La Universidad de Murcia ha presentado este martes el XIV Congreso Profesores de Derecho Administrativo para revisar la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa en su XX aniversario. El congreso, que contará con más de 250 profesores de derecho Administrativo tendrá lugar los días 8 y 9 de febrero en el Campus de la Merced.
“Esta es una Ley de gran trascendencia, sobre todo en lo que se refiere al control judicial de la Administración Pública, uno de los pilares del estado, ya que garantiza su sometimiento a la Ley”, ha explicado el catedrático de Derecho Administrativo y coordinador del Comité Organizador del Congreso, Julián Valero. De hecho, cada año, unos 200.000 ciudadanos reclaman por vía judicial alguna actuación irregular de las administraciones públicas, locales o estatales.
Valero ha recordado que esta jurisdicción se encarga de asuntos tan importantes como “la tributación de las hipotecas, que ha sido un asunto objeto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo”. Su presidente, Luis María Díez Picazo, participará en el congreso y aportará una interesante visión de la justicia administrativa en España.
Además, el programa cuenta con la participación del venezolano Allan R. Brewer-Carías, referente de Derecho en Latinoamérica y que, entre otras muchas acciones, se opuso a la actual Constitución venezolana por considerarla antidemocrática o de Jesús Jornado, catedrático de la universidad de Sevilla y pionero en Derecho Ambiental, que “acude para exponer asuntos de interés para la Región de Murcia, muy castigada con problemas medioambientales, y para exponer experiencias en países vecinos”.
Este encuentro, que es considerado el “congreso de los congresos para los administrativistas”, tiene como objetivo revisar la norma mediante ponencias y mesas redondas y consensuar propuestas de modificación que mejoren la protección de los ciudadanos frente a la actuación de la administración.
¿Qué asuntos son de aplicación de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa?
Los juristas apuestan por cambios que promuevan la mayor agilidad de las sentencias, la aplicación efectiva de las medidas cautelares, el tratamiento de las demandas colectivas o la mejora del sistema de ejecución de sentencias.
En los últimos veinte años, los asuntos por los que se reclama han ido variando y en la actualidad destacan los litigios por responsabilidad patrimonial de la administración por daños sanitarios y los asuntos tributarios. Por su incidencia social, los expertos señalan como más importantes los que tienen que ver con el derecho de asociación, la libertad ideológica o el derecho de libre desplazamiento.
Algunos de los casos más conocidos relacionados con esta jurisdicción en los últimos meses han sido la solicitud de suspensión cautelar de la exhumación de los restos de Francisco Franco por parte de su familia, o la tributación de las hipotecas, como hemos mencionado anteriormente.
Veinte años de protección a los ciudadanos
La Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa se reformó hace veinte años con el objetivo de proteger a los ciudadanos frete a la acción irregular de las administraciones públicas. Las áreas en las que se aplica son los impuestos y las tasas, la protección de datos, la violación de derechos fundamentales, el urbanismo o la extranjería, entre otras.
Esta norma consiguió reducir los plazos de resolución judicial y, por tanto, el tiempo que los ciudadanos esperan una respuesta cuando denuncian una actuación de la administración. Sin embargo, la justicia contenciosa sigue siendo de las más lentas.
Cada año, en torno a 196.000 ciudadanos y organizaciones interponen una demanda contra alguna administración pública y se dictan 129,743 sentencias, según datos de 2017 y 2018 del Consejo General del Poder Judicial. En cualquier caso, esta área no es tan litigiosa como la justicia penal, civil o social, que sumaron 5.6 millones de asuntos ingresados en 2017.
Más de 570 magistrados en toda España resuelven en juzgados y tribunales aquellos asuntos en los que la ciudadanía reclama la protección judicial frente a la acción de la administración.
