El libro Garantía del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes migrantes en Colombia de la UNAL advierte que muchas instituciones educativas carecen de protocolos claros para atender a estudiantes migrantes y no cuentan con herramientas pedagógicas que reconozcan la diversidad cultural. A esto se suman barreras como la falta de documentos de identidad, el temor a la deportación de sus familias o la obligación de trabajar para sobrevivir, factores que los excluyen silenciosamente del sistema educativo, incluso cuando figuran como oficialmente matriculados.
Además el libro señala que garantizar el derecho a la educación de la niñez migrante va mucho más allá de contar cuántos están matriculados. Implica asegurar condiciones reales de permanencia, calidad educativa —como la adaptación de contenidos a contextos locales— y reconocimiento cultural, por ejemplo, al incluir sus formas de hablar o celebrar.
Aunque la matrícula de menores migrantes ha aumentado en Colombia, como lo indica la Unicef, persisten altos índices de deserción escolar, dificultades para homologar estudios, discriminación en las aulas y una marcada ausencia de acompañamiento psicosocial.
Las autoras del libro son las politólogas de la UNAL Angie Daniela Barrera García, Carolina Rodríguez Lizarralde y Sthepanie López Villamil. Su investigación tiene un alto valor metodológico, ya que, en plena pandemia ellas se acercaron al problema visitando albergues, centros de atención para migrantes y otros espacios donde habitan estas familias. A través de entrevistas, testimonios y el análisis de datos de entidades como la Secretaría de Educación de Bogotá, lograron reconstruir lo que realmente está ocurriendo con esta niñez en los colegios de la capital.
Según datos de Naciones Unidas, hasta enero de 2024 Colombia recibió más de 2,8 millones de migrantes venezolanos, siendo el principal receptor de la región. Además, información del Ministerio de Educación Nacional señala que en 2023 más de 600.000 estudiantes venezolanos estaban matriculados en el sistema educativo colombiano, lo cual representó un aumento del 6,6 % frente a 2022; de estos, alrededor de 64.913 están en colegios oficiales de Bogotá.
Voces que van más allá de una nacionalidad
Carolina Rodríguez, doctora en Ciencias Humanas y Sociales de la UNAL, explica que “el enfoque del trabajo fue escuchar directamente a quienes viven la migración. Así descubrimos que para muchos niños la escuela representa un espacio protector donde accedían a alimento y cuidado. Sin embargo con la pandemia ese refugio desapareció y muchos terminaron fuera del sistema educativo, expuestos al trabajo infantil o a la vida en la calle”.
El libro también visibiliza las barreras que enfrentan los jóvenes migrantes con discapacidad, una realidad frecuentemente ignorada. No es igual la experiencia de un adolescente venezolano en zona rural con una discapacidad que la de un niño migrante en una ciudad capital. Si las políticas educativas no reconocen estas diferencias, en vez de incluir, perpetúan la exclusión.
Por su parte, la investigadora Angie Daniela Barrera, magíster en Gobierno Urbano de la UNAL, enfatiza en que “solo a través de una mirada interseccional se pueden diseñar políticas públicas eficaces y justas. Esto implica formar al personal docente en derechos humanos, migración y diversidad cultural; adaptar los currículos a realidades que den cuenta de lo que ocurre con los migrantes; fortalecer la cooperación interinstitucional; y, sobre todo, escuchar las voces de los propios niños, niñas y adolescentes, que rara vez son tenidos en cuenta como sujetos políticos”.
Colombia ha sido reconocida internacionalmente por su respuesta humanitaria a la migración venezolana, especialmente con la implementación del Estatuto Temporal de Protección, que permite regularizar la situación en el país, aplicar a programas sociales del Estado, y acceder de manera amplia a salud, educación o trabajo. Sin embargo, el reconocimiento legal no siempre se traduce en inclusión real. La escuela se convierte así en un espejo de las tensiones más profundas del país: la fragilidad del Estado social de derecho, la desigualdad territorial, la burocracia excluyente y la discriminación estructural.
En este orden de ideas, el libro también plantea un llamado de atención sobre la necesidad de una gobernanza migratoria con enfoque de derechos, que articule los niveles nacional, departamental y municipal. Muchas de las barreras que enfrenta la niñez migrante no se deben a mala voluntad, sino a la falta de coordinación institucional, presupuestos insuficientes y desconocimiento de la normativa internacional en derechos de la infancia y la migración.
Más allá de su diagnóstico crítico, Garantía del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes migrantes en Colombia, destaca experiencias exitosas de inclusión escolar como las aulas móviles, los procesos de alfabetización intercultural, las redes de apoyo entre familias migrantes y colombianas, y los programas de nivelación con enfoque emocional.
En tiempos de movilidad humana creciente, Colombia tiene la oportunidad –y la responsabilidad– de construir un modelo educativo que abrace la diferencia y que le garantice a cada niño, niña y adolescente, sin excepción, su derecho a aprender, a jugar, a imaginar futuros posibles.
El libro no solo documenta una deuda, sino que además traza una hoja de ruta, porque garantizar el derecho a la educación de la niñez migrante no es un gesto de caridad, sino una condición para la paz, la cohesión social y el proyecto democrático del país que queremos ser.
