Las Universidades Públicas de Andalucía, a través de su portavoz, Paco Oliva, han trasladado hoy en la Comisión de Universidad, Investigación e Innovación del Parlamento andaluz su preocupación por diversos aspectos del Proyecto de Ley Universitaria para Andalucía (LUPA). Tras más de un año desde que las universidades emitieran un informe favorable al borrador inicial, el texto que llega a la Cámara incorpora cambios “sustanciales y no consensuados”, que podrían vulnerar la autonomía universitaria y contravenir la normativa estatal. La Junta de Andalucía niega las acusaciones de los rectores.
Oliva ha recordado que las universidades “hemos mantenido un ejercicio de diálogo real y constructivo con la Consejería durante meses”, y que el borrador negociado en 2024 obtuvo el aval de las instituciones académicas. Sin embargo, ha señalado que “el texto actual difiere en aspectos esenciales del que se trabajó de forma conjunta, lo que nos obliga a expresar nuestra preocupación ante esta Comisión”.
Inconstitucionalidad de la LUPA
Uno de los principales motivos de alarma, según las universidades, es la posible vulneración del derecho fundamental a la autonomía universitaria, reconocido en la Constitución Española y desarrollado por la LOSU. La nueva redacción de la LUPA incluye varios artículos que podrían suponer una injerencia directa de la administración autonómica en competencias exclusivas de las universidades.
Entre ellos, destaca la previsión de que la Relación de Puestos de Trabajo del personal docente y del personal de administración deba ser aprobada mediante Orden de la Consejería. “Nunca antes la Junta ha intervenido en la configuración interna de nuestras plantillas, porque forma parte del núcleo esencial de la autonomía universitaria”, ha subrayado Oliva.
Igualmente, las universidades consideran restrictivo y poco democrático que el proyecto de ley fije un número máximo de integrantes para órganos colegiados como Claustro, Consejo de Gobierno, centros y departamentos, competencias que la LOSU reserva a los Estatutos de cada universidad.
En materia de contratación, las universidades rechazan la revisión semestral por parte de la Consejería de las causas de contratación del profesorado sustituto, así como la creación de figuras contractuales no contempladas en la LOSU.
Un interventor externo
Otro punto especialmente controvertido es la obligatoriedad de incorporar una figura de interventor externo perteneciente a cuerpos específicos de las Administraciones públicas. Según Oliva, “las universidades ya contamos con un sistema de control económico riguroso, independiente y sometido además al escrutinio de Consejos Sociales, auditorías externas y la Cámara de Cuentas”.
Por otra parte, ha señalado que el proyecto de ley atribuye a los Consejos Sociales funciones que exceden lo establecido en la normativa estatal, así como una mayor dependencia del Gobierno andaluz. Especial preocupación genera la nueva competencia para aprobar el Plan Plurianual de Financiación.
Asimismo, las instituciones académicas consideran necesario recuperar la referencia normativa a la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía, presente en borradores anteriores y eliminada del texto actual.
Respecto al tratamiento normativo que reciben las universidades privadas, Oliva ha exigido que los programas de becas financiados con fondos públicos se destinen exclusivamente al estudiantado de la pública, y que las universidades aún no constituidas cumplan todos los requisitos legales antes de iniciar su actividad.
Una ley sin financiación suficiente no es aplicable
En este sentido, Paco Oliva ha insistido en que la futura ley requiere una financiación adecuada para su aplicación real. “Si no se alcanza cuanto antes el 1% del PIB en financiación universitaria, como recoge la LOSU, muchas de las obligaciones que impone esta ley serán inviables. Una ley sin financiación está condenada a convertirse en papel mojado o, peor aún, a poner en riesgo la sostenibilidad del sistema público”.
En su conclusión, el representante de las universidades públicas ha reiterado que el objetivo común es contar con una norma sólida, estable y útil para el futuro del sistema universitario andaluz. “La ley que entre en vigor debe poder perdurar; para eso debe respetar la autonomía universitaria y ajustarse al marco estatal”. Por ello, el portavoz de las universidades ha instado a los grupos parlamentarios a que reconsideren los artículos conflictivos durante el trámite de enmiendas.
La Junta de Andalucía niega las acusaciones de los rectores y defiende la constitucionalidad de la LUPA
La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía ha reaccionado a las manifestaciones realizadas por el presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía y ha asegurado que el proyecto de Ley Universitaria para Andalucía (LUPA) cumple rigurosamente con la Constitución, la normativa estatal y el principio de autonomía universitaria, tal y como han ratificado el Gabinete Jurídico de la Junta y el Consejo Consultivo de Andalucía.
Tras la emisión del informe favorable del Consejo Andaluz de Universidades, la norma ha seguido la tramitación ordinaria de cualquier ley, incorporando mejoras técnicas derivadas de informes de órganos independientes como el Consejo Consultivo, el Consejo de Transparencia o la Agencia de la Competencia. En lo sustancial, el contenido del anteproyecto no ha sido modificado, salvo para incorporar estas mejoras.
La Consejería, que ha agradecido las aportaciones realizadas por los agentes sociales durante las comparecencias realizadas hoy en el Parlamento, recuerda que el propio Consejo Consultivo concluye que la LUPA no vulnera la autonomía universitaria en ningún caso.
En relación con la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), esta exigencia no es una novedad, sino una obligación establecida en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) estatal en su artículo 46.2.e. Además, este precepto ya estaba incluido en el borrador apoyado y votado favorablemente por los rectores en el Consejo Andaluz de Universidades que se celebró en octubre de 2024.
Esto es lo que sucede también con la regulación del tamaño máximo de los órganos colegiados: no ha cambiado ni una coma respecto al texto respaldado por los rectores, y el Consejo Consultivo señala expresamente que la Comunidad Autónoma es competente para fijar estos criterios.
Por otro lado, la revisión del uso de figuras de profesorado sustituto responde a una propuesta sindical destinada a evitar abusos y la conversión de esta figura en estructural, dado que casi un 20% del profesorado actualmente es sustituto en las universidades públicas andaluzas. Para ello se impulsa la creación de la figura de Ayudante, con condiciones laborales y académicas dignas.
