El Consejo Social de la Universidad de Alicante ha aprobado esta mañana por unanimidad el proyecto de presupuestos para la institución académica para 2018. Durante el pleno, celebrado en la sala de Juntas del edificio de la Calle San Fernando de la Sede de Alicante, el presidente del Consejo, Francisco Gómez Andreu, ha querido destacar que “aunque se ha concluido totalmente el pago de las deudas derivadas del desarrollo del campus en los 90, siguen siendo presupuestos insuficientes para emprender acciones a largo plazo”.
Gómez Andreu considera oportuna la decisión del gobierno universitario de seguir apostando por las personas y la investigación pese a tener que condenar las inversiones en infraestructuras, que se reducirán en algo más de 5 millones de euros.
Tras el visto bueno del Consejo de Gobierno el martes, la vicerrectora de Planificación Económica, Mónica Martí ha sido la encargada de presentar el proyecto presupuestario ante el Consejo Social.
Martí informó del escaso margen de maniobra que permiten pese a haberse incrementado en algo más de tres millones de euros reales con respecto al de 2017. La responsable económica de la UA también ha querido puntualizar que el aparente descenso en la previsión presupuestaria de más de 60 millones de euros con respecto al de 2017 (254’6 millones frente a los 194’7 para el próximo ejercicio) “corresponde a un ingreso finalista y extraordinario de 63 millones de euros destinado a la amortización de los bonos emitidos por la UA a través del BEI (Banco Europeo de Inversión)”.
Desde el Consejo Social se han mostrado receptivos a las demandas de la Universidad, comunes a todo el sistema público de educación superior valenciano, acerca de una nueva ley que incluya la puesta en marcha de planes plurianuales de financiación estable y suficiente.
