La interrupción voluntaria del embarazo debe regularse como un derecho y no como un delito despenalizado; es, además, una cuestión de salud pública que salva vidas y una decisión que debe recaer en las mujeres. Esta fue la tesis central defendida por la enfermera y activista feminista, Josefina Jiménez, durante la charla-coloquio “Feminismo y Salud Sexual y Reproductiva: Actualización en torno al debate de la IVE”, celebrada en la Universidad de Almería.
La conferencia de Josefina Jiménez ha sido organizada por el Grupo de Buenos Tratos de Acciónenred Andalucía y el Laboratorio de Antropología Social y Cultural de la Facultad de Humanidades almeriense.
El aborto como cuestión de salud pública
En su conferencia, Josefina Jiménez defendió que el aborto es, ante todo, una cuestión de salud. Afirmó que los datos internacionales demuestran que los abortos se producen con independencia de la regulación existente; lo que cambia es si se realizan en condiciones seguras o en contextos de precariedad que ponen en riesgo la vida de las mujeres. Recordó que decenas de miles mueren cada año en el mundo debido a abortos practicados en condiciones insalubres y defendió que su garantía dentro del sistema sanitario público salva vidas y asegura nacimientos deseados, vinculados a condiciones mínimas de dignidad.
Un equilibrio entre bienes jurídicos
Como segundo argumento, planteó el debate sobre el valor de la vida en gestación. Sostuvo que no puede equipararse automáticamente la vida en gestación con la persona ya nacida, y defendió que la legislación debe equilibrar ambos bienes, aumentando progresivamente la protección del feto conforme avanza el embarazo, sin anular el derecho de las mujeres a decidir. En este sentido, aludió al debate filosófico entre “potencia y acto”, señalando que algo que puede llegar a ser no puede considerarse lo mismo que lo que ya es, criterio que —según recordó— ha sido respaldado por el Tribunal Constitucional.
El derecho de las mujeres a decidir
El tercer gran argumento que expuso fue que no es posible proteger la vida en gestación sin contar con las mujeres, reivindicando que la decisión sobre la interrupción del embarazo debe recaer en quien gestiona su propio cuerpo y afronta las consecuencias vitales de esa maternidad. Subrayó que históricamente las mujeres han sido apartadas de esta decisión, delegada en médicos, jueces o figuras paternas, y defendió que se trata de una determinación personalísima que afecta profundamente al proyecto de vida.
Contexto social y riesgos de retroceso
Jiménez alertó de que el desconocimiento de la magnitud del problema facilita los retrocesos en derechos reproductivos. Considera imprescindible conocer cómo se aplica la ley, identificar sus avances y déficits, y contrarrestar los ataques que ponen en riesgo la igualdad. Asimismo, invitó a analizar con detenimiento los datos sobre juventud e igualdad, señalando que, aunque existe un amplio apoyo declarado a la igualdad y al rechazo de la violencia de género, también emergen discursos reaccionarios que conviene examinar críticamente.
