Llamamiento desesperado de la Plataforma Solar de Almería contra las restricciones del...

Llamamiento desesperado de la Plataforma Solar de Almería contra las restricciones del Gobierno

Plataforma Solar de Almería.
Plataforma Solar de Almería.

La prohibición de gastar fondos, aunque se tengan, y el riguroso control del gasto al que se ha sometido desde el Gobierno a los centros de investigación, está poniendo en peligro al que es considerado el centro más importante del mundo en tecnologías solares térmicas de concentración, la Plataforma Solar de Almería, que lidera proyectos e iniciativas internacionales impulsadas por la Unión Europea. Así lo pone de manifiesto una movilización iniciada a través de Change.org por los propios trabajadores de la plataforma solar, que este jueves ya supera los 12.000 apoyos.

Según denuncia el colectivo de trabajadores de la PSA “las normas impuestas por el Gobierno a los organismos públicos de investigación desde enero de 2016 están dañando de forma irreversible la excelente reputación de la PSA, reputación que mantiene desde su nacimiento hace más de 30 años“. Al parecer, esas restricciones impiden la gestión de la instalación, ya que “no sólo hacen que participar en nuevos proyectos de investigación sea imposible, sino que también impide desarrollar correctamente los proyectos en  marcha, llegando incluso a la grave situación de tener que devolver los fondos  concedidos por la Comisión Europea, en algunos casos con intereses“.

“No es un problema de liquidez o falta de fondos”

En este caso “no se trata de un problema de liquidez, ni de falta de fondos“, aseguran desde la PSA, ya que “dada su calidad científica y técnica, ha podido conseguir fondos en convocatorias internacionales altamente competitivas de I+D”. El problema parece estar en “la prohibición de gastar dichos fondos“.

Así, pese a tener recursos, desde agosto de 2016 hasta junio de 2017, la PSA no ha podido adquirir ningún equipamiento. Una orden dada con el argumento de reducir el déficit público “que no tiene justificación ya que los fondos recibidos provenientes de la Comisión Europea no afectan al déficit público español” y que a juicio de los investigadores del centro provocará que “no sólo se pierda esta inversión en España, sino también puestos de trabajo, prestigio y credibilidad para la financiación de nuevos proyectos de investigación“.

La “grave situación” de la PSA “se agrava más y más cada día con la imposición de normas cada vez más restrictivas“, a pesar de las numerosas y reiteradas comunicaciones advirtiendo del problema “utilizando todos los cauces oficiales”. Por ello, y ante la falta de respuesta del Gobierno, se ha emprendido una campaña de recogida de apoyos que reclama el cambio “urgente” de las normas impuestas “ya que están causando un daño irreparable a las actividad de I+D de la PSA“. “La transparencia y control debe permitir el desarrollo de proyectos de investigación financiados por la Unión Europea que contribuyen al desarrollo, riqueza y creación de empleo. Este último punto está sobradamente demostrado por proyectos realizados en la PSA cuando las normas de gestión eran diferentes a las actuales”, afirman en la petición los trabajadores del centro.

El 40% de los investigadores no se podrán incorporar en 2018 pese a tener presupuesto para ello

Como ejemplo del problema, se denuncia que el Gobierno de España impedirá la incorporación a principios de 2018 del 40 por ciento de los puestos de trabajo asociados a personal investigador temporal del centro, “a pesar de que la PSA dispone del presupuesto necesario para ello“, lo que a juicio de los profesionales de la PSA “la condena a la PSA a su desaparición como referente internacional a nivel científico, y a la pérdida de la competitividad para poder seguir teniendo éxito en convocatorias públicas internacionales de I+D que permitan seguir creando desarrollo, empleo y riqueza”.

La PSA está catalogada en España como una Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS) y a nivel europeo está reconocida como Large Scientific Installation por la Comisión Europea.

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