El 87,4% de los países de Iberoamérica incorporan el principio de equidad e inclusión dentro de sus constituciones y leyes generales u orgánicas de educación. El colectivo que más se visibiliza en dicha normativa son los discapacitados (94,4%), seguido de la inclusión de género (88,9%). La población afrodescendiente, con un 55%, representaría el colectivo que menos se encuentra reflejado en la normativa de educación seguido de la educación de las personas en situación de migración, pacientes hospitalizados o en reposo médico prolongado, que registra un 66,7%.
La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) ha presentado esta tarde el informe Educación inclusiva hoy: Iberoamérica en tiempos de pandemia. El estudio, disponible en español y portugués y accesible para personas con problemas visuales, es una completa panorámica del estado de la educación inclusiva en la región y cómo ha sido su evolución a partir de la incidencia de la pandemia de COVID-19 con datos de 22 países de la región aportados por los Ministerios de Educación, así como expertos en educación inclusiva.
Además, como novedad, el estudio se ha abierto a las opiniones de la sociedad civil iberoamericana, quien, durante el año 2020, tuvo la oportunidad de participar por medio de la campaña de la OEI Yo pongo mi pieza, que consistió en encuestas destinadas a conocer iniciativas sociales inclusivas en el contexto de la pandemia.
En la presentación del estudio, el Secretario General de la OEI, Mariano Jabonero, ha destacado que el informe «recoge experiencias vitales que pueden dar pautas para construir un futuro educativo más inclusivo, más equitativo y de mayor calidad». Por su parte, la directora de Educación de la OEI, Tamara Díaz, ha manifestado que en la OEI “queremos fortalecer las competencias de los docentes para que puedan tratar la diversidad y propiciar información para mejorar la calidad de la educación inclusiva”.
La inclusión educativa en cifras en Iberoamérica
El informe revisa de manera pormenorizada las normas legales que incorporan el concepto de educación inclusiva y su aplicación en los diversos países, al tiempo que analiza la atención educativa que reciben las poblaciones con mayor riesgo de exclusión, como ha explicado durante la presentación la investigadora principal del estudio, Pilar Samaniego.
Así, el estudio concluye que el 87,4% de los países de la región incorporan el principio de equidad e inclusión dentro de sus constituciones y leyes generales u orgánicas de educación. En este sentido, el colectivo que más se visibiliza en dicha normativa corresponde a las personas con discapacidad (94,4%), seguido de la inclusión de género (88,9%). La población afrodescendiente, con un 55%, representaría el colectivo que menos se encuentra reflejado en la normativa de educación seguido de la educación de las personas en situación de migración, pacientes hospitalizados o en reposo médico prolongado, que registra un 66,7%.
