Entre 1977 y 2006 los grupos paramilitares de Colombia usurparon varias de las funciones estatales, se convirtieron en policías y jueces, y además controlaron el negocio del narcotráfico, el hurto de combustible y las extorsiones, e intervinieron en conflictos entre vecinos por temas de linderos o en los casos de violencia intrafamiliar.
Este fue es uno de los principales resultados de la investigación “Surgimiento, trayectoria, daños e impactos causados por las estructuras paramilitares originadas al sur del Magdalena Medio”, la cual reúne cuatro informes de la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, lo que le mereció la “Mención de Honor” de los Premios de la Fundación Alejandro Ángel Escobar 2022, en la categoría de “Ciencias Sociales y Humanas”.
A través de las voces de personas desmovilizadas, víctimas y testigos del conflicto armado, el estudio muestra cómo se instauró el modelo paramilitar tanto en Puerto Boyacá y Chucurí (Magdalena Medio) como en Bolívar hasta su proceso de desmovilización parcial en 2006, en más de 60 municipios de Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Caldas y Tolima.
El politólogo Camilo Ernesto Villamizar Hernández, egresado de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), coordinador del equipo de investigación, afirma que “entre otros factores, el paramilitarismo surgió por la delegación del monopolio de la violencia legítima a élites regionales, a través de un fuerte discurso contrainsurgente y de enemigo interno que no diferenció entre guerrilleros y civiles, con una muy temprana alianza con el narcotráfico y en reacción a los desmanes cometidos por las guerrillas en estos territorios”.
La voz de testigos y víctimas
Esta investigación transdisciplinar en ciencias sociales muestra los escenarios de victimización en los que se perpetraron torturas, homicidios, desapariciones forzadas, masacres, desplazamientos forzados, violencia sexual y reclutamiento ilegal, entre otros crímenes, por medio de los cuales se impuso un orden de violencia que se mantuvo por más de 25 años.
Para evidenciar esta situación se realizaron 761 entrevistas a desmovilizados de los grupos paramilitares, y también participaron 250 víctimas y testigos en talleres y recorridos de memoria, grupos focales y entrevistas individuales. Además se consultaron más de 500 fuentes secundarias entre libros, informes, documentos, sentencias judiciales, prensa y bases de datos.
De igual manera, el estudio recopila estadísticas significativas. Por ejemplo, señala que entre 1982 y 1991 la Fiscalía General de la Nación reportó que el grupo de Puerto Boyacá cometió al menos 72 masacres en 7 departamentos del país; 546 personas fueron reclutadas forzosamente por las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio y por las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá; entre 1982 y 2005 se registraron más de 100 masacres con más de 500 víctimas, y entre 1996 y 2003 hubo 50 casos de tortura.
También relata las diferentes acciones individuales o colectivas, espontáneas y organizadas, de resistencia civil no violenta que hicieron frente a la violencia paramilitar y que hoy lideran los procesos en defensa de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación, y sobre todo a las garantías de no repetición.
En las zonas donde estos grupos lograron consolidarse por más de dos décadas, las poblaciones terminaron viendo el paramilitarismo con naturalidad, eran una fuente de trabajo más y cualquier persona podía tener un vecino, amigo o familiar en ellos.
“Les vendieron a los pobladores la idea de que ellos eran necesarios y que debían apoyarlos, o de lo contrario quedarían a merced de la guerrilla, así está no operara allí desde hacía más de 10 años”, relata el politólogo Villamizar.
Agrega que “en el paramilitarismo existe un triple discurso contrainsurgente que no distinguió entre combatientes y no combatientes y que trató de instaurar de manera violenta un modelo de sociedad a través de la alianza con sectores estatales, actores económicos y basados en fuertes economías ilegales como el narcotráfico y el hurto de hidrocarburos, e impuso un sistema extorsivo cooptando el erario en las regiones donde se encontraba”.
Además, “todos los delitos que ellos decían combatir, como el robo o la violencia sexual, también eran cometidos por ellos, y todo aquel que no se alineaba a su ideología era considerado como objetivo militar”, agrega.
Valioso insumo
Los jurados de los Premios de la Fundación Alejandro Ángel Escobar 2022 en esta categoría destacaron que “la investigación es un análisis de caso modélico y un insumo muy importante para los estudios sobre la guerra y la violencia en la Colombia de los últimos 40 años, y que aún es capaz de dar lecciones admonitorias para el presente”.
Señalaron también que “esta obra es un importante aporte a la difusión de memorias plurales sobre el paramilitarismo desde las voces de sus víctimas, sus exintegrantes y otros testigos: como contribución al esclarecimiento de la verdad en torno al fenómeno paramilitar; y un incentivo para el debate, la comprensión del paramilitarismo y la realización de nuevas investigaciones”.
