La Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES) y Eco-Unión, socios en España de la federación de ONGs europea Transport and Environment (T&E) han remitido recientemente una carta abierta a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la que solicitan que aproveche el próximo Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europa, para demostrar el compromiso del Gobierno español por la descarbonización del transporte, apoyando la posición defendida por Francia, Italia, Reino Unido, Holanda, Finlandia, Dinamarca, Irlanda, Luxemburgo y Eslovenia respecto a los estándares de CO2.
Todos esos países apoyan, igualmente las siguientes medidas:
- La reducción de emisiones de CO2 en un 25% hasta 2025 (un 20% como mínimo), y entre 30 y 50% hasta 2030 (un 40% como mínimo).
- La introducción de penalizaciones si los fabricantes de coches no venden suficientes vehículos cero emisiones.
- Acordar unas pruebas de CO2 del mundo real para reducir a cero la brecha entre las pruebas en laboratorio y en carretera, como sugerido por Francia en las reuniones de expertos del Consejo de la Unión Europea.
Las ONG mantienen que la adopción de dichos estándares “es una oportunidad que no se presenta más de una vez cada diez años” para lograr mantener el mercado de vehículos ligeros dentro de nuestras fronteras con inversiones en tecnología baja en carbono, asegurando el empleo y la salud de la ciudadanía, así como el cumplimiento de los objetivos marcados por el Acuerdo de París.
Estudios que confirman los beneficios de estas medidas
Las ONG firmantes se refieren a estudios realizados a nivel internacional, europeo y español que demuestran que unos estándares ambiciosos tienen un impacto beneficioso para el empleo, la industria y por supuesto nuestra salud y el medio ambiente.
Destacan que el reciente estudio “Repostando hacia el futuro” realizado, principalmente, por Cambridge Econometrics y coordinado por las ONG Transport & Environment y ECODES, la transición en España de una movilidad basada en la importación de petróleo hacia otra basada en energías limpias producida a nivel nacional, “permitiría mantener millones de euros en nuestra economía, mejorando la balanza comercial”. Subrayan que está respaldado por actores claves del sector, dentro de ellos el sindicato Comisiones Obreras, la Confederación de Consumidores y Usuarios CECU y el grupo de fabricantes Renault-Nissan-Mitsubishi.
Según Mónica Vidal, de ECODES, “esta transición podría crear hasta 23.185 empleos netos en España mientras se reducen las emisiones de CO2 en un 28% en 2030, y hasta un 92% y un 89% la reducción de emisiones de contaminantes como los óxidos de nitrógeno y las partículas respecto a mediados de siglo”.
Al contrario, según informes realizados por el sindicato alemán IG Metall y la consultora FTI unos límites de emisión de CO2 más estrictos que los propuestos por la Comisión Europea para los vehículos ligeros podrían tener un impacto negativo mayor de lo previsto en la evaluación de impacto de la Comisión.
Para Isabell Büschel, de Transport & Environment, en cualquier caso, “las pérdidas de empleos y la mejora de la productividad son inevitables y no deben atribuirse a la transición hacia los vehículos eléctricos. La evolución hacia la electromovilidad está ocurriendo de todos modos, la pregunta no es si sí, sino dónde”. Concluye que “si el Consejo de la Unión Europea no adopta unos objetivos de CO2 más ambiciosos para los automóviles nuevos, entonces Europa importará vehículos eléctricos fabricados en China en lugar de fabricarlos aquí”.
