.
“En muchos casos no se identificó la especie que causó la mordida, lo que dificulta elegir el antiveneno más adecuado”, explica la investigadora Orjuela. Aunque en Colombia los sueros son polivalentes, es decir que sirven contra varias especies, conocer el animal ayuda a prever complicaciones y ajustar la dosis.
Otro hallazgo preocupante es que, además de las demoras, los pacientes recibieron combinaciones de antibióticos, antiinflamatorios y analgésicos sin que en las historias clínicas quedara claro cómo ni en qué dosis se aplicaron. Esta falta de estandarización aumenta el riesgo de errores médicos y efectos adversos.
“También hubo casos en que los profesionales no esperaron a que el fármaco actuara y aplicaron más dosis, lo cual es peligroso y puede generar complicaciones”, añade.
Según el Instituto Nacional de Salud, cada año se registra en Colombia en promedio 4.500 casos de mordedura de serpiente, lo que equivale a 8 o 10 personas por cada 100.000 habitantes. Hoy no existen cifras claras sobre la distribución de antivenenos en los hospitales, aunque el Decreto 386 de 2018 obliga a las instituciones de salud a garantizar su disponibilidad.
Algunos pacientes presentaron reacciones adversas al antiveneno como fiebre, erupciones o dificultad para respirar, efectos que suelen controlarse en el hospital. A pesar de las demoras y complicaciones, un dato alentador es que en los 94 casos analizados no se registraron fallecimientos, es decir que todas las personas mordidas se recuperaron.
La investigadora concluye que Colombia necesita con urgencia un sistema nacional de farmacovigilancia para antivenenos, con registros detallados desde la mordida hasta la recuperación del paciente. Esto permitiría mejorar los protocolos clínicos e impulsar ensayos más avanzados que fortalezcan la respuesta frente a este problema de salud pública.
