El Comité de Participación Social del Mar Menor ha generado polémica esta semana después de que media docena de asociaciones anunciaran su intención de abandonar este órgano de participación tras denunciar que se ha convertido en un “mero escaparate del Gobierno Regional”. En concreto, han tomado la decisión la Plataforma Pacto por el Mar Menor, Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca (FAVCAC), Ecologistas en Acción, Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar, Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) y la Asociación de Vecinos de Mar de Cristal.
Las organizaciones firmantes de esta nota de prensa manifiestan que, “lejos de servir a la participación real de la sociedad en la gestión del Mar Menor, este Comité se ha convertido en una suerte de púlpito donde el Gobierno Regional pretende ocultar su inacción en cuestiones urgentes y validar las actuaciones inadecuadas, promovidas por intereses privados, y que cuentan con el amplio rechazo de la comunidad científica”.
Así, lamentan que “no se han modificado los impactantes métodos de limpieza y regeneración de playas”, mediante el uso de maquinaria pesada, cuestionada por el mismo Comité Científico, ni consideran que se ha avanzado nada en cuanto al impacto de los puertos deportivos en la dinámica costera, regulación de navegación y fondeo de embarcaciones, “mientras se favorece el acceso de las mismas con nuevas rampas”. Tampoco se ha planteado cambios en el modelo turístico, ni en la política de infraestructuras litorales como paseos costeros o diques, anunciándose nuevas obras en La Manga “encaminadas a una mayor ocupación de la línea de costa”.
La denominada “draga finlandesa”, “se ha usado, curiosamente, para llevar a cabo los dragados más polémicos, en áreas de conservación de especies protegidas como el Fartet o la Cymodocea (planta formadora de praderas marinas), y en el entorno de puertos deportivos que se interponen a la dinámica litoral, al mismo tiempo que se empleaban tractores y maquinaria pesada en otros puntos, sin someter estos trabajos a información pública ni plantear alternativas a largo plazo”.
Asuntos que a juicio de las organizaciones urge poner en marcha, como el Decreto Ley de Medidas Urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor, y la tan esperada auditoría del regadío en el Campo de Cartagena, no se están ejecutando. “Mientras, prosiguen las malas prácticas agrícolas que facilitan la entrada de nutrientes y sedimentos en la mayor laguna litoral española,y continúan creándose nuevos regadíos ilegales tras la legalización de miles de hectáreas a través del último Plan de Cuenca”.
Las organizaciones también echan en falta medidas legislativas y de regulación que llevan años prometiéndose. Tal es el caso del Plan de Gestión Integral de los espacios protegidos del Mar Menor y la franja litoral mediterránea de la Región de Murcia. Sometido dos veces a información pública, sigue sin aprobarse ni ejecutarse.
Otra herramienta que sigue en un cajón es el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de los Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor y Cabezo Gordo, sometido a información pública en 3 ocasiones, y no se ponen en práctica y/o aprueban Planes de Gestión y/o Recuperación de especies amenazadas de fauna y flora silvestre de la Región de Murcia, algunas de las cuales tienen presencia en el Mar Menor y su entorno.
A pesar de los anuncios de distintos miembros del Gobierno Regional, y las peticiones de los representantes de las organizaciones en el Comité Social del Mar Menor, no se sabe nada del posible inicio de alguno de los tres filtros verdes para depuración de nitratos, el primero de los cuales, junto a la rambla del Albujón, se prometió que estaría finalizado antes de fin de 2017, no habiéndose iniciado aún las obras, mientras siguen llegando al Mar Menor importantes caudales de agua contaminados por nitratos a través de este y otros cauces, y de forma subterránea.
Entre tanto, se anuncia la construcción de nuevos tanques de tormenta, a pesar de reconocerse su mal funcionamiento y casi nula contribución a los problemas de contaminación del Mar Menor, con un coste millonario cada uno de ellos, y se plantea la posible ampliación de dragados para aumentar el intercambio de aguas con el Mediterráneo, una de las causas de degradación reconocidas en numerosos estudios y publicaciones.
En este contexto, el Comité de Participación Social del Mar Menor se ha estado utilizando para tratar de minimizar el rechazo social de esas medidas que sí se están ejecutando a pesar de su reconocido impacto negativo en el ecosistema del Mar Menor.
Las organizaciones que hoy abandonan el Comité de Participación Social del Mar Menor, demandan al Gobierno Regional “que convierta dicho órgano en algo realmente participativo, y no meramente contemplativo como lo es ahora”. Reclaman, como la primera vez, “un órgano en el que las organizaciones tengan voz y la administración tenga realmente en cuenta sus aportaciones y reivindicaciones”.
Así mismo, piden al Gobierno Regional “que aclare qué actuaciones de las que se están llevando a cabo durante las últimas semanas en el Mar Menor, como los dragados y las regeneraciones de playas, se están haciendo con el beneplácito del Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor“.
Por último, las organizaciones salientes exigen al Gobierno Regional “que demuestre su compromiso real con la protección del Mar Menor poniendo en marcha inmediatamente las normativas ya aprobadas, y aprobando y ejecutando las que llevan demasiados años esperando a ser aprobadas”.
En este contexto, piden “que reconsidere su negativa a redactar y aprobar una Ley Integral del Mar Menor que ayude a regular de forma coordinada todas las actividades que afectan a la laguna salada”.
