La Fundación Renovables reclama al Gobierno que mantenga el compromiso del calendario de cierre de la central nuclear de Almaraz y recuerda que el informe publicado por el Consejo de Seguridad Nacional no es un dictamen político, sino un estudio técnico que acredita que no ve riesgo de seguridad en caso de que se decida estirar la vida de los reactores. La decisión de modificar el calendario acordado por las empresas, por tanto, compete al Ejecutivo. Esta Fundación recuerda que, de cancelarse el acuerdo de cierre alcanzado con las empresas, se pondrá en riesgo la viabilidad de las renovables y el cumplimiento de los objetivos marcados en el PNIEC para 2030, fijados contando con el cierre escalonado de los reactores.
La Fundación Renovables, la Universidad Rey Juan Carlos o la Escuela de Economía de Barcelona del Instituto de Investigación en Energía de Cataluña (IREC), entre otros, han publicado en el último año informes independientes que acreditan que estirar el calendario de cierre impedirá alcanzar el 81% de generación renovable en 2030.
Desde Fundación Renovables insisten en que el informe del CSN no es un dictamen político, sino una decisión vinculada a cuestiones de seguridad. Es decir, simplemente acredita que Almaraz podría mantenerse operativa hasta 2030, pero no supone una obligación de extensión de vida útil. Por lo tanto, la decisión sobre el cambio del calendario de cierre es puramente política y, por ello, reclaman al Gobierno que no modifique la hoja de ruta acordada en el PNIEC y mantenga la clausura para 2027 (el reactor I) y 2028 (el reactor II).
Modificar la fecha de cierre de Almaraz, además, atenta contra la idea de planificar un cierre escalonado de los reactores españoles que tenga un impacto bajo en el sistema energético de España. Si el Gobierno decide finalmente alargar este cierre hasta 2030, se solaparía con la clausura de Ascó I y Cofrentes, prevista para ese año, prescindiendo de más de 4 GW de potencia. La Fundación Renovables alerta de que esta decisión tendrá un efecto cascada negativo para el desarrollo renovable.
Por otro lado, la decisión de estirar la vida de Almaraz tendría unas consecuencias económicas negativas para las familias, según la Fundación Renovables. Sabemos que la tasa ENRESA, destinada a financiar la gestión de residuos radiactivos, es insuficiente con el calendario actual, con un déficit de más de 5.000 millones de euros.
Modificar el calendario supondrá agravar aún más ese agujero económico, puesto que habría que aumentar el combustible consumido y los residuos generados. La Fundación Renovables ya acreditó en un informe reciente que alargar el calendario de cierre llevaría a tener más horas a precios cero o negativo, por lo que la recaudación descendería y se socavaría aún más el fondo destinado a cubrir los gastos de la gestión de residuos radiactivos.
Existe un riesgo evidente de que todos estos costes terminen siendo asumidos por el erario y, en consecuencia, por los consumidores a través de recargos en la factura. Por tanto, más allá del dictamen del CSN, no existe una necesidad de continuar con la operación de Almaraz, sino que su extensión supone un riesgo para cumplir con los objetivos del PNIEC. La petición al CSN de que elevara un informe era una señal prejuzgada sujeta a los intereses de las propietarias de la central de Almaraz.
