Este viernes ha arrancado en la Universidad de Murcia el XIV Congreso de la Asociación de Profesores de Derecho Administrativo (AEPDA) con la participación de más de 250 juristas y profesores de Derecho Administrativo. El objetivo de esta reunión de expertos es hacer balance de la aplicación de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, en su veinte aniversario.
En la primera jornada del congreso, Jesús Jordano, catedrático de la Universidad de Sevilla, ha puesto de relieve las limitaciones que afectan de manera específica a los juicios en legislación ambiental. “España es el país que más multas paga en materia medioambiental, pero no el que más incumple”, ha valorado Jordano. En cualquier caso, y respecto a la garantía que ofrece la jurisdicción contenciosa, “hay que pensar en los plazos porque un tribunal contencioso puede tardar cinco años en resolver y después pedir que se retrotraiga el procedimiento; y esta es una situación que se da pero que hay que resolver”.
Jordano ha recordado que en España hay numerosos ejemplos de sentencias en las que se ha atribuido a asociaciones ecologistas el derecho a restaurar el orden jurídico perturbado.
“En materia de Medio Ambiente, tradicionalmente éramos abiertos pero se ha incorporado el Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información y la participación del público en la toma de decisiones y acceso a la justicia, con más limitaciones que la legislación española que está suponiendo para nosotros un paso atrás”, reconoce Fernando López Ramón, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza y presidente de la AEPDA.
En relación al propio procedimiento que regula la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, Lucía Casado, profesora de la Universidad Rovira i Virgili, ha destacado que, en la actualidad, para recurrir un asunto en apelación contra un juzgado tienen que darse circunstancias de cuantía del asunto por 30.000 euros. “Casado explica que es excesivo poner límite de esa cuantía teniendo en cuenta referencias como el salario medio en España”, apunta López Ramón.
Más de 250 expertos
En la inauguración del congreso, el decano de la Facultad de Derecho de la UMU, David Lorenzo, ha señalado que el Derecho Administrativo avanza gracias a iniciativas como la de este congreso, organizado por la Asociación de Profesores de Derecho Administrativo.
Por su parte, el delegado del Gobierno de la Región de Murcia, Diego Conesa, ha valorado como idóneo este momento “para evaluar los problemas y reflexionar sobre las posibles propuestas de reforma”, y ha añadido que “en nuestro Estado de Derecho todos los poderes públicos se someten al control”.
El congreso finalizará este sábado con una mesa que pondrá en comparación las jurisdicciones contenciosas española, con las latinoamericanas. En esta mesa participarán el jurista venezolano Allan R. Brewer Carías y el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, Luis María Díez Picazo.
Veinte años de protección a los ciudadanos
La Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa se reformó hace veinte años con el objetivo de proteger a los ciudadanos frente a la acción irregular de las administraciones públicas. Las áreas en las que se aplica son los impuestos y las tasas, la protección de datos, la violación de derechos fundamentales, el urbanismo o la extranjería, entre otras.
Esta norma consiguió reducir los plazos de resolución judicial y, por tanto, el tiempo que los ciudadanos esperan una respuesta cuando denuncian una actuación de la administración. Sin embargo, la justicia contenciosa sigue siendo de las más lentas.
Cada año, en torno a 196.000 ciudadanos y organizaciones interponen una demanda contra alguna administración pública y se dictan 129,743 sentencias, según datos de 2017 y 2018 del Consejo General del Poder Judicial. En cualquier caso, esta área no es tan litigiosa como la justicia penal, civil o social, que sumaron 5.6 millones de asuntos ingresados en 2017.
Más de 570 magistrados en toda España resuelven en juzgados y tribunales aquellos asuntos en los que la ciudadanía reclama la protección judicial frente a la acción de la administración.
