La Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) reclama una revisión del anteproyecto de ley del Estatuto de las personas en formación práctica no laboral, el llamado Estatuto del Becario, e insta al Gobierno y a los grupos parlamentarios a abrir un proceso de diálogo real con las universidades antes de continuar su tramitación.
CRUE solicita que se incorporen las alegaciones técnicas que presentó y se asegure un marco normativo «equilibrado, respetuoso con las competencias académicas y económicamente viable».
En un comunicado, CRUE ha manifestado su preocupación porque el Estatuto del Becario ponga en riesgo las prácticas académicas. Concretamente, la asociación rectores solicita participar en la configuración de la norma, porque las universidades pueden «aportar conocimiento técnico, advertir de dificultades de aplicación y proponer soluciones viables».
CRUE comparte la necesidad de reforzar su carácter formativo y evitar cualquier uso fraudulento que las convierta en empleo encubierto. Valora algunos avances del texto, como el «refuerzo de la tutorización profesional, la protección en materia de prevención de riesgos laborales o el reconocimiento de derechos vinculados a situaciones de enfermedad o cuidados».
Sin embargo, la asociación de rectores reclaman que esta norma venga acompañada de la finaciación correspondiente. «Sin una memoria económica rigurosa, el Estatuto nace con un problema estructural. La principal preocupación se centra en la financiación y en la asunción de los costes derivados de la norma. La obligación de compensar gastos sin una delimitación objetiva y sin una memoria económica suficiente puede comprometer gravemente la viabilidad del sistema de prácticas».
Más del 40 % de las prácticas curriculares se desarrollan en entidades públicas —ministerios, centros sanitarios y educativos— que ya afrontan dificultades para asumir los costes actuales. Sin una financiación pública adecuada, la nueva regulación puede provocar «una reducción drástica de plazas formativas, especialmente en ámbitos estratégicos como el sanitario y el educativo».
CRUE advierte además de que «estos costes pueden recaer sobre las universidades ni trasladarse al estudiantado a través de incrementos en la matrícula».
«La Conferencia comparte la inquietud expresada por la representación del estudiantado, que teme que una regulación sin respaldo financiero suficiente reduzca la oferta de prácticas y limite sus oportunidades formativas y de empleabilidad. El objetivo común debe ser reforzar derechos y calidad, no restringir el acceso a una experiencia clave para la transición al mercado laboral».
