Artículo de José Herrera Plaza. Investigador y autor del documental «Operación Flecha Rota» sobre el accidente nuclear de Palomares en 1966
La finalidad de la presente investigación consiste en la exposición del contexto geopolítico que favoreció el accidente de Palomares (Almería) y cómo sus consecuencias se cerraron en falso, lo que propició la paradoja de una historia abierta, inconclusa, pendiente de una descontaminación efectiva. Su enquistamiento diplomático como viejo contencioso propició el uso futuro como instrumento político de cara a las relaciones bilaterales y la opinión pública
Aquí se muestra la génesis y consolidación de tal concepción, a través de la donación de una desaladora con costes inasumibles de producción, como un supuesto reconocimiento de gratitud a las poblaciones afectadas. Se detalla también el fiasco total por ambos países en la ejecución y puesta en marcha de la desaladora, cuando ya habían surgido los efectos oportunos y carecía del valor gestual o político. Para ello ha sido indispensable la previa desclasificación de algunas fuentes documentales de los eua, así como del incremento de la historiografía relacionada, complementadas con fuentes hemerográficas e historia oral.
Se parte de la exposición y análisis del contexto geopolítico que favoreció el accidente nuclear de Palomares (Almería; 1966) y cómo las consecuencias se cerraron en falso. Su enquistamiento diplomático como viejo contencioso propició el uso futuro como instrumento de cara a la ciudadanía y las relaciones bilaterales.
La génesis y consolidación de tal concepción es mostrada con la donación de una desaladora inviable, cuando existía malestar en las autoridades y opinión pública española por las presuntas arbitrariedades en el pago de reclamaciones y el simulacro de descontaminación. Para eludir una posición negociadora desigual en la renovación del convenio defensivo, el anuncio del regalo estadounidense fue sincronizado con el inicio de las rondas bilaterales.
Se focaliza en su naturaleza como puro gesto hacia el gobierno y opinión pública española, contrapeso para hacedores y consentidores de acciones pretéritas inconfesables. El fiasco total por ambos países en la ejecución y puesta en marcha de la desaladora, cinco años después, coincide cuando ya carecía de valor gestual o político y habían surgido los efectos esperados. Para ello ha sido indispensable la desclasificación de algunas fuentes documentales, así como del incremento de la historiografía relacionada, complementadas con fuentes hemerográficas y orales.
La Guerra Fría condicionó de manera profunda no solo a las dos naciones que luchaban por la hegemonía mundial, también a los aliados de cada bando. A partir de 1947, en Estados Unidos (eua) y parte de Europa se generó una progresiva sustitución del antifascismo por el anticomunismo como principal enemigo a combatir (Pereira 1989: 92). El recrudecimiento de la tensión y la privilegiada situación geoestratégica de la península ibérica, facilitaron la progresiva aproximación de los eua a España, hasta 1953 con la firma de los Pactos de Madrid (Viñas 2003: 159-208). Estos se hicieron públicos, pero solo en parte. El resto fue silenciado a la la opinión pública de ambas naciones.
Uno de los documentos secretos era un acuerdo técnico. En él se autorizaba la libre circulación, atraque, aterrizaje o despegue en territorio nacional y aguas jurisdiccionales a todo vehículo militar terrestre o marino estadounidense, sin límite del tipo de armamento (Viñas 1981: 212-215). Ello supuso el súbito incremento de los riesgos asociados a la ruptura de la neutralidad, agravada por el almacenaje y el continuo trasiego aéreo de armamento nuclear.
¿Fueron conscientes las autoridades españolas cuando firmaron los Pactos, de la nuclearización armamentística del país y de los elevados riesgos que comportaba? Existen distintas fuentes que evidencian la consciencia del Gobierno español de lo que conllevaban aquellos acuerdos: el establecimiento de arsenales atómicos, un incesante tránsito de bombas nucleares y la inmediata conversión de las bases en objetivos prioritarios para la URSS.
A los dos meses de la firma de los Pactos en EUA se destapó lo más sensible y reservado de las verdaderas intenciones del acercamiento a España. Un desliz a la prensa del secretario de las Fuerzas Aéreas norteamericanas, Harold Talbott, evidenció el futuro establecimiento de armamento nuclear en las futuras bases de uso conjunto (Las declaraciones habían aparecido días antes en el diario Times Picayune. Archivo General de la Administración (aga), id. (10)26.02, caja 54/12574, telegrama cifrado de Eduardo Propper de Callejón al ministro de Asuntos Exteriores n.o 229 (27) 3 de noviembre de 1953.
Aquello generó controversia en los EUA y alarma en las autoridades españolas. Nada más aparecer en los diarios, el encargado de negocios de la Embajada de Washington, informó al ministro de Exteriores: «Declaraciones Secretario Aire sobre bombas atómicas en España desmentidas por Secretario Estado, Secretario Defensa y rectificadas por interesado, han hecho gran repercusión política aquí» (aga, id. (10)26.02, caja 54/12574, telegrama cifrado de Eduardo Propper. De inmediato se adoptaron eficaces directrices para que no llegara a la opinión pública española).
En los archivos personales de Franco apareció un informe sobre la reunión secreta mantenida en febrero de 1958 con altos cargos militares del Pentágono en el Ministerio del Aire. Los militares españoles deseaban recibir información sobre qué tipo de riesgos corría España con respecto a la urss (Moreno 2026: 41-55). Aunque EUA había insinuado a sus aliados la protección mediante su paraguas nuclear, los españoles posiblemente sospechaban que era «una sombrilla de papel», tal como la definió años más tarde el futuro general de división, Guillermo Velarde (1977: 9). La estrategia militar asigna el más alto orden de prelación para destruir enclaves enemigos a silos y bases con armamento nuclear, por ello se les denomina: objetivos de primer orden o de primera oleada. En caso de ataque, este sería sorpresivo, con un tiempo de reacción inferior a una hora (Rhodes 2007: 84).
La consciencia de los militares españoles resultaba oportuna. Aquella reunión se celebró pocos meses antes de iniciarse la «Operación Réflex» en Torrejón, Zaragoza y Morón, donde escuadrones de bombarderos estratégicos B-47, con armamento nuclear y salidas diarias, serían asignados para mantener una continua alerta aérea. Para ello se crearon arsenales nucleares operativos en las tres bases. El 30 de junio de 1958 las bombas de gravedad almacenadas en Torrejón y Zaragoza eran la MK 6, de fisión, con una potencia de 160 kilotones (11 veces la de Hiroshima) y la poderosa bomba de hidrógeno MK 36, de casi ocho toneladas de peso y seis megatones, que equivalen a más de 400 veces Hiroshima (History 1958: 90). Después se añadirían otros cuatro tipos, como misiles antisubmarinos, antibuques, aire… (Moreno 2026: 115-117). Al final se almacenaron más de doscientas unidades.
Las tripulaciones en alerta tenían una dura vida. Pasaban encerrados catorce días en unos habitáculos subterráneos que ellos llamaban «el agujero del topo», junto a las plataformas de estacionamiento de las aeronaves preparadas para su inmediato uso. En caso de alerta, les era posible despegar en menos de quince minutos (Para tan rápida disposición se hallaban obligados a dormir vestidos con los monos de vuelo y las botas puestas. Entrevista del autor al navegador por radar del B-52 siniestrado en Palomares, Ivens Buchanam (Rockville, Maryland, 21 de octubre de 2003).
La «Operación Réflex» había nacido en 1957. Se había reforzado gracias al lanzamiento por parte de la URSS, en agosto de ese mismo año, del primer misil intercontinental SS-6 de 3 a 5 megatones de potencia y 9000 km de alcance. Este hito mostró que la supuesta superioridad nuclear norteamericana se resentía con tal avance (Winkler 1997: 37). La preocupación se incrementó dos meses más tarde con el éxito del Sputnik, impulsado con el mismo cohete del SS-6 y que logró poner al primer satélite en órbita. La noticia impactó con fuerza en la opinión pública norteamericana e hizo pensar en una superioridad de los misiles intercontinentales (Icbm) de la URSS.
La sensación de vulnerabilidad jamás fue tan patente en los EUA (Moran 2009: 21). Por eso aquello supuso un revulsivo que impulsó la carrera armamentística, además de iniciarse la carrera del espacio, pero donde se enfatizó fue en incrementar la operatividad y reducir la vulnerabilidad de las fuerzas estratégicas (Shake 1998: 202-207). Se desarrolló de forma paralela el sistema ofensivo, defensivo y disuasorio con la tríada nuclear, constituida por los misiles balísticos intercontinentales (Icbm), los transportados por submarinos y la alerta aérea permanente del Mando Aéreo Estratégico (sac).
La finalidad de la presente investigación consiste en la exposición del contexto geopolítico que favoreció el accidente de Palomares (Almería) y cómo sus consecuencias se cerraron en falso, lo que propició la paradoja de una historia abierta, inconclusa, pendiente de una descontaminación efectiva. Su enquistamiento diplomático como viejo contencioso propició el uso futuro como instrumento político de cara a las relaciones bilaterales y la opinión pública.
Aquí se muestra la génesis y consolidación de tal concepción, a través de la donación de una desaladora con costes inasumibles de producción, como un supuesto reconocimiento de gratitud a las poblaciones afectadas. Se detalla también el fiasco total por ambos países en la ejecución y puesta en marcha de la desaladora, cuando ya habían surgido los efectos oportunos y carecía del valor gestual o político. Para ello ha sido indispensable la previa desclasificación de algunas fuentes documentales de los eua, así como del incremento de la historiografía relacionada, complementadas con fuentes hemerográficas e historia oral.
Las consecuencias: el accidente nuclear de Palomares
La «Operación Réflex» fue clausurada en las bases de España entre 1964 y 1965. Desde enero de 1961 había comenzado la Operación Chrome Dome (Carazo 2020: 12). De forma progresiva fue solapándose a la Réflex con los superbombarderos B-52 (Butler 2004: 2). Estos doblaban la autonomía de los B-47 y su radio de ataque (ida y regreso sin repostar) alcanzaba los 6700 kilómetros. Además ya no precisaban salir de las bases avanzadas en otros países, por lo que resultaban menos vulnerables.
La Operación Chrome Dome tenía tres rutas que intentaban cercar el vasto territorio de la urss. La Ruta Sur entraba y salía por España y se dirigía hacia el Mediterráneo. En la mayoría de la documentación relacionada se señala la frontera turco-soviética o el Mar Adriático como destino, pero en realidad solo se aproximaba a un punto intermedio entre Córcega y Sicilia (ver Mapa 2 arriba). Una muestra más de que el fanfarroneo y la exageración formaban parte de la estrategia de la disuasión.
Como podemos observar en el Mapa 1, todos los repostajes (rectángulos en negro) se realizaban en territorio estadounidense, excepto los de España, que era el único país que los permitía. En 1965 los EUA contaban con 584 bombarderos B-52. De ellos, entre doce y veinticuatro unidades se hallaban volando, cargados cada uno con cuatro bombas termonucleares, durante las veinticuatro horas del día, los 365 días del año 4. Su cometido era que siempre hubiesen bombarderos rodeando la URSS con capacidad de respuesta y penetración en territorio enemigo de una a dos horas. Del total de aeronaves, 326 estaban en alerta permanente, con los depósitos llenos y armamento nuclear, prestos para despegar en un máximo de 15-17’ desde que sonara la alerta (Moreno 2016: 35).
En aquellos años la carrera armamentística no hacía más que acelerarse. El número de objetivos enemigos estaba realizado por el Equipo de la Junta de Estado Mayor de Planificación de Objetivos Estratégicos (JSTPS). El conjunto se registraba en un único documento denominado Single Integrated Operational Plan (sIoP). Durante la vigencia del sIoP 64 los eua disponían de un sobredimensionado arsenal de 5 065 cabezas nucleares para 1 666 objetivos (más de tres bombas por objetivo) y su número no dejó de crecer en los siguientes años5.
La ruta sur tuvo una frecuencia de hasta seis B-52 diarios durante 940 días y cuatro a lo largo de 591 días (Oskins, Taschner 2014: 46-47). Estaban integradas por dos bombarderos con cuatro bombas de hidrógeno por aeronave. Si asumimos que cada aeronave transportaba cuatro bombas termonucleares, desde su implementación el 6 de noviembre de 1961 hasta el 21 de enero de 1966, cuatro días después del accidente de Palomares, habían volado por España a la ida y vuelta 21 624 B-52, con un tránsito total de 83.256 bombas. Se habían realizado 30.582 repostajes en vuelo sobre territorio español; alrededor de dos tercios de ellos de noche. Todo ello sin contar los cinco años (1958-63) que estuvieron los B-47 cargados con bombas nucleares saliendo diariamente de las tres bases españolas.
Un día, parte de los diversos e intangibles peligros del acuerdo defensivo se tornaron realidad. Fue el 17 de enero de 1966 en la maniobra de reabastecimiento sobre los cielos de Palomares (Cuevas del Alamanzora, Almería). Un B-52 colisionó con su cisterna KC-135. Aunque el SAC proclamaba la seguridad de tal maniobra, jamás era autorizada sobre el mar. Cuando el B-52 caía en picado barrena, se desprendieron las cuatro bombas de hidrógeno que portaban. Se trataban de las MK- 28FI, de 1,1 megatones.
Para imaginar la magnitud de tal cifra, cada una poseía una potencia de destrucción 68 veces mayor que la de Hiroshima. Tampoco estaban desarmadas, como se proclamó cuando a los tres días del accidente se destapó la implicación de armamento nuclear. Se hallaban preparadas para su uso inmediato. Solo había que activar en su interruptor eléctrico la posición de Safe a Ready (Herrera 2015: 146-150).
Tres de ellas cayeron en tierra y una en el mar. De esas tres, dos impactaron en tierra sin paracaídas y deflagraron parte de su explosivo convencional, generando dos grandes aerosoles de plutonio y uranio que los fuertes vientos se encargaron de diseminar por más de seiscientas hectáreas (Herrera 2023: 265). En los primeros días el plutonio alcanzó internamente los pulmones a un mínimo de ochenta vecinos y guardias civiles (Szulc 1968: 153). (Otero Navascués, José M.a, Solicitud al Fondo Nacional de Investigación Científica de una subvención de cinco millones de pesetas para el edificio para el Contador de cuerpo entero, 29 de enero de 1966, aga, id. (13)004.015, caja 75/24083).
Las rebajas radiológicas y el Proyecto Indalo.
Desde el punto de vista legal, ambos gobiernos habían firmado el Acuerdo confidencial del 17 de julio de 1964 cuando iban a llegar los submarinos nucleares a Rota. En el párrafo tercero se especificaba que cualquier daño originado por ellos en un accidente nuclear: «será resuelto rápidamente a través de la vía diplomática de acuerdo con los procedimientos usuales aplicados al arreglo de reclamaciones internacionales conforme a los principios de derecho y equidad generalmente aceptados y reconociendo la ley española sobre energía nuclear» (aga (13)004.015, caja 82/21126, Dirección General Relaciones con los eua, Ministerio Asuntos Exteriores (mae), Nota para el Señor Ministro sobre eventual discusión en Consejo de Ministros de la seguridad o indemnización en caso de accidente nuclear producido por las fuerzas armadas de los ee.uu., 24 de enero de 1966). Ahora quedaba su cumplimiento.
De la gratitud norteamericana en palabras, de sus halagos y loas a la población, de las promesas de los primeros días, se pasó al campo de batalla en que se convirtió Palomares, unas semanas más tarde, por los criterios de descontaminación entre miembros de la US Air Force (USAF) y el Dr. Wright Langham, frente al Dr. Eduardo Ramos, de la Junta de Energía Nuclear (jen). Ellos pretendían dejar el máximo plutonio sin recoger. El Dr. Langham por procurar un escenario con alta concentración de isótopos para estudiar su incorporación y dinámica interna en los vecinos (Herrera 2022a: 229-239). Puesto que el Dr. Ramos no cedía de una línea roja que consideraba segura, los norteamericanos utilizaron la vieja estrategia del divide et impera, que tan buenos resultados les había reportado en las negociaciones con los españoles en 1963 (Viñas 2003: 94). Se dirigieron al Alto Estado Mayor y convencieron al vicepresidente Agustín Muñoz Grandes de retirar tierras por encima de 60.000 desintegraciones por minuto (dpm). Mediante una prueba previa, acordaron para el resto de superficies con lecturas significativas la técnica del arado (Miller 1985: 14-15)8. Así fue rubricado por escrito de manera oficial el 27 de febrero de 1966.
Pero lo peor fue que no se respetaron los ya claudicantes acuerdos de descontaminación. Para ello intercedió el Dr. Langham como consultor en su empeño de adecuar el mejor escenario para un laboratorio vivo, ayudado por el pasivo rol de la dictadura. La mayoría del inventario radiológico quedó sin retirar, con solo la intervención de labrar para enterrar el contaminante. Así, el arado a 30 centímetros se convirtió en la principal medida de «descontaminación» (Herrera 2022a: 228-252).
Las autoridades españolas y de la USAF iban tejiendo la historia oficial, primero negando la contaminación, con Fraga afirmando: «Puedo asegurar rotundamente que no hay en la tierra ni en el mar ningún peligro de contaminación» (Álvarez 2002: 123). Después, distintas proclamas por ambas partes de que Palomares se había quedado igual que antes del accidente. Por primera y última vez el Dr. Ramos e Iranzo reconocieron en un congreso fuera de España, que lo que recogieron no fueron tierras superiores a 60.000 como se comprometieron, sino >200.000 DPM. Las restantes fueron aradas (Ramos e Iranzo 1966: 10).
Años después la JEN publicaría solo las superficies y niveles minusvalorados reconocidos de manera oficial (Herrera 2022a: 237). Un ejemplo arquetípico aparece en el informe presentado por el Consejo de Seguridad Nuclear (csn) al Congreso y Senado en 1985, con los datos aportados por la jen. En él aparecen todas las superficies y niveles radiológicos rebajados, así como el mapa radiométrico con las isolíneas minusvaloradas diez veces (Consejo de Seguridad Nuclear, Informe preliminar sobre la situación actual de la zona de Palomares (Almería) afectada por el accidente nuclear del 16 de enero de 1966, Madrid, octubre 1985, Fondo Jordi Bigues, uab, tomado de: https://ddd.uab.cat/pub/palomares/1985/PaLo_0012_InformePre- liminarcsn_11oct1985.pdf [Consulta 14/08/2025]).
Dos años más tarde, cuando tuvieron un escape de plutonio en Rocky Flats (Colorado), la cifra máxima que estableció Langham y demás colegas para su territorio y sus ciudadanos, a pesar de que era una fábrica y allí nadie residía, fue de solo 200 DPM, un valor 1.000 veces inferior a lo «aceptable» para Palomares (Chanin y Murfin 1996: B1).
La actividad del arado instigada por Langham no era en realidad un método de descontaminación sino de ocultación del Pu a 30 centímetros de profundidad. Las superficies así tratadas parecían libres de Pu, pues al pasarles el monitor marcaban cifras muy bajas o cero, ya que la radiación alfa del Pu en el aire apenas alcanzaba los cuatro centímetros y no atravesaba una hoja de papel (Voelz 2000: 76-78).
Aquello suponía una auténtica bomba de relojería, ya que al volver a arar esos terrenos agrícolas para prepararlos se aseguraba la resuspensión en el aire del plutonio y uranio, como así ocurrió en los años 67-69, donde los isótopos alcanzaron récords en el aire que superaron los máximos recomendados, pudiendo contaminar a un número indeterminado de lugareños (Iranzo y Salvador 1984: 13), (Iranzo, Salvador e Iranzo 1986: 457).
Con el escenario garantizado, el 25/02/1966 se firmó en la JEN de manera reservada el Acuerdo Hall-Otero. Se trataba de un plan de experimentación con humanos a largo plazo, con denominación en clave: «Proyecto Indalo». En el punto primero del Anexo expresaba con claridad su prioridad: «Recopilación de información sobre la absorción y retención de plutonio y uranio en un nmero representativo de población potencialmente expuesto a la inhalación de aerosol de óxido de plutonio». (Sánchez y Herrera 2003: 130). Este plan duraría 46 años (1966-2009). Los vecinos quedarían expuestos al plutonio y uranio durante cuatro décadas. A partir de 1975, tras la muerte de dos jóvenes por leucemia, se implanta una supervisión médica continua, con el desplazamiento a Madrid de un grupo de 100 a 150 vecinos. Las primeras medidas de radioprotección reales para reducir el riesgo radiológico se dictan en 2001 con el establecimiento de unos criterios de restricción basados en una dosis efectiva anual inferior a 1 miliSiervert en: Ramos, Lucila et al.: Situación radiológica de Palomares. Propuesta de actuación, csn, 14/12/2001, Archivos csn, referencia: csn/tge/sra/0112/1520. Su implementación se iniciaría en 2006, tras cuatro décadas de exposición, al restringir el acceso, tránsito y uso mediante vallado de 40 hectáreas (Sancho, Lanzas y Correa 2013: 22-24).
Con la aquiescencia y firma por parte de España, se condenaba a Palomares y Villaricos a quedar expuestos en un entorno contaminado, como sujetos de experimentación humana sin garantía bioética alguna (Herrera 2015: 234-239).
Junto al incumplimiento sistemático, se urdió un plan de minusvaloración de cualquier parámetro o tema relacionado con las consecuencias: el mapa radiométrico e isolíneas radiométricas, superficies afectadas, rechazos de análisis positivos, negación de análisis de aire con plutonio, conversión de magnitudes y ocultación de áreas contaminadas (Sierra Almagrera). De forma simultánea, se daba máxima difusión a cualquier medida reparadora, ampliando su naturaleza y alcance. Un ejemplo arquetípico de ello fue el publicitado envío de 1.000 metros cúbicos de tierras y cultivos contaminados desde la playa de Palomares para ser enterrados en un cementerio nuclear de los EUA, mientras a no mucha distancia, se estaban sepultando cuatro veces más en dos fosas (Moreno 2016: 321-325).
Con una sagaz combinación de sesgos, falacias y otras técnicas de la desinformación, se urdió una historia oficial ficcionada, antagónica con la realidad, a medida de los intereses de los dos países implicados (Herrera 2022a: 228). Para sus habitantes, fue una versión generadora de ignorancia sobre su entorno cotidiano y riesgos. Un discurso dominante que ha pervivido durante más de medio siglo. Basado en lo que algún estudioso ha denominado: «ignorancia selectiva», donde solo se libera y distribuye una parte de la información bajo un control dominante (Elliot 2015: 165-173).
Todo ello se ejecutó de manera impasible, sin reparar en lealtades, a pesar de que la actitud de España fue la de máxima colaboración con la USAF. La disposición logística de toda la infraestructura militar española fue inmediata. La base aérea de San Javier se mantuvo alerta veinticuatro horas en todo el operativo. En solo las dos primeras semanas se generaron 208 operaciones con algunas aeronaves pesadas que dañaron las instalaciones. También se dispusieron más de 88 vehículos ligeros, autobuses, camiones y conductores como ayuda en su traslado a Palomares (Herrera 2023: 241-266).
De cara al futuro, los norteamericanos quisieron cubrirse las espaldas ante futuras reclamaciones. Así que a la hora de la tramitación de las indemnizaciones, la Oficina de Reclamaciones de la USAF no tuvo reparo en intentar hacerles firmar a los reclamantes la cláusula número once, que establecía un plazo máximo de solo dos años para daños ulteriores, como si fuese un accidente de circulación (ahea, exp. N1102-4, telegrama cifrado del Estado Mayor del Aire (ema) al general Montel de 10/02/1966. ahea, exp. N1102-4, telegrama cifrado del ema al Secretario General del Ministerio del Aire, 16/02/1966). El propio Dr. Langham había publicado años antes: «Cabe esperar un retraso de entre doce y treinta años entre el momento de la exposición y la aparición de los síntomas de los daños crónicos por radiación» (Langham 1964: 566).
En las palabras de gratitud del país causante no hubo miseria al principio, más bien generoso derroche. No así con las cuestiones pecuniarias, como el coste de recogida de la tierra radiactiva o las indemnizaciones. Aunque la mayoría de estas últimas fueron pagadas en los primeros ocho meses, otras tardaron hasta siete años en ser liquidadas, cuando había cesado el foco mediático sobre la pedanía. De lo reclamado solo abonó el 9 % del total; lo demás fue desestimado (Place, Cobb y Defferding 1975: 181).
Según denunciaron de forma pública 267 vecinos en una carta a Franco pidiendo amparo, el resto se gestionó sin apremio y al arbitrio de la USAF: «en casi todos los casos recibimos la desagradable sorpresa de vernos ofrecer cantidades muy inferiores a la señalada por nosotros, sin más argumento que el capricho de los encargados de dicha Oficina» (Archivo Ducal Fundación Medina Sidonia (adfms), legajo 58, cartas a Francisco Franco Baha- monde de 20/12/1966 y 02/01/1968 firmadas por 267 y 320 vecinos). Como aquella petición resultó vana, volvieron a redactar otra al mismo destinatario, pero esta vez firmada por 320 vecinos, con idéntico resultado. Esto también fue denunciado por la duquesa de Medina Sidonia, que definió aquello como: «Daño inmediato. Pago diferido» (Álvarez, 2002: 153).
A lo anterior se le sumó el agotamiento de los acuíferos que les dejó la USAF, con la «Operación sin polvo» mantenida hasta su partida. Esta consistía en regar las áreas contaminadas para evitar la resuspensión de los contaminantes. Diariamente, con la ayuda de dieciséis camiones distribuidores de agua y once camiones depósito, se alcanzaban humedecer solo 110 hectáreas (ahea, exp. 2 717-02, xvI U. S. aIr force, Plot identification site plan operation recovery map. Water limit “0” line; plow line, 11/02/19662.). Para ello se extraía de los pozos aledaños 378,5 m3 de agua diarios (Place, Cobb y Defferding 1975: 63-65). Los niveles freáticos de aquella zona ya sufrían de una alta salinidad. Este desmesurado consumo fue la causa primera y decisiva del inmediato colapso y agotamiento de los acuíferos (Así opinaban en la jen, por lo que fue transmitido a sus homólogos norteamericanos. En Chester. R. Richmond, Trip Report on Foreing Travel To Spain (23/02 a 04/1974), p. 8, Department of Energy (DoE), carta de Richmond a M. L. Minthorn de 13/08/1974).
El resultado de la extracción masiva elevó la intrusión marina. De una salinidad algo superior a los 3 g/l se pasó a más de 15; casi la mitad del Mediterráneo, lo que generó la incompatibilidad con la mayoría de los cultivos, su abandono parcial e incremento de la emigración15. Al tener una de las rentas per cápita más bajas, la emigración estaba despoblando Almería desde hacía décadas. En los 60 el saldo migratorio en la provincia alcanzó un balance negativo de casi 45 000 personas, el 12 % de la población. A partir de los 80, la situación se fue invirtiendo con llegadas continuas de inmigrantes, atraídos por el gran desarrollo de la agricultura intensiva (Aznar y Sánchez 2000: 98-99).
Semanas más tarde del accidente, tornó a resurgir la plena consciencia de las bases como objetivos nucleares (Herrera 2022b: 223). Además de incrementar la presencia militar en la jen, el entonces el ministro del Aire solicitó un informe sobre la evaluación de daños ante un hipotético ataque nuclear soviético a la base de Torrejón, elaborado y redactado por el director técnico del «Proyecto Islero», Guillermo Velarde y el teniente coronel Alfonso Armada (Velarde y Armada 1966). En otro estudio de 1971 se amplió a los demás objetivos potenciales, como centros industriales y núcleos de población (Velarde 1971).
La Inversión en una desaladora
La deficiente gestión del país causante en la descontaminación y el pago de las indemnizaciones, generó malestar en la población y en las altas esferas del Gobierno español, algo de lo que fueron conscientes los norteamericanos. La censura había permitido la publicación en agencias y algunos medios nacionales la insatisfacción de la población afectada (Place, Cobb y Defferding 1975: 177 y 180).
Cada vez que los afectados demandaban en los medios las prometidas compensaciones, aparecían en los EUA oportunas noticias de contrapeso, donde se insinuaba la codicia de los afectados: «Palomares quiere más $$», tituló un diario de Boston. Provenía de un despacho de Asociated Press, que con probabilidad difundirían otras cabeceras ondos mae, aga, id. (13)000.12, legajo R-12045, «Palomares Want More $$», The Boston Evening Traveler, 29/07/1966.).
The Washington Post marcaba el tono desde el inicio: «Malos tiempos achacados a las bombas H de Palomares», no exento de sarcasmo y displicencia: «La pobre aldea en el Mediterráneo ha albergado en su tiempo a fenicios, romanos, cartagineses y moros. Pero no está segura de sobrevivir a los estadounidenses y sus bombas de hidrógeno» (Toth, Robert: «Bad Times Blamed on Palomares’ H-Bombs», The Washington Post, 09/02/1969, Fondos mae, aga, id. (13)000.12, legajo R-12045).
El accidente y su posterior gestión habían contribuido a enfriar las relaciones de ambos países. Pocos meses después España comunicó en dos ocasiones al Departamento de Estado (DoS) que la inhibición norteamericana sobre el litigio de Gibraltar, la integración en la otan o al Mercado Común condicionarían las futuras negociaciones para la revisión de los convenios. (National Archives and Records Administration (nara), Foreing Relations United States (frus), Central Files 1964-66, document 198, telegrama del DoS a la Embajada en España, 06/05/1966. nara, frus, Central Files 1964-66, document 199, telegrama de la Embajada de España al DoS, 18/06/1966. Tomados de: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v12/d199 [Consulta: 20/10/2025]).
En 1968 el DOS sabía que en las inminentes reuniones para la renovación de los acuerdos, el tema Palomares podría obrar en su contra, además de los demás asuntos que coleaban desde hacía años19 (Rodríguez 2025: 22). Por otra parte, España se sentía reforzada y parecía actuar de manera diferente a 1963. Sabía que las condiciones habían cambiado desde la anterior negociación. La presencia soviética se había incrementado en el Mediterráneo, mientras que Rota era una de sus principales bases marítimas, con nueve submarinos nucleares con misiles Polaris, que operaban de continuo el Atlántico norte y Mediterráneo (The Farce donation of the Desalination Plant. Genesis of the Palomares Nuclear Accident’s Political Instrumentalisation nara, frus, Central Files 1967-69, document 207, rg-59, Memorandum for the Files. Tomado de: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v12/d207 [Consulta: 17 de julio de 2023]).
Un cese en la ocupación norteamericana de las bases perjudicaría mucho a la modernización del ejército español y al desarrollo económico. Los eua eran plenamente conscientes de su revalorización21. El cierre supondría también replegar la base de submarinos a los eua, con un coste en diez años de 500 millones de dólares, sin contar los quebrantos del apoyo a la Sexta Flota, más el abandono de las tres bases aéreas en un momento de restricciones del espacio aéreo francés y el previsible cierre de la base de Wheelus (Libia)22.
El acuerdo era tan necesario como deseado para ambas partes. Para evitar iniciar las rondas previas de negociación desde una posición desventajosa, el DoS pensó en la estrategia del golpe de efecto. Un gesto público que sorprendería tanto a las altas esferas del Gobierno español como a la opinión pública de ambas naciones, causándoles la impresión de un gesto de gratitud y generosidad.
Desde que la USAF dejó Palomares en abril de 1966, algunos altos cargos de ambos gobiernos barajaron la posibilidad de hacerles una donación compensatoria a Palomares. Duke era partidario de una desaladora, aunque existían voces discrepantes en la embajada y el DoS sobre la naturaleza de la donación. Entre otros, el consejero para Asuntos Políticos de la Embajada en Madrid, Laurin B. Askew. Este había propuesto una iglesia o un centro para los vecinos. Su visión prejuiciosa hizo que se mostrara escéptico sobre una potabilizadora: «para beber hay vino y las necesidades de baño y lavado no parecen ser demasiado apremiantes» (Carta de Laurin B. Askew al Departamento de Estado de 10/11/1966. En Martín de Pozuelo, Eduardo: «¿Agua? Si tienen vino y no se lavan». La Vanguardia, 15/08/2005, p. 12.).
En noviembre de 1966 técnicos de EUA habían realizado una breve visita a Palomares. En sus análisis concluyeron que sería factible una desaladora de agua de mar (Place, Cobb y Defferding 1975: 211). Pero la persona que convenció a los responsables del DoS fue el embajador Duke. En una reunión en Washington dejó claro que: «el rápido anuncio de la oferta estadounidense no podía sino mejorar el ambiente para las negociaciones sobre las bases» (nara, Document 207, Memorandum for the Files…). Duke abogó por hacer coincidir el anuncio en el segundo aniversario del accidente para que tuviese más impacto, pero sus superiores prefirieron postergarlo. Ese año había que volver a negociar la renovación de las bases en junio.
Los primeros contactos y primera oferta fueron oficiosos. Los estudios previos y análisis de aguas decidieron que el tipo de planta desaladora sería el de condensación por comprensión de vapor partiendo del agua de mar. Si se instalaba, iba a ser la primera en la península. Dos años antes se había instalado en Lanzarote una del mismo tipo, (Cabrera, Estrella y Lora 2009: 200). El problema insalvable de ese tipo de desaladora es su mayor coste (La desaladora de Lanzarote producía diariamente 7,5 veces más que la planta a donar. El consumo eléctrico de las de destilación era cincuenta veces superior a las de ósmosis inversa. Por ello, de cara a su sustentabilidad, las cuatro primeras instalaciones españolas (1965-1970) excluida la de Palomares, fueron duales, con una planta de generación eléctrica (Acuamed 2008: 91-95).).
Al parecer se trataba de una planta usada de Indochina, de ahí su bajo coste (105 000 $)26. Esta tendría que funcionar entre el 25-50% de su capacidad para un consumo estimado en las dos pedanías entre 18-36 m3, pensado para 15-30 litros/persona27. Ello suponía un precio de producción entre 182-224 pesetas / metro cúbico, equivalentes a unos 30-37 euros de 202428. Una proposición inasumible, con un coste franco fábrica en extremo desmesurado para cualquier población.
En la década de los 60 la tecnología de desalación se basaba en los sistemas de destilación que consumían mucha energía eléctrica. Los de separación por membranas, como el de ósmosis inversa, con un nivel de eficiencia energética mucho mayor, se desarrollaría a partir de la década de los 80 (AcuaMed 2008: 45-59 y 91-97).
La insostenibilidad de la propuesta parecía un envite a que España solicitara su participación para ampliar la producción, lo que abarataría algo el precio. Y así fue; en febrero de 1968 llegó la sorpresa. Fraga Iribarne remite un saluda al delegado de Turismo de Almería con una carta adjunta del ministro de Exteriores. En ella expone que los norteamericanos están pensando en una planta desaladora, insinuando la posibilidad de incluir el abastecimiento a la zona circundante (Garrucha, Mojácar, Vera y Cuevas del Almanzora)(Archivo Provincial Histórico Almería (aPhaL), Colección Martínez de los Reyes, carta del ministro de Exteriores, Castiella, al de Información y Turismo, Fraga Iribarne, del 12/02/1968, adjunta al Saluda de Fraga al delegado de Turismo de Almería de 13/02/68).
A inicios de junio se redactó una nota con los acuerdos previos relacionados con la donación para ser informado el Consejo de Ministros. En él se justificaba la ampliación: Al efecto de disminuir el coste del agua así producida, y al tiempo de poder extender el campo de utilización de dicha agua, el Ministerio de Obras Públicas se ha mostrado dispuesto, por su parte, a financiar la construcción de servicios que incrementen una capacidad adicional de la planta desalinizadora […] Es evidente el efecto político que sobre la opinión pública española ha de producir este gesto del Gobierno de los Estados Unidos (aga, id. (13)000.12, legajo R-12045, fondos mae: «Nota informativa para el Consejo de Señores Ministros n.o 119» 14/06/1968).
El 23 de junio de 1968 el encargado de negocios de la embajada, William Walker, envió un borrador a las autoridades españolas para su consideración31. El 25 se formalizaría en Madrid un intercambio de misivas. En él se detallaba el importe donado de 150 000 $, de los que 105 000 eran para financiar las dos unidades de la planta. El resto de 45 000 $ eran para asegurar la financiación básica de las redes a Palomares y Villaricos. España, por medio del Ministerio de Obras Públicas (moP), se haría cargo de los gastos de infraestructura e instalación de la planta «y de la construcción del sistema total de conducción y distribución de agua potable, incluido su adecuado depósito de almacenamiento» (boe n.o 184 de 01/08/1968, punto 4, p. 11351, Canje de notas entre los Gobiernos de los eua y el de España, sobre donación por aquel de instalaciones para la obtención de agua potable que provea a las necesidades de la población de las localidades de Palomares y Villaricos (Almería).
El cálculo inicial por parte española superaba los diez millones de pesetas. Ni Palomares ni Villaricos tenían una red urbana de conducción de agua, mientras que las demás poblaciones contaban con unas inexistentes o inservibles infraestructuras de agua no potable33. Tampoco se ha hallado hasta el momento prueba de que se realizaran inspecciones ulteriores, consultas con las entidades municipales ni planificación presupuestaria o crediticia para acometer los objetivos fijados.
La difusión mediática pudo cumplir con las expectativas de ambos gobiernos. Fue noticia preferente en todos los medios nacionales. El tratamiento dado fue similar, propio de un comunicado oficial en dictadura, al trasladar casi literalmente los despachos de las agencias Cifra, Pyresa y Europa Press, que a su vez eran muy semejantes (Así informaron: Nuevo Diario y La Voz de Almería, portada y p. 8).
El objetivo central argüido de la iniciativa, de cara a la esfera pública, fue poner de manifiesto «el agradecimiento de los eua a la cooperación prestada por los habitantes de la zona de Palomares» (ADFMS, legajos 58-59, «Donación de Norteamérica a Palomares y Villaricos», Ya, 26/07/968).
De esta manera lo reflejó el ABC en su portada, Pueblo en titulares y Arriba, que parafraseó la expresión norteamericana de «profunda gratitud» (Pueblo, 26/06/1968; abC, 26/06/1968, portada y p. 53). El Gobierno español era consciente de que: «Es evidente el efecto político que sobre la opinión pública española ha de producir este gesto» (aga, id. (13)000.12, legajo R-12045, mae, «Nota informativa para Consejo de Señores Ministros», p. 4, 14/06/1968). Así lo expresaban desde el mae en una nota al Consejo de Ministros.
Para optimizar los efectos planeados por los eua, esperaron a publicitar el ofrecimiento en junio, haciéndolo coincidir con el inicio de las negociaciones de la renovación del Acuerdo. De hecho, fue realizada cuando ya había llegado a Washington la delegación española, con el general Manuel Díez Alegría al frente.
Los incumplimientos
Tras la firma del contrato de ejecución, se informó que la construcción tardaría de nueve a doce meses. Fue pasando el tiempo sin que ninguna de las dos partes comenzara con los estudios previos. A los ocho meses el Washington Post denunció ese mutuo olvido e incluso anticipó la lucha de intereses por el preciado líquido: «Puede ocurrir que la planta no esté situada en Palomares» (aga, id. (13)000.12, legajo R-12045, mae, «Bad Times Blamed on Palomares’ H-Bombs», The Washington Post, 09/02/1969).
Desde Exteriores se dio instrucciones al embajador en Washington en mensaje cifrado para que respondieran en las secciones de cartas al director. En ellas se excusaron por: «la complejidad de los estudios técnicos». También se puntualizó que la planta estaría situada en Palomares (aga, id. (10)000.12, legajo R-12045, mae, Comunicado del Ministro de Exteriores al Embajador de España en Washington, 17/02/1969, telegrama cifrado).
En realidad ni siquiera se habían reunido los técnicos de ambas administraciones para dilucidar lo primero y básico: dónde ubicar la planta. El artículo sirvió de acicate para que en diez días se formara un grupo compuesto por tres ingenieros de la USAF, dos españoles y dos secretarios de embajada, que viajaron a Palomares para iniciar los trabajos previos. Allí eligieron por razones técnicas la ubicación final en una playa, pero se hallaba en el término municipal de Vera, a unos quinientos metros de la playa de Palomares. Cuando se hallaban en el emplazamiento apareció una comisión de vecinos de Palomares que mostraron su disgusto y oposición a que no estuviese frente a la pedanía. Todo ello fue redactado en un completo informe, con un coste estimado solo de las obras de conducción, almacenamiento y distribución de treinta millones de pesetas; casi el triple de lo previsto (aga, id. (10)000.12, legajo R-12045, mae, Comisión de servicio a Palomares sobre instalación de planta potabilizadora, 01/03/1969).
Como se había anticipado, el Gobierno español optó por una planta mayor (265 m3/día) que produciría más del triple de la propuesta inicial. Esto generaría un decremento del coste del agua, pero aumentarían las partidas presupuestarias restantes. Cuando se expuso el proyecto técnico a información pública en septiembre de 1969 se evidenciaron intereses distintos a los originales en la distribución de agua.
En la Tabla 1 podemos observar que los dos núcleos de población para los que se donó la desaladora son aquellos a los que la Confederación Hidrográfica del Sur asignó menos cantidad por persona y día, reduciendo de los quince a treinta previstos por los donantes para cada persona, a menos de cinco (Hemeroteca Provincial de Almería, Diputación de Almería, Boletín Oficial de la Provincia de 24 de septiembre de1969, p. 1, tomado de: https://app.dipalme.org/pandora/?view=boletines (Consulta: 20 de febrero de 2025).
Vera tenía un trato similar a pesar de ser la más poblada, por lo que su ayuntamiento recurrió tan injustificada desproporción (Archivo Municipal de Vera, Libro de actas capitulares 0232. Decisión adoptada en el pleno ordinario del Ayuntamiento del 15 de octubre de 1969.42).
La licitación de la planta es ganada en marzo de 1970 por un valor de 472 272 $; más de cuatro veces el importe primero. Los norteamericanos solo se habían comprometido a aportar un máximo de 150 000 $. Eso significaba que los españoles tendrían que pagar el resto, más un 10% de imprevistos, lo que elevaba la cifra a 319 999$. (aga, id. (10)000.12, legajo R-12045, mae, carta de Gregorio López Bravo al ministro de Hacienda, Alberto Monreal Luque de 30/03/1970). La otra partida, referente a los sistemas de suministro (conducción y distribución) desde la playa a los cinco núcleos urbanos, fue licitada por algo más de dieciocho millones de pesetas (BOE n.o 78 del 01/04/1971, p. 5362. Adjudicada el 27 de febrero de 1971 por 18 347 541 pesetas.).
Faltaban el solar, el almacenamiento, conducción eléctrica, toma de agua y acondicionamiento. El total de todas fue estimado por la usaf en alrededor de 33 millones de pesetas (Place, Cobb y Defferding 1975: 212). Ello supone que la aportación española superó los 57 millones.
El tono de cómo actuaría España sería marcado con el primer pago. Cuando en marzo de 1970 había que hacer efectivo un depósito en dólares de 319 999, tuvo que intervenir directa y personalmente el ministro de Asuntos Exteriores ante el ministro de Hacienda (aga, id. (10)000.12, legajo R-12045, mae, carta de Gregorio López Bravo al ministro de Hacienda).
En 1971, cuando quedaba poco más de un mes para que la empresa adjudicataria finalizara la planta, López Bravo le transmite al ministro de Obras Públicas, Fernández de la Mora, las quejas del embajador norteamericano por el desfase de seis meses en las obras de canalización-distribución, instándole a que se acelerara su ejecución (aga, id. (10)000.12, legajo R-12045, mae, carta del Gregorio López Bravo a Gonzalo Fernández de la Mora, ministro de Obras Públicas, 6 de mayo de 1971).
En esta ocasión la intermediación del ministro fue infructuosa. La desaladora había sido finalizada a mediados de junio de 1971, pero tuvo que esperar veinte meses hasta que finalizaran las conducciones a Palomares. El precio del agua tras las pruebas, según Manuel González, trabajador del Ministerio de Obras Públicas, era de 50 pesetas por metro cúbico(Entrevista en vídeo del autor a Manuel González Navarro (palomareño y funcionario del moP) en Mojácar el 27/10/2004.).
Un precio también inasumible, equivalente a casi siete euros a 2025, más de doce veces el precio medio actual del agua desalada (INE. Actualización de rentas con el IPC general). Según su testimonio, a la hora de plantear los costosos nuevos ramales de distribución urbana, las autoridades municipales de las tres grandes poblaciones no quisieron o no pudieron promoverlas (Entrevista en vídeo del autor a Manuel González….).
Hasta febrero de 1973, solo se completaría la conducción a Palomares, sin sistema de distribución ni depósito, incumpliendo ambos gobiernos su compromiso con los vecinos y con la ciudadanía. Cinco grifos en una fuente pública dieron agua durante una semana, para acto seguido parar y cerrarse para siempre la planta (Place, Cobb y Defferding 1975: 212).
En 1973 se habían construido por iniciativa pública tres plantas más: Ceuta (4000 m3/día); Fuerteventura (2000 m3/día) y Las Palmas de Gran Canaria (20.000 m3/día). Estas, más la de Lanzarote (1965) sí cumplieron con los fines asignados. Todas eran instalaciones duales, con una planta generadora de energía eléctrica que aseguraba su viabilidad (Acuamed 2008: 91-96).
Cuando fue anunciada la donación en 1968 fue noticia destacada de los principales periódicos, con un texto idéntico o similar; después un extraño silencio mediático. Del inicio de la construcción, solo se ha hallado una pequeña noticia con doce líneas (ABC, 20/10/1970, p. 47). Ninguna de la obras, finalización o periodo de pruebas. El fiasco de la desaladora fue callado al máximo. Tampoco se han hallado imágenes de su construcción o de una inexistente inauguración. Solo se dispone de las ortofotos de los vuelos (ver Imágenes 2 y 3).
El silencio mediático cómplice es roto por el periodista almeriense Martín Navarrete. Pasados tres años de su construcción, publicó una noticia en un periódico de Cataluña denunciando su inactividad. En ella se afirma que «la inversión total supera los cien millones de pesetas» (Quien le dio esa cifra fue el alcalde de Mojácar, Jacinto Alarcón Fuentes. Conversación telefónica con el periodista Martín Navarrete el 05/11/2025. Diario de Barcelona, 24/07/1974, p. 19).
Esta primera noticia no tuvo respuesta institucional, pero cuando unos días más tarde la publica el abC añadiendo: «la causa de la demora en su funcionamiento no es otra que su escasa rentabilidad» (ABC, 07/08/1974, p. 29), entonces sí hubo eco. En un despacho de Logos el moP se excusaba por la inactividad. La razón argüida es que estaban «en trámite de explotación por una empresa privada» (Ideal, 11/08/1974).
Ya se había desatado la crisis del petróleo y el proceso de la subida de precios de la energía y combustibles desestabilizaría las economías de muchas naciones con una inflación galopante. Con posterioridad Martín Navarrete continuó recordando la inactividad y el despilfarro (Diario de Barcelona, 29/08/1975, p. 11; abC, 23/09/1983, p. 25; abC, 13/01/1985, p. 30). En 1978, el año de la promulgación de la Carta Magna, un diario de Madrid publicó un artículo denunciando que la desaladora jamás había funcionado. El artículo causó cierta inquietud en ambos países. En un informe, los altos directivos del Departamento de Energía (DoE) decidieron emular la estrategia sugerida: «La Embajada y al parecer también el Gobierno español, optaron por ignorar el artículo y no escuchar nada más sobre el asunto» (Philips Dean (Laboratorio Lawrence Livermore): Foreing Trip Report, 10/11/1978, p. 2, DoE). La amnesia colectiva ayudaba a ello.
Se desconoce el grado de ejecución del sistema de conducción. Solo se han hallado dos depósitos terminados, sin contar el de la planta (Ambos en el término de Vera. Uno en Cabezo Largo y otro en Vera pueblo). Con el definitivo cierre se dilapidaron, según consta en la documentación, al menos 57 millones de pesetas por parte de España (7,5 millones de euros actuales) y 10,5 por los EUA (1,7 millones de euros a 2024) (Ine: Actualización de rentas con el IPc…). Noticias posteriores sin confirmar cifraron el derroche total en más de cien millones de pesetas (Diario de Barcelona 24/07/1974; Ideal, 11/08/1974; La Vanguardia, 13/01/1985, p. 17). Capitales que hubiesen sido decisivos para la construcción de infraestructuras y dotaciones básicas de la zona.
Discusión y conclusiones
El accidente nuclear de Palomares y las acciones desleales de eua en el incumplimiento sistemático de los acuerdos de descontaminación, unido a las dilaciones, acusación de arbitrariedades y desigualdades en el pago de las reclamaciones, generaron descontento en las autoridades y opinión pública española.
Tras el accidente, se gestó por los dos gobiernos una historia oficial ficcionada. En España contribuyeron las buenas expectativas turísticas, las campañas alarmistas de la prensa inglesa e italiana y el inicio de la industria nuclear nacional con tecnología norteamericana (Ángel Viñas, prólogo (Herrera 2015: 11-14). De forma paralela, las poblaciones de Palomares y Villaricos fueron condenadas a convivir con un ingente pasivo ambiental. Tal como le recordaba en carta privada el presidente de la jen a López Bravo: «se quedaron en el terreno unos cuantos kilos de óxido de plutonio» (AGA, id. (13)004.016, caja 75/09097, Carta de Otero Navascués (jen) a López Bravo de 13/07/1968). Esta situación fue aprovechada como objeto de experimentación humana y del medioambiente en el secreto «Proyecto Indalo» (1966-2009).
Es posible que se pudo haber generado en algunos funcionarios de sendas administraciones el deseo empático de querer compensar a los damnificados con una donación material. Sin embargo, a nivel institucional la iniciativa parece más concebida como un instrumento que generara un golpe de efecto en autoridades y opinión pública. El DoS trató de blanquear acciones y omisiones pasadas, de cara a iniciar en mejor posición negociadora, las rondas previas a la renovación del Convenios Defensivo, que vencía en septiembre de 1968, por ello sincronizó la propuesta con el inicio de las reuniones. Resulta claro que para maximizar posibles réditos y posiblemente como una sagaz manera de sorprender y menoscabar el plan estratégico negociador de España.
El tipo de desaladora donada se basaba en una tecnología que consumía demasiada energía eléctrica. Se hallaba agravada además por la improvisación y ausencia de planificación en las obsoletas redes de distribución urbana de Vera, Mojácar y Garrucha, las inexistentes de Palomares y Villaricos, más la posterior desidia burocrática. De manera adicional, la imparable subida de precios con la posterior crisis del petróleo, hizo aún más inviable su suministro y por tanto, cualquier atisbo de operatividad rentable. No parece que se tuviera en cuenta la verdadera dimensión del sobrecoste, tanto del equipo como de esas redes de canalización, distribución y ramales urbanos en función del estado de las existentes.
Cuando el informe técnico fue sometido a exposición pública se pudo entrever, a través de la desproporción y falta de equidad en la asignación por persona, la interferencia de oscuros intereses asociados al desarrollo turístico y la especulación inmobiliaria. Sin pudor, asignaron a las dos pedanías a las que donaron la planta, menos de un tercio que a Mojácar y Garrucha. La alegoría berlanguiana de la película Bienvenido Mr. Marshall se hizo realidad una vez más (García 1953). La planta e instalaciones anejas fueron pasto de la herrumbre salina, hasta que fue demolida en los 90, antes de que el mar cubriera el solar por la regresión costera (ver Imagen 3).
Uno de los ingenieros norteamericanos de la planta, Richard Irving Davis, decidió quedarse en la comarca. En la playa de Mojácar abrió el chiringuito «El Patio». En una estantería se hallaba, en lugar preeminente, una botella de agua junto a los licores más valorados. Durante años, Richard sorprendía a su clientela afirmando que esa botella era la más valiosa del establecimiento, el agua más cara del mundo, recuerdo de la semana de pruebas de la planta desaladora antes de su cierre definitivo (Laynez 2025: 209). La génesis de esa leyenda comarcal suplió como remedo a la historia silenciada.
¿Inversión, despilfarro o ambas? El gesto de aparente generosidad conmiserativa estadounidense frente a la esfera pública suplantó a la naturaleza misma del hecho y a su fin último: la donación a los vecinos de una desaladora que paliara su déficit hídrico. Las apariencias primaron sobre la sostenibilidad, coherencia, y viabilidad de lo ofertado. Aquel episodio supuso la primera, pero no la última vez, que el accidente nuclear ha sido utilizado como instrumento político en las relaciones bilaterales. Mientras, los vecinos de Palomares y Villaricos tuvieron que esperar hasta doce años más para tener el servicio básico de agua corriente en sus hogares.
Agradecimientos: a Antonio González Jódar y al periodista Francisco Martín Navarrete por su ayuda y orientación.
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Revista Studia Historica. Historia Contemporánea, septiembre 2026.
