Artículo de Rafael Maldonado de Guevara Delgado. Profesor de Archivos de la Administración de Justicia en el Máster en Archivística de la Universidad Carlos III de Madrid.
El autor detalla la evolución de la propuesta de nacionalidad española reparativa para Puerto Rico, la cual, siguiendo el ejemplo de la Ley de Sefardíes de 2015, formula un acceso extraordinario a la ciudadanía para los descendientes de los puertorriqueños desnaturalizados por el Tratado de París de 1898.
La iniciativa ha transitado un primer marco académico, en donde destacan dos congresos universitarios internacionales: uno celebrado en Madrid en otoño de 2024 y otro albergado recientemente en Bayamón, Puerto Rico.
Tras ello, la involucración de la comunidad puertorriqueña de ascendencia canaria inaugura una segunda fase, la reclamación de la sociedad civil, que anuncia a futuro una tercera y definitiva: la tramitación y aprobación de una norma en el legislativo español.
El I Congreso Puerto Rico y España: de la Ley de Sefardíes a la propuesta de nacionalidad reparativa, organizado por el Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón (UPRB), del 14 al 17 de octubre de 2025, bajo la coordinación de la catedrática en Historia Nieve de los Ángeles Vázquez, ha supuesto la culminación de un ciclo para la causa de la ciudadanía reintegrativa borincana e inicia una nueva fase.
Así, la reunión de alrededor de 70 expertos de diferentes países y la publicación de las actas del encuentro en un futuro próximo sirven de colofón del periplo académico que se abrió en Madrid en octubre de 2024 con la presentación de la propuesta en el Congreso Internacional ‘La proyección de España en el mundo. Pasado, presente y futuro (siglos XV-XXI)’, organizado por las universidades madrileñas Rey Juan Carlos y Carlos III.
En términos resumidos, siguiendo el ejemplo sefardí de 2015, se trata de ofrecer un acceso extraordinario y limitado en el tiempo, por un plazo de tres años, para que los descendientes de los puertorriqueños injustamente desnaturalizados por el Tratado de París de 1898 puedan optar a la nacionalidad española, en régimen de doble ciudadanía. Todo ello mediante un procedimiento administrativo tasado en donde el solicitante debe demostrar que conoce la realidad social, cultural y constitucional de España, está libre de antecedentes penales y domina la lengua española en caso de no residir en un territorio de habla castellana.
A su vez, se propone una vía menos exigente en los requisitos -no en el plazo- para las personas con capacidad modificada, borinqueños de estirpe familiar ignota por causa de orfandad y aquellos que acrediten un especial desempeño en la conservación y fomento de las raíces hispánicas de Puerto Rico.
Sin duda, la propuesta seguirá recorriendo universidades y generando intercambio de ideas y debate académico; mas un congreso de las dimensiones del celebrado en la UPRB supone un formidable paso hacia adelante que preconfigura y alienta nuevos escenarios.
De tal modo, si la idea, tras su primera presentación en Madrid a través de una ponencia académica individual, se convirtió de inmediato en un debate social amplificado por los medios de comunicación y redes en línea; en esta ocasión, el Congreso de Bayamón ha facilitado incontinenti que el fenómeno académico y mediático se traslade a la sociedad civil y adquiera naturaleza de reclamo comunitario.
Esto se verificó durante el propio Congreso, cuando unas 500 personas, según estimaciones de la prensa local, acudieron a la conferencia magistral que tuve la ocasión de pronunciar el pasado 16 de octubre en el Teatro Braulio Castillo de Bayamón, bajo el título De la ley de sefardíes a la nacionalidad reparativa para Puerto Rico: memoria, justicia y fraternidad. La reacción de los presentes (“Entusiasmo por el pasaporte español”, tituló Itzel Rivera, periodista de El Nuevo Día, principal diario de la isla) desbordó con mucho la respuesta que uno pudiera esperar ante una mera propuesta académica, pues comunicó con la fibra interna de muchos de los congregados: “conectó con la identidad boricua”, en palabras de Rivera.
Este nuevo escenario de causa cívica, que preconizó el Braulio Castillo, cristalizó con inusitada rapidez cuando el 24 de octubre la Junta Directiva del Círculo de Amistad Canaria de Puerto Rico aprobó por unanimidad una resolución en la que se adhería a la propuesta y apelaba a las autoridades y la sociedad civil canarias para que promuevan la aprobación en las Cortes Generales de una ley de nacionalidad española reparativa y de reintegración jurídica personal y voluntaria. Tras ello, y ante la expectación mediática levantada, el presidente del Círculo, Wigberto Rivera Casañas, ha afirmado que están dispuestos a desplazarse a las Islas Canarias para reiterar el reclamo de apoyo de manera presencial.
La resolución de Círculo de Amistad Canaria de Puerto Rico resulta fundamental por varios motivos. En primer lugar, se constata que la propuesta de nacionalidad española reparativa para Puerto Rico se transmuta de debate académico con un sorprendente impacto mediático a demanda sostenida desde la sociedad civil boricua.
Además de ello, la moción resulta crucial por las dimensiones simbólica y numérica de la comunidad canaria. Así, se calcula que alrededor de un 40 por ciento de los borinqueños con ascendencia europea -la gran mayoría de la población- cuenta con antecedentes canarios. Amplia herencia genética que se muestra florida en los apellidos, el dialecto y la comida borinqueños, según demuestran las investigaciones del doctor Iván Torres de Hoyos, profesor de la Pontifica Universidad Católica de Puerto Rico, recinto de Ponce, quien disertó sobre el particular en Bayamón.
En tercer lugar, la resolución apela a los fuertes lazos familiares y a las especiales afinidades culturales -a pesar de 127 años de desconexión- entre Puerto Rico y Canarias. Sin duda, por todos estos vínculos y por la compartida condición archipelágica extraeuropea, los canarios son los españoles más proclives a empatizar y solidarizarse con el singularísimo caso puertorriqueño en su relación con España.
Además, es muy notable que el Círculo se dirija directamente a las instituciones y a los grupos políticos canarios, con base en los principios que informan el propio Estatuto de Autonomía, para que promuevan una ley de nacionalidad reparativa en Madrid. Aquí, cabe destacar que el nacionalismo canario tiende a cooperar con el Gobierno central, con independencia de los colores políticos, lo que sitúa a sus grupos parlamentarios en buena posición para negociar y transar nuevas leyes. Si una opción política de adscripción canaria hiciese suya la bandera de la reparación boricua, se allanaría el camino para convencer a los grandes partidos nacionales sobre la conveniencia y necesidad de una medida en tal sentido.
De tal modo, la involucración de la comunidad de ascendencia canaria en Puerto Rico inaugura una segunda fase, la reclamación de la sociedad civil, que anuncia a futuro una tercera y definitiva: la tramitación y aprobación de una norma en el legislativo español.
Entonces, ¿en qué momento nos encontramos?
A mi juicio, estamos en el inicio de una reclamación cívica que deberá sostenerse en el tiempo e ir ampliándose progresivamente. Otras entidades, instituciones y personajes de realce están en este momento planteándose secundar la nacionalidad reparativa siguiendo el ejemplo del Círculo canario, cada uno a su propio modo y manera. Habrá que estar atentos a las novedades que vayan sucediéndose.
De tal suerte, ahora debemos priorizar la dimensión social, siempre desde una perspectiva diversa, democrática e inclusiva. Demostrar ante el pueblo y las autoridades españoles que la propuesta no es un mero ejercicio teórico histórico-jurídico; sino que responde a los derechos históricos, legítimos sentimientos e identidad de un número apreciable de puertorriqueños, quienes merecen un trato ad hoc por parte del legislador español, como antes lo tuvieron otros colectivos y, singularmente, el sefardí.
Es más, este factor ya es objetivable a través de los miles de solicitudes de puertorriqueños para optar a la nacionalidad española al abrigo de la Ley de Memoria Democrática (LMD) de 2022 que han sido denegadas injustamente bajo el pretexto de que sus antepasados de 1898 no eran españoles de origen, cuando realmente eran nacionales de pleno derecho con voz y voto en el Congreso y el Senado. Estas denegaciones supusieron, en último término, el detonante inmediato de la propuesta de nacionalidad reparativa y prueban la demanda y necesidad social de la medida.
Nacionalidades reparativas o reintegrativas ya aprobadas por España
¿Qué podemos aventurar en cuanto a la tercera y definitiva fase, la legislativa? Aquí es importante aplicar una visión panorámica. Sin duda, se trata de una causa de satisfacción muy compleja, pero los antecedentes son esperanzadores. El Estado español ha aprobado hasta cinco normas durante los últimos años en cuanto a nacionalidades reparativas o reintegrativas destinadas a muy diversos escenarios históricos:
- Guerra civil, exilio, posguerra y mujeres desnaturalizadas a causa de matrimonio -ley llamada de memoria histórica de 2007, Real Decreto de 2008 sobre las Brigadas Internacionales y LMD de 2022.
- Ley de concesión de la nacionalidad a los sefardíes de 2015.
- Ley de 2011 de reconocimiento a las víctimas del terrorismo en cuanto a nacionalizar a las víctimas extranjeras -artículo 41-.
Por lo tanto, contamos con cinco antecedentes relevantes aprobados desde 2007, lo que supone una norma jurídica cada tres años y medio. Es más, en febrero de este año, en medio de una grave crisis parlamentaria que mantiene prorrogados los Presupuestos Generales del Estado desde 2023, el Congreso de los Diputados comenzó la tramitación de una nacionalidad restitutoria para los saharauis, quienes gozaron del Documento Nacional de Identidad español hasta 1976. La toma en consideración demostró que, incluso en momentos de bloqueo institucional, España sigue teniendo una especial altura moral en cuanto a la nacionalidad reparativa. Por cierto, con 195 votos favorables distribuidos desde la izquierda alternativa de Sumar hasta el centroderecha del Partido Popular.
Por lo tanto, nos encontramos en un momento histórico singular: acaba de cerrarse -22 de octubre de 2025-, el plazo de solicitud de nacionalizaciones en virtud de la LMD; al tiempo que en febrero pasado se empezó a tramitar la restitutoria para los saharauis. En este escenario, ¿dónde quedan los puertorriqueños?
¿Dónde quedan los puertoriqueños?
A mi entender, estamos en un momento propicio para concienciar sobre la legítima pretensión puertorriqueña, para lo cual resulta determinante el activismo boricua, siguiendo la brecha abierta por el Círculo de Amistad Canaria. Todo ello deberá ir vehiculándose a través de herramientas de participación, algunas de las cuales ya están en proceso, aunque sea embrionario.
Mientras tanto, la administración española tiene la difícil tarea de resolver los cientos de miles de expedientes pendientes de la LMD. A la par, estemos muy atentos a la evolución de la tramitación saharaui: si felizmente resulta aprobada su ley, gritaremos que le toca el turno a Puerto Rico; si la causa del Sahara queda encallada, habrá que situar al boricua como la nueva prioridad.
Realmente, si contemplamos en perspectiva la historia de España, una vez subsanadas, en la medida de lo posible, las consecuencias de la Guerra Civil y sus derivadas -leyes de 2007 y 2022- no encontraremos un quebranto histórico, jurídico y moral más palmario y digno de resarcimiento que la desnaturalización masiva, forzosa y arbitraria de cerca de un millón de nacionales españoles de Puerto Rico a consecuencia de meras causas exógenas: la intervención militar de los Estados Unidos y la imposición del indecoroso Tratado de París en 1898. El único pueblo hispanoamericano que se desligó de la soberanía española sin que concurriese una amplia rebelión previa, sino por una invasión extranjera.
Quedando muy pendientes del itinerario saharaui, ora avance, acaso se estanque, debemos adaptarnos a las circunstancias, movilizarnos e insistir en que los borincanos deben ser y serán los siguientes. ¡Ha llegado la hora de Puerto Rico!
