Los algoritmos de las redes sociales pueden estar condicionando nuestra opinión y debilitando la democracia

Las plataformas digitales, los servicios de intermediación y las redes sociales se han convertido en actores decisivos en la construcción de la opinión pública. Su influencia va mucho más allá de facilitar el acceso a contenidos: intervienen en la selección y difusión de la información con la que los ciudadanos construyen su visión de la realidad y toman decisiones, también en el ámbito político.

Esta transformación plantea importantes interrogantes sobre el funcionamiento de las democracias y la capacidad de los ciudadanos para formarse una opinión libre. ¿Hasta qué punto decidimos por nosotros mismos qué pensamos o estamos condicionados por los contenidos que los algoritmos seleccionan para nosotros?

La profesora de Derecho Constitucional de la UNED Ana Galdámez Morales estudia las consecuencias de este fenómeno en su monografía De las tecnologías disruptivas y su ordenación jurídica. Proceso, naturaleza y sistema constitucional de la comunicación digital, publicada por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC).

El libro recoge los resultados de su tesis doctoral, revisada y actualizada, que obtuvo el Premio Nicolás Pérez Serrano 2024 a la mejor tesis doctoral en Derecho Constitucional.

La investigadora reconoce las ventajas de las nuevas tecnologías, pero advierte de riesgos que convergen en lo que considera «un proceso de paulatina desactivación de la autonomía ciudadana como sustrato de la democracia».

Y es que, como explica, «para que la democracia funcione necesitamos información sobre la gestión de los asuntos públicos. Con esa información conformamos la opinión que después se manifiesta en el ejercicio del derecho de sufragio (el voto)». Y añade: «Pero si la opinión pública se ve adulterada, manipulada o sesgada, es una opinión que no está informada».

El problema, señala, es que la sensación de disponer de información ilimitada puede ocultar una realidad muy distinta. «En las redes sociales parece que estamos más cerca de la información, con todo a nuestro alcance, cuando realmente estamos cada vez más dentro de una burbuja que reduce la porción de realidad que podemos ver».

El poder invisible de los algoritmos de las redes sociales

Ana Galdámez.

Los algoritmos que organizan buena parte de la comunicación digital utilizan nuestros datos para seleccionar los contenidos que recibimos. De este modo, las plataformas construyen entornos personalizados que pueden reforzar nuestras preferencias y limitar el contacto con perspectivas diferentes.

«Las redes sociales funcionan de acuerdo con una lógica algorítmica que se alimenta de nuestros datos para construir una burbuja autorreferencial diseñada para condicionar esa opinión, que constituye la base de nuestra toma de decisión (en un sentido político)», explica Galdámez.

La investigadora advierte de que este funcionamiento afecta a nuestra capacidad de deliberar y participar conscientemente en el debate público. No se trata únicamente de la difusión de noticias falsas o desinformación, sino de la propia estructura de unos servicios diseñados para captar nuestra atención y ofrecernos contenidos que nos resultan satisfactorios.

«Creo que estamos cediendo huellas digitales y renunciando a intervenir en el diálogo acerca del modelo de sociedad que buscamos», señala la profesora de la UNED.

Galdámez describe, además, un mecanismo especialmente difícil de percibir: «el de las plataformas es un poder invisible que se ejerce sobre las personas y que parece legitimarse precisamente porque no se impone, sino que complace, hasta el punto de que nos despreocupamos de las condiciones en que tiene lugar esa satisfacción que nos lleva a la decisión».

Las grandes tecnológicas concentran el poder sobre los datos

Detrás de este funcionamiento se encuentra, además, una importante concentración de poder en manos de las grandes corporaciones tecnológicas. El control de los datos y de los sistemas que determinan qué información llega a cada usuario se ha convertido en un elemento decisivo de la comunicación digital.

«La soberanía pertenece a quien controla los datos, su tratamiento y la programación algorítmica: son las grandes empresas tecnológicas (que defienden sus propios intereses) las que detentan un poder decisivo, ejercido en régimen de oligopolio, de carácter absolutamente privado y solo recientemente regulado, en parte», afirma Galdámez.

Para la investigadora, reconocer la verdadera función de estas empresas resulta imprescindible para establecer sus responsabilidades jurídicas. Las plataformas han adquirido una posición central en el espacio público digital y una capacidad de influencia sobre la opinión ciudadana que exige revisar el modo en que se regulan.

La regulación europea de las plataformas digitales sigue siendo insuficiente

La Unión Europea ha avanzado en la regulación de las plataformas digitales, incorporando mayores obligaciones de protección de datos, supervisión y control de riesgos para los derechos fundamentales. Sin embargo, Galdámez considera que las nuevas normas no resuelven por completo el problema.

Uno de los principales límites que identifica es que las propias empresas siguen siendo responsables de moderar los contenidos que circulan por sus servicios, pese a que sus decisiones pueden afectar a las libertades de expresión e información.

«No se les reconoce función editorial (de ahí la naturaleza distinta de los medios de comunicación) pero tampoco se aborda el determinante papel que ocupan actualmente en el desarrollo de campañas electorales y en la conformación de la opinión», explica.

La profesora considera que el marco jurídico sigue prestando demasiada atención a la retirada de contenidos y no suficiente al funcionamiento interno de las plataformas y sus sistemas algorítmicos, que condicionan qué información alcanza a los ciudadanos.

Los derechos fundamentales por encima de los intereses de las grandes tecnológicas

Frente a estas limitaciones, la principal aportación de su investigación es la propuesta de un sistema constitucional de la comunicación digital que sitúe los derechos fundamentales en el centro de la regulación, en lugar de subordinar su protección al desarrollo tecnológico o a los intereses económicos.

La profesora recuerda que las garantías tradicionales de la libertad de expresión se construyeron principalmente para proteger a los ciudadanos frente a posibles restricciones del Estado. Sin embargo, el entorno digital ha incorporado nuevos actores privados con capacidad para intervenir decisivamente en la circulación de información.

«Situar al ciudadano (titular de derechos) en el centro, y a la opinión pública libre como principal bien jurídico protegido, implica que los derechos fundamentales se convierten también en el marco de referencia, asumiendo su protección por encima de los intereses del mercado», sostiene.

Esta perspectiva exige, según su investigación, cambiar también la manera de valorar el progreso tecnológico. Frente a una visión centrada en el crecimiento económico y la competitividad, Galdámez defiende que las garantías constitucionales deben constituir el criterio fundamental.

«Yo creo que el verdadero progreso es el que se mide en términos de garantía y reconocimiento de los derechos», afirma.

La investigadora insiste en que combatir la desinformación mediante la retirada de contenidos no basta para afrontar el problema de fondo. A su juicio, es necesario intervenir sobre las condiciones que hacen posible la influencia algorítmica, sin dejar exclusivamente en manos de las plataformas las decisiones que afectan al ejercicio de los derechos.

Así, afirma que «no se ofrece una respuesta al que creo que es el núcleo del problema: el funcionamiento interno de las plataformas digitales, la estructura algorítmica que atrapa al usuario y que convierte a la pantalla en una droga para el cerebro modulando voluntades».

Su conclusión trasciende el debate electoral y plantea una cuestión de fondo para el futuro de la democracia: cómo garantizar una opinión pública libre cuando buena parte de la información circula a través de sistemas controlados por empresas privadas.

«Yo creo que debemos superar esa óptica y defender que hay bienes jurídicos cuya protección constitucional es irrenunciable», concluye.