La nueva Ley General de Seguridad Social obliga a las empresas a cotizar por los estudiantes en prácticas académicas. Esta medida, recogida en el Real Decreto-ley 2/2023 puede frenar la incorporación de estudiantes a empresas, para realizar un periodo de prácticas académicas externas, al menos, así lo entiende la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas (AUPA), que se ha mostrado contraria con esta reformar.
En un comunicado, la AUPA ha valorado «con profunda preocupación» la situación que se crea tras la aprobación de esta medida recogida en la Ley General de Seguridad Social, por las «gravosas consecuencias que esta medida puede tener desde el punto de vista de sus costes y de su gestión administrativa – en referencia a las empresas -, así como por las implicaciones que puede tener en el correcto desarrollo formativo del estudiantado«.
Al mismo tiempo, las universidades andaluzas han manifestado su «desacuerdo con una reforma de la que se deriva una cotización obligatoria a la Seguridad Social con ocasión de la impartición de una asignatura por el mero hecho de que su desarrollo se produzca fuera del aula y en colaboración con el tejido administrativo, productivo o asociativo. Particularmente, nos preocupa cómo se podrán gestionar las prácticas vinculadas a las administraciones públicas».
Es por ello que reclaman una «solución diferente» y se unen a la solicitud realizada por la Conferencia General de Política Universitaria de prórroga de, al menos, un año para la entrada en vigor de esta medida.
