La Universidad de Granada (UGR) ha renunciado a implantar el Grado en Tecnología Industrial y de Materiales el próximo curso, tal y como había previsto. Retrasos en el proceso de verificación de la Junta de Andalucía ha motivado esta decisión y ha provocado una crisis similar a la vivida el año pasado con los de Ingeniería Biomédica y de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial.
El rector de la UGR, Pedro Mercado, ha informado de la drástica decisión en torno a este grado que nacía vinculado al acelerador de partículas de IFMIF-DONES. Ha explicado que atún están pendientes de resolverse las alegaciones de la institución al informe desfavorable de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA).
Según recogen medios de comunicación granadinos, el rector ha confirmado que todavía no hay fecha para estudiar las alegaciones en el Consejo de Universidades, por lo que «evidentemente a estas alturas no se va a someter a ningún estrés ni incertidumbre» a los estudiantes y sus familias.
La ACCUA emitió un informe desfavorable a la implantación del Grado en Tecnología Industrial y de Materiales. Alegó que había un uso inadecuado en el uso de la palabra ‘materiales’, así como una «deficiencia grave» en la estructura de aprendizaje.
Una situación similar a lo vivido el año pasado
Lo ocurrido ahora con el grado de materiales recuerda a lo vivido hace un año con los grados en Ingeniería Biomédica, compartido con la Universidad de Jaén, y el Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de Melilla, aunque en esta ocasión ha primado la prudencia y se ha decidido no ofertarlo.
Estos grados, que finalmente se estrenarán en septiembre, llegaron a incluirse en el listado de preinscripción y cientos de estudiantes los incluyeron en su solicitud de acceso. Finalmente se retiraron en la fase previa a la matrícula. Esto causó inconvenientes a los estudiantes que los eligieron en primera opción, así como un desprestigio a las universidades andaluzas.
La situación vivida con Ciencia de Datos e Ingeniería Biomédica abrió una crisis pocas veces vista entre la Administración andaluza y las dos universidades perjudicadas, especialmente con la Universidad de Jaén, cuyo rector hizo visible su malestar en varias ocasiones.
