Artículo de ISAAC RAVETLLAT BALLESTÉ. Director del Centro de Estudios sobre los Derechos de la Infancia y la adolescencia, y Profesor Asociado de la de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, Chile.
Chile enfrenta, por estos días, un cambio de normativa y de políticas públicas en torno a la migración. Hasta hace muy poco (mayo de 2022), el país aún se regía por el DL 1094 de 1975, que, por haber sido redactado durante la dictadura, estaba basado en una política securitista. El migrante no era bienvenido, y era visto como un peligro respecto a las ideas políticas que pudiera traer a un país cerrado sobre sí mismo.
Solo a contar de la Nueva Ley de extranjería, aprobada en Chile en abril de 2021, se reconoce a los migrantes la protección de sus derechos fundamentales: derechos laborales, acceso a la salud, a la seguridad social y beneficios de cargo fiscal, a la educación, a la vivienda propia, el envío y recepción de remesas y al debido proceso judicial.
Ley de Migraciones y Extranjería respetuosa con los Derechos Humanos
Si bien es cierto en esta nueva Ley de Migraciones y Extranjería aparece la idea de que los flujos migratorios deben seguir la regla de que sean seguros, ordenados y regulares, lo que en la práctica es una utopía. También logra incorporar un cierto enfoque en materia de Derechos Humanos: ver al migrante como persona, no sólo como trabajador, con derechos inalienables que no dependen del territorio donde se encuentre, sino de su calidad de ser humano como tal.
Históricamente, Chile siempre recibió flujos migratorios inferiores en comparación a otros países de la región, los que provenían mayoritariamente de países colindantes, como Colombia, Perú y Bolivia. A este perfil se suma la componente de una mayoría de mujeres, basado en la idea de que a ellas les resultaba más fácil acceder al mercado laboral, aunque esos espacios hayan estado marcados por la irregularidad y precarización.
Nuevos flujos migratorios hacia Chile
A contar de 2010, este panorama empieza a cambiar, ya que irrumpe con mucha fuerza la migración que llega desde Haití, producto de la inestabilidad política y financiera que predomina en el país caribeño.
Juega a favor de este aumento en la migración, la imagen país donde Chile se presenta, a principios de la década del 2000, como un lugar seguro, que brinda oportunidades para empezar un nuevo proyecto familiar o personal. El haitiano ve a Chile como un oasis dentro del contexto regional.
Sin embargo, frente a este traslado masivo a suelo chileno, a mediados del año 2000, el gobierno empieza a establecer ciertas restricciones de acceso y barreras burocráticas para la llegada de más haitianos.
En 2018 la situación se complica aún más, cuando se suma la exigencia de una visa consular para entrar como turistas, lo que de inmediato genera una baja de migrantes provenientes desde esa isla.
Ese mismo año, el Gobierno ordena un plan humanitario de regreso de haitianos, para quienes se encontraban en el país en situación irregular administrativa. A cambio, el ciudadano debe firmar una carta compromiso de no volver a Chile en los próximos 9 años.
Venezuela, otra nueva fuente de migrantes
Sin embargo, a pesar de que el flujo de población haitiana logra disminuir, es reemplazado por población venezolana, que sale huyendo de su país, también por crisis política. Empiezan a llegar en masa, lo que ha modificado totalmente el panorama migratorio de Chile en los últimos 5 años.
A ellos se suma, quienes, tras el cierre de las fronteras durante la pandemia, se las ingenian para ingresar a territorio nacional a través de pasos fronterizos no habilitados. Y es esta la razón, por la que podemos afirmar que, gran parte de la población migrante que ha ingresado a Chile en los últimos dos años se encuentra en situación irregular, lo que los lleva, según el nuevo marco normativo, a no tener ninguna posibilidad de regularización.
Hoy no se avizora ninguna solución que permita resolver la situación de irregularidad de esos miles de latinoamericanos, que incluye a familias completas bajo la categoría de irregulares.
Por ahora, el país sigue esperando el desarrollo de políticas públicas de acuerdo a este nuevo marco regulatorio y normativo, aunque el proceso aún es embrionario frente a estos desafíos de carácter urgente y nacional.
Artículo de Isaac Ravetllat Ballesté
Director del Centro de Estudios sobre los Derechos de la Infancia y la adolescencia, y Profesor Asociado de la de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, Chile.
