Los hallazgos muestran que este sesgo no ha resultado significativo; sin embargo, existen otros factores, como la inversión realizada por los municipios o la tasa de paro, que resultan reveladores, aunque no aparezcan recogidos en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) a la hora de realizar el reparto.
“Ni la coincidencia ideológica del partido que sustenta la alcaldía con la del partido de la presidencia regional, ni la fortaleza política (mayoría) del gobierno municipal, han resultado ser factores relevantes en la determinación de la asignación de estos fondos”, explica el investigador de la UMU, Bernardino Benito. Además, la cantidad de transferencias y subvenciones que reciben los ayuntamientos tampoco se ve afectada por el calendario electoral.
En relación al periodo analizado, cabe destacar que ha sido el de 2009-2017, habiéndose celebrado durante el mismo dos elecciones municipales: 2011 y 2015.
Resultados reveladores
Los factores presupuestarios, sin embargo, sí han resultado significativos. Estos indican que aquellos municipios que recaudan más ingresos propios reciben menos transferencias y subvenciones per cápita, mientras que los municipios que más invierten se ven ayudados económicamente por el gobierno regional.
Esto vendría explicado por el hecho de que la mayor parte de las inversiones que realizan los ayuntamientos están financiadas por la CARM a través de los llamados Planes de Obras y Servicios, es decir, los ayuntamientos realizan inversiones porque mayoritariamente están siendo financiados por el gobierno regional.
En cuanto a la deuda viva municipal por habitante, destaca que se está premiando a aquellos municipios que menos deuda tienen para repartir las transferencias corrientes, es decir, a aquellos que gozan de una mejor situación financiera.
Por tanto, “puede concluirse que se ayuda económicamente a los municipios con menor porcentaje de recursos propios, pero, por otro lado, también se premia a los ayuntamientos que consiguen una buena gestión en materia presupuestaria, lo que mostraría coherencia financiera en la gestión de fondos municipales por parte del gobierno regional”, comenta el profesor Benito.
Resultados sobre política social
Entre los factores socio-económicos, la renta per cápita, la tasa de desempleo y la tasa de población dependiente (menores de 16 años y mayores de 65) han resultado significativas en la determinación de las transferencias y subvenciones a recibir del gobierno regional.
En concreto, cuanto menor es la renta municipal, mayor es la tasa de paro y más vulnerable es la población de los municipios (hay un mayor número de jubilados y de población infantil), menor cantidad de recursos autonómicos reciben los mismos, “por lo que se considera que no se está realizando una buena política social”, concluye el investigador de la UMU.
De todo ello se desprende que de los criterios que repetidamente enuncia la Ley de Presupuestos Generales de la CARM sobre el reparto de fondos, los resultados obtenidos solo muestran que la dispersión territorial podría ser significativa a la hora de determinar las transferencias de capital recibidas por los municipios.
Implicaciones futuras
A la vista de todo lo anterior, “resulta necesario que la CARM elabore una ley de financiación local que elimine la incertidumbre financiera de los ayuntamientos, que permita que las competencias asumidas por las entidades locales se adapten a las demandas de sus ciudadanos y, además, entre otros criterios constitucionales, se adecúe a la suficiencia, la solidaridad y la proporcionalidad”, concluye Benito.
Ante este hecho, el propio investigador señala que el protagonismo del Estado, como guía para las CCAA, será relevante en una futura reforma de la financiación local, lo cual no ha sido objeto de la investigación realizada, pero puede ser tenido en cuenta en investigaciones futuras.
Asimismo, se considera que los resultados obtenidos en este trabajo abren la puerta al inicio de la investigación sobre las dinámicas político-presupuestarias a nivel regional en la CARM y en otras CCAA que no cuenten con una ley de financiación local para intentar demostrar si realmente determinadas afirmaciones políticas tienen o no soporte empírico.
