La tramitación y posterior aprobación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) ha generado en Andalucía, de enero a principios de abril de este año, un incremento del 40% de las solicitudes del profesorado universitario para acreditarse en las diferentes figuras laborales existentes con respecto al mismo periodo de 2022, según los datos aportados por la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA), adscrita a la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación. Esas son las modalidades en las que tiene competencia la comunidad y las que se ven afectadas con el nuevo marco normativo.
De acuerdo con esa información analizada, desde enero hasta el 11 de abril de 2023 -día previo a la entrada en vigor del nuevo marco legal-, la demanda se ha elevado considerablemente hasta alcanzar las 658 solicitudes, frente a las 468 que se presentaron en el mismo periodo de 2022, lo que equivale a un alza del 40%, y a las 410 de 2021 (subida de un 60%). En ambas cifras, además, se ha tenido en cuenta el mes de abril completo. El análisis realizado por la ACCUA arroja, incluso, un repunte claro en los primeros días de abril, con más de 60 solicitudes.
En cuánto tiempo se ha registrado el aluvión de solicitudes para acreditarse
Es más, ese aluvión registrado en casi tres meses y medio supone en torno a la mitad de las peticiones formalizadas en todo un año, si se toma como referencia la evolución de los ejercicios 2021 (1.172) y 2022 (1.320). Las inscripciones recibidas proponen, fundamentalmente, el reconocimiento de las modalidades de ayudante doctor y contratado doctor, a las que se suman las tipologías de contratado doctor con vinculación clínica -específica de Andalucía- y de profesor de universidad privada.
Durante ese periodo, la ACCUA ha resuelto más de 400 solicitudes, encontrándose todavía en tramitación un lote correspondiente a las últimas semanas. Con el fin de atender con agilidad y celeridad esa demanda sobrevenida, la agencia pública comenzará en las próximas semanas a trabajar, a través de las correspondientes comisiones de evaluación, en el análisis de las solicitudes para culminar todo el proceso de reconocimiento de las diferentes figuras requeridas del personal docente e investigador (PDI).
El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha lamentado que la LOSU ha suscitado desde el inicio de su tramitación “mucha incertidumbre en el profesorado, al implantar un nuevo modelo de carrera académica y un régimen transitorio que genera muchas dudas y no garantiza los procesos de estabilización y de promoción”. “El diseño de la ley pone muchas piedras en el camino al respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad y, en definitiva, no reconoce la labor investigadora ni la excelencia de profesorado”, ha apostillado. Por eso, ha alertado de que esa inseguridad ha provocado, a su juicio, que se hayan disparado en los últimos meses las solicitudes de profesores para acreditar las figuras de ayudante doctor y contratado doctor.
En el primer caso, incluso, las directrices dadas por el Ministerio de Universidades son claras, puesto que establecen que, a partir de la aplicación de la LOSU, los procesos de acreditación para acceder a esta figura contractual ya no podrán solicitarse por parte de los interesados ni, por tanto, llevarse a cabo por parte de las agencias de evaluación de la calidad. Sí podrán finalizarse conforme a la normativa vigente en el momento de presentación de la solicitud aquellos procesos que se encuentren en marcha antes de la entrada en vigor de la ley. De ahí que los candidatos que aspiran a obtener ese certificado se hayan apresurado a pedirlo, “ante el escenario que se abre ahora”. En la actualidad, en Andalucía ya desarrollan su labor en el sistema universitario un total de 1.219 ayudantes doctor, según el dato disponible en el curso 2021/2022.
El cuerpo de ayudante doctor, aunque no desaparece, sí que incluye importantes novedades con el recién estrenado marco legislativo. La primera y fundamental es que ya no se exigirá acreditación previa, tan sólo será necesario para ejercer como tal contar con el título de doctor. Además, modifica la duración máxima del contrato, pasando de cinco a seis años, limita su dedicación docente a 180 horas lectivas por curso. Gómez Villamandos ha criticado que “prescindir del procedimiento de acreditación previa elimina la necesidad de contar con unos méritos mínimos comunes, restando valor a las convocatorias, al no poder garantizar los principios de objetividad, mérito o capacidad”.
Por otro lado, desaparece la categoría del contratado doctor, que en la comunidad ascienden a 1.801 docentes, y, en consecuencia, su respectivo procedimiento de acreditación. No obstante, el sistema de evaluación actual para acogerse a esta tipología será válido para obtener el certificado de profesor permanente laboral, que es una modalidad nueva que incorpora la LOSU y que se equipara con carácter general a la anterior. La ley estatal estipula que corresponderá a las comunidades autónomas regular los criterios para acreditar este cuerpo, para lo que fija un plazo de un año. Al respecto, el titular de Universidad ha asegurado que “las comunidades no han recibido instrucciones de cómo se debe evaluar, por lo que se desconoce qué aspectos deberán exigirse”.
Asimismo, ha puesto de manifiesto que las enmiendas aprobadas para llevar a cabo la transición al nuevo marco legislativo, que permiten contratar con arreglo al sistema anterior hasta el 31 de diciembre, no son suficientes, “ya que de facto se da poco margen para que las universidades puedan seguir recurriendo a esta figura de contratado doctor. A partir del 1 de enero de 2024 podrán sacar plazas de esa categoría a través del cuerpo del profesor permanente laboral, siempre y cuando las normativas autonómicas y los estatutos de las instituciones académicas se hayan adaptado.
José Carlos Gómez Villamandos ha aclarado que el Anteproyecto de Ley Andaluza de Universidades, cuya tramitación se ha iniciado con una consulta pública previa, deberá contemplar todos estos cambios establecidos en el marco estatal e incluirá “nuevas figuras docentes e investigadoras que eviten la previsible paralización en la contratación de profesorado que va a provocar la LOSU”.
Procedimiento abierto de forma permanente
En Andalucía se mantiene abierto de forma continuada el proceso de evaluación del profesorado contratado en régimen laboral y se convocan periódicamente las comisiones de evaluación para resolver las solicitudes. Estos órganos están compuestos por evaluadores independientes y son los responsables de analizar los méritos profesionales presentados por el PDI para su futura contratación y promoción en el ámbito de las universidades andaluzas.
En su labor de valoración tiene en cuenta un catálogo de criterios y estándares relacionados con diferentes ámbitos de actividad: docencia, investigación, transferencia de conocimiento y gestión, de forma que se puntúan las publicaciones científicas publicadas por el candidato, la participación en proyectos de investigación o las ponencias en congresos, entre otras competencias. Con este sistema, que se suele aplicar también en el resto de agencias autonómicas de evaluación del profesorado universitario, se persigue velar por la calidad y el prestigio de la docencia en el sistema de educación superior.
