La coalición, integrada por ANSE, Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar, Ecologistas en Acción, FAVCAC, Pacto por el Mar Menor, SEO/BirdLife y WWF, coincidieron en que la crisis ecológica del Mar Menor es el resultado de un modelo de crecimiento insostenible, que ha priorizado la agricultura intensiva y el desarrollo urbanístico descontrolado, y del incumplimiento sistemático de las Directivas europeas que regulan la protección de la biodiversidad, el agua y el uso de nitratos, entre otras.
Asimismo, las organizaciones subrayaron durante la reunión que la DANA ha sido el desencadenante y no la causa principal de este grave episodio de mortandad de peces y otras especies marinas. Un argumento contrario al mantenido de manera irresponsable hasta el momento por las autoridades de la comunidad autónoma.
Esta coalición ha pedido a la ministra Ribera ocho medidas imprescindibles para salvar el Mar Menor, y a las poblaciones ribereñas que lo conforman. Consideran que para evitar la pérdida de este entorno único debe crearse una comisión de seguimiento eficaz que cuente con la participación de todas las administraciones implicadas y los colectivos sociales con la tutela del Ministerio. Esta comisión deberá dar seguimiento de la aplicación de las leyes y las medidas decididas en este órgano por parte de la comunidad autónoma y del Estado.
Por otro lado, demandan que continúe el cierre de todos los pozos y desalobradoras ilegales que han funcionado bajo la impunidad durante 25 años. De la mano de esta medida, las organizaciones solicitan la reconversión de una agricultura intensiva que incumple normativas, en especial las relativas al uso de fertilizantes y nitratos.
Otra de las medidas que trasladaron a la titular del MITECO fue la necesidad de renaturalizar el entorno del Mar Menor, que comprende la restauración de los cauces de las ramblas a su estado original o la creación de un cinturón verde entorno a la laguna que incluya una red de filtros verdes. Igualmente, controlar y cesar la expansión del urbanismo entorno a la laguna, que incluya una moratoria urbanística para una ordenación del territorio sostenible.
Por último, las organizaciones solicitan la reparación de la red de saneamiento y depuración de las aguas residuales urbanas, una gestión de fondos para las medidas adoptadas en la protección del Mar Menor por parte del Ministerio competente en materia de Medio Ambiente y que se vele por el destino de fondos públicos en espacios públicos del entorno del Mar Menor, evitando financiar cualquier infraestructura pública cuya finalidad sea favorecer actividades productivas de carácter privado.
