La contratación pública mueve miles de millones de euros cada año, pero muchas pequeñas y medianas empresas (pymes) siguen encontrando enormes dificultades para acceder a las licitaciones de las administraciones. Para el catedrático de la Universidad de Salamanca Juan José Rastrollo, una de las principales causas es el exceso de burocracia y la creciente complejidad de los procedimientos.
El jurista sostiene que la contratación del sector público no debería limitarse a comprar bienes o servicios, sino convertirse en una herramienta para impulsar la innovación, la sostenibilidad y las políticas sociales, favoreciendo al mismo tiempo una mayor participación empresarial.
La burocracia dificulta el acceso de las pequeñas empresas
Según explica Juan José Rastrollo, la complejidad técnica de muchos pliegos y el incremento constante de las exigencias administrativas terminan desincentivando la participación de numerosas empresas.
A su juicio, una regulación excesivamente rígida o poco clara acaba perjudicando especialmente a las pymes, que cuentan con menos recursos para afrontar procedimientos complejos que las grandes compañías.
Para el experto, «la contratación pública necesita mecanismos que la hagan más dinámica y conectada con la sociedad», por lo que considera imprescindible modernizar los criterios de adjudicación para adaptarlos a las necesidades de la economía actual.
La contratación pública como motor de innovación y sostenibilidad
El especialista defiende que las administraciones pueden utilizar las licitaciones para generar un impacto positivo más allá de la adquisición de bienes y servicios.
En este sentido, considera que la incorporación de cláusulas sociales, criterios de sostenibilidad o aspectos relacionados con la innovación debe consolidarse como una práctica habitual. No obstante, advierte de que estos cambios requieren una mayor preparación de los profesionales encargados de gestionar la contratación.
Mirar a otros países para mejorar el sistema
Rastrollo también apuesta por analizar experiencias internacionales que puedan servir para modernizar el modelo español. Según explica, países como Chile, Colombia, Alemania o Nueva Zelanda han desarrollado buenas prácticas en ámbitos como la modificación de contratos, la resolución de conflictos o la incorporación de criterios de adjudicación distintos del precio.
«Existen múltiples buenas prácticas que podemos importar de distintas partes del mundo», afirma.
La gran asignatura pendiente: profesionalizar la contratación pública
Más allá de las reformas legales, el catedrático considera que el principal desafío pasa por reforzar la formación de quienes gestionan los procesos de contratación.
En su opinión, «uno de los grandes retos que tenemos por delante» consiste en profesionalizar este ámbito. Por ello, critica que las administraciones respondan a los problemas con más regulación en lugar de invertir en capacitación.
«Multiplicar exponencialmente la normativa sin tener en cuenta que es necesario capacitar a las personas adecuadamente, diseñar una carrera enfocada en la contratación pública y, en definitiva, formar a nuestros recursos humanos», concluye.
Estas reflexiones fueron expuestas durante el curso de verano ‘Doctrina y jurisprudencia en materia contractual en España y Derecho comparado’, celebrado en la sede de La Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA). El encuentro analizó cuestiones como los órganos de resolución de recursos contractuales, el funcionamiento del Tribunal de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (TARCJA) y la evolución de la doctrina en materia de contratación pública.
