El Parlamento de Andalucía aprobó, este miércoles, la Ley Universitaria para Andalucía (LUPA). Este texto, que ha salido adelante con los votos positivos del Partido Popular y el rechazo del resto de los grupos políticos, lleba para «redefinir» el sistema universitario andaluz. El consejero de Universidades, José Carlos Gómez Villamandos, ha asegurado que “su aprobación permite dar un paso firme para que el futuro de la comunidad se escriba desde el conocimiento, la universidad y el talento”. La norma llega con la oposición de los rectores.
Una ley que nace para impulsar el desarrollo de Andalucía desde el conocimiento
El titular de Universidad ha destacado que la nueva norma contribuirá al desarrollo de la región desde “un prisma multisectorial”, fijando talento, generando oportunidades y convirtiendo el conocimiento en empleo, innovación y cohesión territorial.
Asimismo, ha apuntado que esta ley posibilitará a las universidades “desplegar todo el potencial con el que cuentan, que ya de por sí es excelente”, al tiempo que ha indicado que, con ella, se pone de manifiesto que el Ejecutivo autonómico “cree en los jóvenes, confía en el conjunto del personal universitario y entiende la universidad como un servicio público esencial al servicio del interés general”.
Objetivos de la LUPA
La LUPA, que sustituye al actual documento legislativo que data de 2013, tiene como objetivos incrementar los derechos del estudiantado, proteger el sistema público universitario y consolidar su modelo de financiación, estabilizar la carrera académica, promocionar la internacionalización y apostar por la formación continua. De igual modo, reconoce la necesidad de fomentar el acceso a la vivienda del alumnado, impulsa una mayor transparencia de las instituciones académicas, mejora la gobernanza y endurece las condiciones para la creación de universidades privadas.
En materia de estudiantado, la ley amplía los derechos reconocidos hasta ahora a los alumnos, a los que se les reconoce la bonificación de las matrículas, la desconexión digital o la suspensión temporal de los estudios. También refleja, por primera vez, la necesidad de fomentar el acceso a las residencias de los estudiantes a través de programas de actuación conjunta de las instituciones académicas. El documento también incluye en su articulado la promoción de programas para la movilidad del estudiantado con el fin de mejorar su formación integral y el conocimiento del entorno social, cultural y académico autonómico, estatal e internacional, dando prioridad a la cobertura del Erasmus+.
En relación con el personal docente e investigador (PDI) y el personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS) de las universidades públicas, la LUPA se asienta sobre tres ejes: estabilidad, mérito y garantías en la carrera profesional.
En su contenido se flexibiliza la compatibilidad de la actividad del PDI para fomentar la transferencia del conocimiento y el perfeccionamiento de su formación, se recupera la figura del profesorado ayudante, se limita el uso indebido de la figura del profesor sustituto interino y se instaura, por primera vez, la obligatoriedad de un nivel de idioma extranjero (B2) para el acceso a la figura de ayudante doctor a partir de 2029, una medida que también será exigible para la obtención de títulos universitarios oficiales y que contará con ayudas específicas de la Junta y de las propias universidades.
Novedades en la gobernanza de las universidades
La norma introduce novedades en lo relativo a la gobernanza, de modo que las universidades tendrán mayor autonomía en materia de personal y en el ámbito de planificación de la programación académica. De esta manera, se regulan órganos de coordinación autonómica como el Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria, espacio de diálogo y planificación estratégica entre el Gobierno andaluz y las universidades, y el Consejo Asesor de Estudiantes de las Universidades Públicas de Andalucía, que permitirá canalizar propuestas y consultas de forma estable.
En el área de la financiación, la LUPA consolida y da estabilidad al modelo de financiación de las universidades públicas andaluzas, que se acompaña de mecanismos de evaluación y control del gasto público basado en indicadores de calidad y resultados. Además, se establece el uso de remanentes no afectados, que permitirá a las universidades públicas planificar su gestión. Junto a estas medidas, otras de las novedades es que las instituciones académicas contarán con la figura de un interventor como parte del personal técnico y de administración, toda vez que se refuerzan las competencias de inspección, evaluación y sanción.
En el ámbito de la gestión universitaria, uno de los aspectos más relevantes es que se regulan, por primera vez, los campus universitarios, definiéndolos y estableciendo la necesidad de dotarlos de los recursos necesarios de carácter docente, de personal técnico y de administración, de infraestructuras y de servicios a la comunidad universitaria.
En cuanto a los Consejos Sociales, se refuerzan sus funciones en la captación de fondos, se garantiza su financiación a través del modelo de financiación, se incluyen mayores exigencias de transparencia y objetividad en sus actividades y se crea el Consejo Andaluz de Consejos Sociales Universitarios.
Oposición de los rectores
Las Universidades Públicas de Andalucía, a través de su portavoz, Paco Oliva, mostraron su oposición a esta ley en la Comisión de Universidad, Investigación e Innovación del Parlamento andaluz, celebrada en diciembre. Se quejaron de cambios de última hora en el texto que ha llegado a la Cámara andaluza. Denunciaron cambios “sustanciales y no consensuados”, que podrían vulnerar la autonomía universitaria y contravenir la normativa estatal.
Oliva recordó que las universidades “hemos mantenido un ejercicio de diálogo real y constructivo con la Consejería durante meses”, y que el borrador negociado en 2024 obtuvo el aval de las instituciones académicas. Sin embargo, ha señalado que “el texto actual difiere en aspectos esenciales del que se trabajó de forma conjunta, lo que nos obliga a expresar nuestra preocupación ante esta Comisión”.
Uno de los principales motivos de alarma, según las universidades, es la posible vulneración del derecho fundamental a la autonomía universitaria, reconocido en la Constitución Española y desarrollado por la LOSU. La nueva redacción de la LUPA incluye varios artículos que podrían suponer una injerencia directa de la administración autonómica en competencias exclusivas de las universidades.
Igualmente, las universidades consideraron restrictivo y poco democrático que el proyecto de ley fije un número máximo de integrantes para órganos colegiados como Claustro, Consejo de Gobierno, centros y departamentos, competencias que la LOSU reserva a los Estatutos de cada universidad.
En materia de contratación, las universidades rechazaron la revisión semestral por parte de la Consejería de las causas de contratación del profesorado sustituto, así como la creación de figuras contractuales no contempladas en la LOSU.
Otro punto especialmente controvertido es la obligatoriedad de incorporar una figura de interventor externo perteneciente a cuerpos específicos de las Administraciones públicas. Según Oliva, “las universidades ya contamos con un sistema de control económico riguroso, independiente y sometido además al escrutinio de Consejos Sociales, auditorías externas y la Cámara de Cuentas”.
