Son muchos los deseos que puede tener un ser humano y entre ellos el de la propia muerte. Las motivaciones y las circunstancias que lo pueden provocar son diversos siendo la mayoría de carácter subjetivo. Algunos son de ámbito privado, pero otros influyen en el entorno más próximo que le rodea, e incluso pueden afectar a la comunidad a la que pertenecemos. En principio, la sociedad democrática se ha articulado sobre la base de no inmiscuirse en las cuestiones éticas personales, pero al mismo tiempo ha considerado que hay ciertos bienes o valores que no pueden ser afectados por esas decisiones, porque estarían alterando las convicciones más básicas sobre las que se sustenta la sociedad. Imaginemos que una persona, en uso de su legítima libertad con plena competencia para tomar decisiones y sin ninguna coacción externa, pidiera a otra ser esclava de ella o simplemente que le drogara con heroína. O por poner otro ejemplo más cercano, al cual se oponen por cierto el PSOE y Unidas Podemos, una mujer deseara ser madre de alquiler. En todos estos casos la sociedad le niega la posibilidad de realizar tal deseo o querer libre. Es más, el hecho de que la persona que lo solicita dé su consentimiento explícito es irrelevante para considerar tal conducta como legal. En todos estos casos, la tolerancia es “0” en cuanto que el bien común o el interés general, como ahora se suele decir, prima sobre esas decisiones personales. La razón es obvia, no podemos aceptar que alguien sea esclavo de otro o que las mujeres sean simples vasijas de gestación. No queremos que ciertas conductas se extiendan porque en ellas hay personas que serían muy vulnerables al abuso y a la explotación. Es más, haríamos un flaco servicio a todos los que luchan contra la trata de seres humanos, la drogadicción o el machismo de nuestra sociedad.
En este contexto, considero que proponer, en una determinada situación clínica, con sufrimiento insoportable, que la petición de querer morir tiene que ser atendida se encuadra en este tipo de acciones que una sociedad no puede tolerar. La justicia social y el bien común exigen que ningún ciudadano pueda cooperar o ejecutar la eliminación de otro, aun cuando éste preste su consentimiento y hasta lo solicite.
«La regulación de la eutanasia es una medida injusta, insolidaria y favorecedora de la desigualdad social»
El Estado debe legislar protegiendo la vida de todos los ciudadanos especialmente de los más débiles. Por esto la Asociación Española de Bioética considera que “la regulación de la eutanasia es una medida injusta, insolidaria y favorecedora de la desigualdad social, en cuanto se convierte en un instrumento de presión frente los más débiles y vulnerables. Esto aun es más grave cuando las instituciones públicas no han puesto de forma completa y suficiente todos los medios sanitarios y sociales para ayudar a los ciudadanos a vivir con dignidad el proceso final de la vida. En concreto, aliviando el sufrimiento mediante cuidados paliativos eficaces aplicados por profesionales capacitados”.
Además, unos casos concretos, por muy dramáticos que sean, nunca pueden servir como base jurídica para introducir en nuestro ordenamiento legal la posibilidad de que alguien disponga de la vida de otra persona. La vida humana solo es protegida, hasta donde llegan las leyes humanas, cuando esa legalidad afirma su inviolabilidad sin dejar resquicios a que pueda ser disponible por alguien. De no ser así, siempre existirá la posibilidad del abuso y de la extensión indiscriminada de los supuestos a pesar de todas las medidas o controles que se tomen. Éstos, además, generan una perversa situación. Si la decisión del paciente de morir está sometida al criterio de profesionales, en última instancia se hace depender de ellos la vida del enfermo. En este contexto la sola muerte de una persona, que no estuviera incluida en los supuestos despenalizadores, sería no sólo un fracaso de la ley sino de toda la sociedad. También de la medicina y la enfermería, pues la misión de estas disciplinas como de sus profesionales es la de promocionar y respetar la vida humana, no decidir o ejecutar la muerte; la de comprender y acompañar hasta el final, no de provocarlo. Es por esto, por lo que la Asociación Médica Mundial afirma que: “la eutanasia, es decir, el acto deliberado de poner fin a la vida de un paciente, aunque sea por voluntad propia o a petición de sus familiares, es contraria a la ética”.
Luis Miguel Pastor. Presidente de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica (AEBI). Catedrático de la Universidad de Murcia
