La investigadora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Paz Millet, analiza el escenario de incertidumbre y desequilibrio político que ha afectado a Perú en las ultimas semanas. “La actual presidenta se propuso continuar con la gestión de Castillo, pero no tiene la capacidad ni respaldo para mantenerse en el poder hasta el 2026”, señala.
El 7 de diciembre de 2022 el en ese entonces presidente de Perú, Pedro Castillo, en una maniobra que a muchos recordó el autogolpe realizado por Alberto Fujimori en 1992, decretó la disolución del Congreso peruano y llamó a un estado de excepción. Esto, tras una seguidilla de cuestionamientos sociales e institucionales por corrupción que buscaban la destitución del presidente.
Sin embargo, esta maniobra terminó con su destitución, arresto y el posterior nombramiento de su vicepresidenta, Dina Boluarte, como presidenta del Perú. Desde ese entonces, el país vecino se ha visto envuelto en una serie de manifestaciones sociales y enfrentamientos que ya han dejado un saldo de 25 muertos hasta la fecha.
Un panorama que la académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y coautora del libro “Nuestros Vecinos”, Paz Millet, ha seguido detalladamente ,abordándolo como una crisis institucional.
¿Cuál es su balance sobre la repentina decisión de Castillo, calificada incluso como autogolpe?
Creo que la decisión inicial de Castillo es una sorpresa. Esta iba ser la tercera vez que en el Congreso se votaba una moción de vacancia en su contra, pero todo indicaba que la oposición no tenía los votos necesarios para atacarlo. Entonces, el hecho que él haya tenido la práctica de un autogolpe al estilo Fujimori, sorprende mucho y no se entiende las razones que están detrás de eso. Claro, que hay muchísimo más argumentos que se han planteado posteriormente, pero creo que todavía falta para que podamos tener la certeza de por qué el expresidente peruano optó por esa opción en ese momento, cuando no había los votos para sacarlo del poder.
Tras esta acción, ¿en qué situación quedó la institucionalidad peruana?
Aquí hay de momento una incertidumbre total. A Castillo se lo tomó preso y se lo está acusando por la acción que tuvo de afectar el orden constitucional, pero no hay que olvidar que antes Castillo estaba siendo sometido a investigación por casos de corrupción. Habían 51 carpetas abiertas en su contra.
Respecto a la propia figura de Castillo y si se busca la alternativa que es su vicepresidenta, ella en la práctica no tiene un gran respaldo popular porque se le ve como más de lo mismo. Ella primero forma un gabinete bastante moderado que tiene buena evaluación, pero en la última hora anuncia que va a cambiar su primer ministro porque necesita a alguien que tienda puentes de diálogo, que tenga un carácter más político. Además, en el Congreso se está viendo la posibilidad de adelantar las elecciones. Inicialmente eso fue rechazado, pero hoy se ve nuevamente esa moción.
Mientras, ha habido un clima permanente de inestabilidad en ciertas regiones del país, con más de 25 muertos, con distintas demandas desde el Perú profundo cuestionando la salida de Castillo. Pero también hay un descontento muy importante con la clase política. En su conjunto, hay un 82% de rechazo al Congreso y un 85% de la población solicita adelanto de elecciones. La actual presidenta, cuando juró inicialmente, se propuso continuar con la gestión de Castillo, paro no terminaría con ésta porque no tiene la capacidad ni respaldo para mantenerse en el poder hasta el 2026.
¿Cómo siente que desde afuera se está viendo este fenómeno? ¿Cómo los países del cono sur han reaccionado?
Hay diferencias. Cuatro países han generado una declaración de apoyo a Castillo y otros países han cuestionado el hecho de que él haya afectado el orden constitucional y no desconocen que él también estaba siendo investigado por corrupción. Entonces, la verdad es que no ha habido una reacción homogénea.
Por ejemplo, ayer salió una declaración de protesta contra el gobierno colombiano por las declaraciones del presidente Petro, que consideran el escenario como intervención a la política interna. Entonces, la verdad es que las posiciones no han sido homogéneas, no han generado consenso y ha habido una división respecto a la crisis peruana.
¿Cómo era la situación política de Perú previo a esto?
En Perú no hay partidos de cobertura nacional, lo que hay mayoritariamente son movimientos o partidos que coyunturalmente se unen para llevar a alguien al poder. En la práctica hay una gran fragmentación política, y está esta lógica de alianzas, que va rotando permanentemente.
En este sentido, ¿quiénes podrían ser candidatos para las nuevas elecciones presidenciales?
En la pasada elección de Castillo, en la práctica, en un momento hubo diecisiete candidatos. Algunos de ellos se fueron quedando en el camino sin ninguna posibilidad. Hay otros de sectores más conservadores que han logrado mantener su adhesión y en la práctica ellos son una carta frente a una próxima elección. Pero tampoco hay que olvidar que ha salido de prisión Antauro Humala, hermano del ex presidente Ollanta Humala, que también tiene intereses políticos y está desde la provincia movilizando fuerza para poder acceder a poder.
