La inteligencia artificial ha invadido el día a día de la ciudadanía y está presente casi en cualquier sector tecnológico. Gestión, cultura, economía, alimentación, arquitectura, ocio, casi todo lo que requiere de tecnología ya puede relacionarse con la inteligencia artificial de forma directa. Pero, ¿qué hay en cuanto a legislación? Y, más en concreto, ¿quién es el responsable de las creaciones por inteligencia artificial y de proteger al usuario si es perjudicado por estas obras?
Ante este contexto nace el proyecto de investigación de la Universidad de Alicante titulado «La nueva era de los algoritmos y la Inteligencia Artificial y su tutela jurídico-privada en el marco de la Unión Europea», un estudio dirigido por Juan Antonio Moreno Martínez, catedrático del Departamento de Derecho Civil de la UA, que ha sido incluido entre los seleccionados del programa Prometeo 2023 para grupos de investigación de excelencia de la Generalitat Valenciana.
Qué objetivos persigue este proyecto jurídico sobre inteligencia artificial
Con cuatro años de duración, por lo que el proyecto finalizará en 2026, la propuesta tiene por objeto el análisis de las medidas de carácter jurídico-privado que ha puesto en marcha la Unión Europea (UE) para la construcción de un marco jurídico comunitario en materia de inteligencia artificial. Además, según explica Moreno Martínez, investigador principal del proyecto, «las medidas de la Unión Europea serán analizadas en relación con el régimen de responsabilidad civil, que incluirá la normativa vigente sobre protección a los consumidores y usuarios por los daños pudieran sufrir por el uso de productos defectuosos cuando intervienen robots dotados de inteligencia artificial».
En el mismo sentido, el estudio profundizará en la relación que guarda la inteligencia artificial con la propiedad intelectual y con los derechos de las personas y, además, en la necesidad de reparar los perjuicios que pudieran padecer las personas ante las decisiones automatizadas adoptadas por estos sistemas inteligentes. También, añade el director del estudio, «cobrará especial importancia la contemplación de la perspectiva de género y la protección de los colectivos más vulnerables en el ámbito de la inteligencia artificial, con particular incidencia en evitar cualquier forma de discriminación, por ejemplo, por la toma de decisiones sesgadas por esta clase de sistemas inteligentes».
Se pretende conseguir con el estudio, en definitiva, dos fines concretos como, por un lado, analizar la forma en que la Unión Europea está tratando de solucionar la problemática jurídica que plantea la actualmente la inteligencia artificial, para, posteriormente, determinar si las propuestas adoptadas por la UE en el ámbito jurídico-privado son suficientes y adecuadas para garantizar el necesario equilibrio entre el progreso científico y la protección de usuarios de robots dotados de inteligencia artificial. Por otro lado, se pretende proponer la adopción de medidas necesarias para proteger a colectivos en situación de vulnerabilidad.
Qué metodología se pondrá en marcha en esta investigación
Por lo que refiere a la metodología, el proyecto parte del análisis de la normativa existente sobre inteligencia artificial, tanto a nivel nacional como comunitario, y su relación con conceptos como la protección de datos personales, la propiedad intelectual e industrial, la salvaguarda de los derechos de los consumidores y usuarios y la responsabilidad civil que pueda derivar del uso de robótica con inteligencia artificial.
Posteriormente, el estudio pretende detectar las carencias y fallos del régimen jurídico vigente y del propuesto desde instancias europeas para, a continuación, «proponer soluciones de uniformización distintas y mecanismos jurídicos adecuados para lograr, en el ámbito de la Unión Europea, un elevado nivel de protección y seguridad de los consumidores y usuarios de robots y otros entes con inteligencia artificial, por un lado, pero también del tejido empresarial, en aras de evitar a toda costa desincentivar el avance científico».
Además, el investigador destaca, entre las soluciones a aportar, «las que tienen por objeto la protección de colectivos especialmente vulnerables, como el conformado por personas dependientes asistidas por robots dedicados a su cuidado, así como los daños que puede ocasionar para las mujeres la configuración de los algoritmos que subyacen al desarrollo de la inteligencia artificial con sesgos de género».
El desarrollo del proyecto se establece por cuatrimestres en los cuatro años de duración, de los cuales ocupan dos años las principales funciones de análisis medidas, clasificación de sistemas de robótica e inteligencia artificial, impacto en los derechos de las personas y seguimiento de acciones legislativas y jurisprudenciales de la UE.
Posteriormente, se emplearán los dos años siguientes para poner en común los resultados y realizar propuestas de mejora, con lo que, finalmente, se difundirán los resultados. En este sentido, el proyecto tiene marcado difundir «resultados definitivos en el último año a través de publicaciones y conferencias impartidas por los investigadores, sin perjuicio de que la difusión de las conclusiones completas se lleve a cabo en el último periodo de ejecución del proyecto mediante la organización de un congreso específico y, en su caso, la publicación de una obra colectiva», confirma el director del proyecto.
El amplio equipo que acompaña a Juan Antonio Moreno Martínez se compone de cerca de una veintena de profesores de Derecho de la Universidad de Alicante, con especial presencia de integrantes del Departamento de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la institución.
