Los ecosistemas se basan en unos equilibrios cada vez más frágiles entre las especies de fauna y flora. Así, cualquier intromisión en esa convivencia, aunque sea con buena intención y con especies protegidas, puede tener consecuencias fatales para el medio ambiente, tal y como se ha comprobado que ha ocurrido en la región del sureste de la Península Ibérica.
Un grupo de investigación de la Universidad de Murcia y de la Universidad Miguel Herández ha realizado un estudio en el que detallan las consecuencias negativas de las prácticas con especies legalmente protegidas, que pueden suponer un riesgo para los ecosistemas.
Cuál es la práctica con especies protegidas con consecuencias muy graves para el medio ambiente
La práctica peligrosa para el medio ambiente y que ha estudiado este equipo de investigación es la introducción de forma clandestina de especies protegidas, fuera de su área de distribución natural y sin evaluación previa de riesgos. Los expertos advierten de que estas especies, legalmente protegidas, pueden constituir un riesgo para el equilibrio de aquellos ecosistemas donde han sido introducidas, por lo que urge implementar medidas para mitigar esta problemática y proponer soluciones para gestionar las poblaciones introducidas de manera clandestina.
Según afirman los investigadores, estas introducciones no autorizadas de fauna amenazada suponen un dilema para los gestores del medio natural. Por un lado, estas especies están estrictamente protegidas por la legislación ambiental, por lo que la erradicación de las poblaciones introducidas podría contradecir la normativa vigente. El análisis de las poblaciones introducidas de manera no autorizada en Alicante, Murcia y Almería pone de manifiesto que estas pueden alterar el equilibrio ecológico, desplazar a otras especies nativas e incluso provocar conflictos de conservación.
El caso del tritón pigmeo, introducido ilegalmente en Crevillente
Este es el caso de la población de tritón pigmeo (Triturus pygmaeus), un anfibio endémico de la península ibérica, introducida sin autorización en el municipio de Crevillente (Alicante), una zona donde esta especie no había estado presente de forma natural. “De las 14 poblaciones introducidas que hemos identificado, sólo la del gallipato (Pleurodeles waltl) en el Parque Regional de Sierra Espuña (Murcia)— fue reintroducida en un lugar que históricamente había sido parte de su área de distribución”, señalan los autores.
“El procedimiento es distinto cuando los programas de reintroducción o conservación de especies se hacen de manera controlada y autorizada”, explica el investigador de la UMH José Manuel Zamora Marín, quien ha liderado estos trabajos. “Las translocaciones oficiales implican evaluaciones rigurosas y pueden ser rechazadas por las autoridades ambientales si existen dudas sobre los beneficios esperados, los impactos potenciales o la viabilidad a largo plazo”, comenta Zamora.
Apunta, además, que la pasividad institucional ante los programas oficiales de reintroducción puede estar animando a que algunas personas particulares recurran a liberar fauna protegida por su propia cuenta, un fenómeno denominado renaturalización encubierta.
Directrices claras para afrontar este desafío
Para abordar esta problemática, los investigadores proponen un marco de decisión flexible que permita, en función de cada caso, decidir si es más conveniente erradicar, conservar o monitorear las poblaciones introducidas. “Nuestros resultados ponen sobre la mesa la necesidad urgente de establecer directrices claras para afrontar este nuevo y complejo desafío para la conservación de la biodiversidad”, subraya Zamora, “y, sobre todo, creemos que debe prevalecer el principio de precaución, pues prevenir es siempre más rentable que curar”.
Los estudios han sido publicados en las revistas científicas Biological Conservation y Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, y han contado con la participación de investigadores del Departamento de Biología Aplicada de la UMH y del Departamento de Zoología y de Ecología Antropología Física de la UMU. Los trabajos han sido financiados con el apoyo de la Generalitat Valenciana y el Fondo Social Europeo Plus, así como del Ministerio de Ciencia e Innovación y la Unión Europea a través del programa NextGeneration EU. También, ha contado con financiación del programa Ramón y Cajal para contratos postdoctorales.
