El Bronx, en pleno centro de la ciudad de Nueva York, pasó de ser un símbolo de marginalidad a un emblema de transformación urbana. Sin embargo, detrás del ahora conocido como Bronx Distrito Creativo permanece una advertencia ignorada: la expulsión silenciosa de sus habitantes más vulnerables, especialmente personas en situación de calle que no fueron registradas ni atendidas por el Estado. Dicha situación problemática se replicaría en el suroccidente de la capital si no se toman urgentes medidas estructurales para evitarlo.
La invisibilización institucional de los habitantes de calle; la reducción de la política pública al enfoque asistencial y sanitario, y la ausencia de seguimiento o trazabilidad sobre las personas desplazadas se configuran como los patrones de exclusión que en 2016 formaron parte del escenario de intervención en la calle del Bronx, nombre adoptado por analogía con la zona marginal del mismo nombre en Nueva York, debido a su estigmatización y alta conflictividad social.
Por qué en algunos barrios de Santa Fe de Bogotá se pueden repetir los errores cometidos en el Bronx
“Aunque el Bronx Distrito Creativo se concibió como una apuesta urbanística por el arte, la economía naranja y el turismo, en su proceso de renovación urbana se omitió por completo a quienes hacen del espacio público el lugar para consumar su vida privada: los habitantes de calle”, afirma Andrea Inés Erazo Silva, magíster en Urbanismo de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL).
Según la experta, “tales acciones se repetirían en sectores como María Paz –en la localidad de Kennedy– en donde el 65 % de las viviendas, es decir cerca de 12.531 hogares, están cerca a expendios de droga según cifras del Concejo de Bogotá”.
Así mismo, la localidad de Santa Fe –en donde confluyen condiciones similares a las de la UPZ Corabastos (Unidades de Planeamiento Zonal), como la habitabilidad de calle, los hurtos y el consumo de sustancias psicoactivas– llegaría a padecer la realidad de la antigua calle del Bronx, salvo que se desarrolle una política estructural que lo impida.
Una ciudad que planifica sin contar a todos
Tales patrones fueron analizados a través de la revisión de documentos técnicos formulados entre 2016 y 2021 por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano (ERU), incluidos los planes de renovación urbana del Plan Parcial Voto Nacional – La Estanzuela (aprobado en 2015), y el Plan de Gestión Social del Bronx Distrito Creativo. Este último contempla acciones para mitigar impactos sobre recicladores, comerciantes informales y habitantes de calle, pero no garantiza su permanencia digna ni incorpora mecanismos reales de inclusión social, según se recoge en la investigación de la magíster, quien además realizó entrevistas y recorrió las zonas estudiadas.
En su análisis encontró que dicho Plan solo contempló censos y reubicaciones para propietarios, arrendatarios, subarrendatarios y usufructuarios con vínculo legal sobre los inmuebles, pero la población en condición de calle no fue censada ni considerada en ninguna etapa del proceso, lo que revela una omisión institucional estructural desde la planificación del proyecto.
En los últimos años los censos de habitantes de calle han sido intermitentes, desactualizados y sin control nacional. Entre 1997 y 2021 solo se realizaron 10, muchos de ellos sin rigor técnico ni seguimiento del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). La investigadora evidenció que esta debilidad censal dejó por fuera del diagnóstico poblacional a cientos de personas, lo cual imposibilitó una planificación urbana integral y reforzó su invisibilización.
“Esa omisión muestra un grave vacío: las políticas públicas no reconocen que estas personas existen en los territorios que se intervienen. Ante la falta de atención institucional, estas personas fueron desplazadas hacia zonas aledañas como Santa Fe, la Caracas o la calle sexta, en donde permanecen en mayor vulnerabilidad”, agrega el magíster.
“Lo ocurrido en el Bronx no fue un hecho aislado, sino parte de un patrón que se puede replicar en sectores como María Paz, Santa Fe o los alrededores de Corabastos, ya que estas zonas comparten condiciones similares: alta presencia de habitantes de calle, prostitución visible y migración forzada, y además se ubican en áreas donde operarían laborales de renovación urbana como el Metro de Santa Fe de Bogotá, o existen iniciativas en proceso de conformación para su recuperación y transformación urbana”.
“Cuando una zona se vuelve incómoda para la lógica comercial de la ciudad, se convierte en blanco de renovación. Pero si se repite el mismo enfoque del Bronx, el resultado será el mismo: desplazamiento y dispersión”, advierte el magíster.
Desplazamiento forzado urbano: la exclusión que nadie cuenta
La investigación denomina el fenómeno de desplazamiento forzado urbano como una violencia que no implica intervenciones físicas, pero sí una presión institucional y territorial que obliga a abandonar el lugar sin opción de permanencia. Junto a esto, cabe señalar que este tipo de desplazamiento no está reconocido jurídicamente en Colombia, y, a diferencia del desplazamiento forzado por el conflicto armado, no existe un enfoque estatal para prevenirlo ni reparar a quienes lo padecen.
“El habitante de calle no tiene derecho a la vivienda ni a decidir dónde vivir; el sistema estatal les ofrece salud o asistencia, pero no permanencia digna. De esta manera, si se repite el mismo enfoque del antiguo Bronx, el resultado será el mismo: desplazamiento y dispersión”, advierte la magíster.
La renovación urbana no solo omite a los más vulnerables, sino que además presenta una desconexión con los marcos normativos que deberían regir su implementación. Aunque en su versión más reciente el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá (Decreto 555 de 2021) promueve una ciudad sostenible, en la práctica “los proyectos priorizan la valorización económica del suelo por encima del bienestar social”.
“El POT le otorga una personalidad a la ciudad, pero en la ejecución esta se desvirtúa. Se prioriza la belleza urbana, el tránsito, la inversión. Lo social queda relegado. Además, la política pública actual para habitantes de calle se reduce a una oferta de salud y asistencia”, subraya.
Frente a este panorama, la investigadora propone adoptar un enfoque estructural inspirado en el modelo Housing First implementado en Finlandia para habitantes de calle. Este programa ofrece primero una vivienda estable, y desde allí apoya a las personas en sus procesos de rehabilitación, empleo y reintegración. “En Finlandia lograron una tasa del 80 % de reintegración social”, señala la investigadora.
Su propuesta no exige más recursos, sino una reorganización de prioridades en el uso de los ya existentes. Bogotá podría adaptar este enfoque mediante alianzas público-privadas, uso de inmuebles públicos y reorientación de los planes de renovación urbana, siempre que reconozcan la habitabilidad como un derecho.
