Aunque las patentes de medicamentos desempeñan un papel fundamental en la promoción de la innovación y el desarrollo de nuevos tratamientos, también tienen implicaciones en términos de precio, disponibilidad y acceso en países en vías de desarrollo. Un libro que amplía el panorama en este tema es Análisis jurídico-político de la Decisión Andina 486 de 2000: Patentes farmacéuticas y licencias obligatorias, presentado en la Feria Editorial de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL).
Cuando una compañía farmacéutica obtiene la patente para un medicamento, adquiere el derecho exclusivo de fabricarlo y venderlo durante un periodo de tiempo determinado. Sin embargo, esta exclusividad puede llevar a elevar el precio, ya que la compañía busca recuperar los costos invertidos en la investigación y el desarrollo.
Como resultado, algunas personas pueden enfrentar dificultades para costear sus tratamientos médicos, especialmente si tienen enfermedades crónicas o graves en las que los medicamentos patentados son esenciales para su manejo. Por eso hoy se busca garantizar que estos estén disponibles y sean asequibles sin comprometer los incentivos para la investigación y el avance médico.
Análisis jurídico-político de la Decisión Andina 486 de 2000 reúne el aporte de diferentes investigadores de este campo del conocimiento y hace un balance de dicha Decisión, una normativa adoptada por la Comunidad Andina de Naciones (CAN) que establece las disposiciones relacionadas con la protección de los derechos de propiedad intelectual, incluyendo las patentes de invención y los medicamentos. Como resultado, se plantean algunas recomendaciones e ideas que se podrían aplicar en Colombia para facilitar el acceso a medicamentos.
El profesor Martín Uribe Arbeláez, de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la UNAL, coautor del libro, expresa que “lo ideal sería que no hubieran patentes en medicamentos, pero en el contexto actual es muy difícil, y es por eso que se propone usar las flexibilidades, para que la misma Organización Mundial del Comercio –que regula las normas por las que se rige el comercio entre las naciones– haga asequibles los medicamentos a los pacientes que los requieran”.
En Colombia una patente de medicamentos sigue un proceso similar al de otros países. Para obtenerla, se debe presentar una solicitud detallada que describa la invención y cumpla con los requisitos de patentabilidad, como novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) es la entidad encargada de evaluarlas y concederlas.
Entre los temas que se ahondan en el libro se explica que la inversión extranjera por sí sola no beneficia al país, por el contrario, lo perjudica. “La inversión extranjera sirve siempre y cuando esté condicionada a que haya una efectiva transferencia de tecnología”, dice el académico.
También expresa que el país ha perdido la capacidad farmacéutica pero que aún queda el mecanismo de las importaciones paralelas para traer medicamentos genéricos de países como India y Brasil; este último, por ser vecino de Argentina, reduciría los costos de los medicamentos y facilitaría el debido acceso.
Otro de los puntos clave que se plantea es que los acuerdos comerciales suscritos por Colombia con países como Estados Unidos, o los que forman parte de la Unión Europea, han estropeado las disposiciones pactadas con las comunidades, por el efecto que surte en el encarecimiento de los medicamentos, y es por ello que se sugiere replantear dichas relaciones en el marco del bienestar para el país.
Estos temas, además de los signos distintivos de las marcas de color que se manejan en la industria farmacéutica, por ejemplo, se abordan en seis capítulos de la obra que se puede encontrar en la Librería UNAL en su versión impresa y en los próximos días se podrá acceder a la digital.
