Investigadores de las universidades de Sevilla, Cádiz y Granada, así como grupos conservacionistas han solicitado al Gobierno frenar la reapertura de la mina de Aznalcóllar, por los vertidos de metales pesados al Guadalquivir que acarrearía la actividad extractiva y que pondría en riesgo el ecosistema.
La petición se dirige al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; y a la presidenta de la CHG, Gloria María Martín Valcárcel. En las misivas, los investigadores firmantes, especialistas en físico-química y la hidrodinámica del estuario del Guadalquivir, lamentan que la reapertura autorizada en mayo de 2025 prevé durante 18 años el vertido de millones de litros de aguas con metales y metaloides potencialmente muy tóxicos en un sistema estuarino que consideran especialmente vulnerable.
Metales que entrarán en la cadena trófica
Los investigadores sostienen que una parte relevante de los metales vertidos no permanece disuelta, sino que se asocia a materia orgánica y sedimentos, entrando después en la red trófica. En esa lógica se encuadra el riesgo de bioacumulación en organismos acuáticos y la posible transferencia a especies de interés comercial consumidas en el entorno.
Como antecedente empírico en el propio Guadalquivir, citan la Mina de Cobre Las Cruces, hoy paralizada, de la que afirman que ha contaminado gravemente los sedimentos desde 2008 mediante un sistema de depuración como el que se pretende aplicar en Aznalcóllar. En esa línea, sitúan el área próxima al Estadio de la Cartuja (Sevilla), el entorno que identifican como zona de vertido prevista, como un punto donde ya se han registrado “altos niveles” de contaminación metálica por bioacumulación en peces de interés comercial.
El escenario que describen no se limita al punto de descarga. Al tratarse de un sistema “dinámico y complejo”, sostienen que la contaminación difícilmente quedaría confinada. En apoyo de esa idea, señalan un estudio recientemente publicado por varios de los autores en Marine Pollution Bulletin que registra altas concentraciones de metales y metaloides también en la desembocadura del Guadalquivir.
Graves problemas de salud pública y ambiental
El texto también carga contra la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto. Lo que cuestionan no es un matiz: afirman que las evidencias científicas apuntan a “graves problemas de salud pública y ambiental” que no han quedado recogidos en la EIA, y señalan, entre otros aspectos, que no se estima la bioacumulación de metales y metaloides en materia orgánica y sedimentos en suspensión y depositados, ni se extiende el análisis al menos al tiempo de concesión. Subrayan además que se trata de impactos que pueden manifestarse a medio y largo plazo, y que precisamente por eso exigen evaluación en ese horizonte temporal.
A partir de ahí, el aviso incorpora un bloque jurídico-administrativo con destinatario muy definido: la CHG y el Ministerio para la Transición Ecológica. Invocan la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE y su principio de “no deterioro” para cualquier actuación potencialmente contaminante en el estuario o su entorno. Y colocan en el centro el papel de la CHG, de la que sostienen que debe autorizar la disposición de las aguas acumuladas en las cortas mineras de Aznalcóllar —en dominio público hidráulico— para verterlas al Guadalquivir, además de autorizar otros recursos hídricos imprescindibles para el funcionamiento de la mina tras la reapertura.
En ese mismo argumento introducen una advertencia contenciosa: si la CHG no explicara, valorara o justificara esos vertidos en sus planes hidrológicos, el Tribunal Supremo “podría” declararlos no conformes con el ordenamiento jurídico, recordando que ya lo ha hecho en sentencias anteriores “similares”. Y, al afectar el vertido al Dominio Público Marítimo-Terrestre, añaden que a la Administración del Estado le corresponde emitir un informe preceptivo y vinculante en los vertidos contaminantes al mar desde tierra, citando el artículo 112 de la Ley 22/1988, de Costas.
Zonas que quedarían afectadas por los vertidos
El encuadre territorial y ambiental que manejan no es menor: el estuario al que se refieren incluye, según el propio texto, zonas de Dominio Público Marítimo-Terrestre, la Zona de Especial Conservación Bajo Guadalquivir (Red Natura 2000), el Espacio Natural de Doñana y la Reserva de Pesca de la Desembocadura del Río Guadalquivir.
El documento conecta ese marco con riesgos socioeconómicos. Plantea que el vertido previsto supone un riesgo potencial para la salud pública y ambiental y, por extensión, una amenaza para decenas de miles de puestos de trabajo en sectores como el pesquero, acuícola, agrario y turístico. En apoyo de esa afirmación, se remite a un posicionamiento de la UNESCO en julio de 2025, en el que expresa preocupación por el impacto de la reapertura de Aznalcóllar sobre la conservación del Parque Nacional de Doñana.
La petición de moratoria y comité no se presenta como un gesto aislado. Los autores afirman que la reclamación también está siendo sostenida por alcaldías ribereñas, sectores socioeconómicos afectados y grupos ecologistas. Y citan una resolución del Defensor del Pueblo Andaluz de diciembre de 2024 (expediente 24/5661) que también solicitó la creación de un comité de expertos para analizar las consecuencias de los vertidos mineros al Guadalquivir.
El cierre del texto sintetiza el objetivo inmediato: la moratoria y la puesta en marcha del comité antes de que se autorice a la Mina de Aznalcóllar a disponer de los recursos hídricos necesarios para operar y efectuar el vertido. “Nos jugamos mucho”, rematan, situando el alcance en “el gran río de Andalucía” y en los sectores económicos vinculados a su estado ecológico.
