Dos profesores de la Universidad de Murcia, Francisco Alcalá y Fernando Jiménez han coordinado el informe Los costes económicos del déficit de calidad institucional y la corrupción en España, elaborado en el marco de colaboración de la Fundación BBVA y el Ivie, que asegura que elevar la calidad institucional en España hasta el nivel que le correspondería dada la productividad del país permitiría incrementar el PIB per cápita en un 16% en un plazo de unos 15 años.
Según las conclusiones de este estudio, los costes económicos que tiene el déficit de calidad institucional y la corrupción van mucho más allá del montante de los fondos públicos apropiados indebidamente. La corrupción disminuye la rentabilidad de los proyectos empresariales, incrementa su incertidumbre, reduce los niveles de inversión y desvía recursos humanos y financieros hacia la influencia en los órganos de decisión pública en lugar de asignarlos a actividades productivas, y orientan los esfuerzos hacia la búsqueda de privilegios desincentivando el emprendimiento y la innovación. Se traduce, finalmente, en menor productividad, mayor desempleo y salarios inferiores a los que serían posibles con la tecnología y el capital humano disponible.
Más inversión y productividad
Según explica Francisco Alcalá, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico, el impacto positivo que tendría la mejora de la calidad institucional sobre el PIB se produciría indirectamente, a través de mecanismos que aumentarían la inversión y la productividad y, con ellos, la producción y el empleo. La mayor seguridad jurídica, la reducción de la corrupción, la eliminación de trabas administrativas, la mejor regulación, la mayor competencia, etc. incentivarían la inversión nacional y extranjera, harían más fáciles y rentables el emprendimiento y la innovación y mejorarían la asignación de recursos privados y públicos hacia las actividades más productivas. Estas estimaciones están basadas en el trabajo de un buen número de investigadores en Economía que, a lo largo de las últimas dos décadas, han situado la calidad institucional entre los factores fundamentales para el desarrollo económico.
Estas investigaciones han permitido estimar el coste medio que tiene la baja calidad institucional en los países, en términos de renta per cápita y productividad, y son la base de los cálculos que se realizan en este informe.
La calidad de las instituciones de gobernanza española se sitúa entre el 20% de los países con un mayor nivel en el mundo, según los indicadores del Worldwide Governance Indicators (WGI), elaborados para el Banco Mundial y con información sobre 154 países. Sin embargo, los resultados que obtiene España se sitúan por debajo de lo que le correspondería de acuerdo con el desarrollo de su economía. España obtiene un valor de 6,8 sobre 10 en el indicador combinado de calidad institucional, frente al 8 de la media de Alemania, Francia y Reino Unido, que constituyen modelos de economía avanzada. Ahora bien, se sitúa así mismo por delante de otras economías mediterráneas como la italiana y la griega, cuya calidad institucional promedio apenas alcanza un valor de 5,8.
El informe del IVIE incluye recomendaciones para incrementar la calidad institucional en España que clasifica en tres grandes líneas de actuación: refuerzo de los controles y contrapesos del poder, mejora de la independencia, calidad y transparencia de la administración y mejora de la efectividad de las elecciones como mecanismos de selección y control. Entre las medidas concretas destacan cuestiones como mejorar la independencia del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, mejorar la ley de enjuiciamiento criminal, eliminar aforamientos, reducir el número de puestos de confianza en la Administración, o acabar con las listas cerradas en las elecciones, para que los electores puedan elegir a qué políticos quieren votar.
El informe completo puede consultarse en: https://www.fbbva.es/publicaciones/los-costes-economicos-del-deficit-calidad-institucional-la-corrupcion-espana/
