Recientemente el Gobierno de España ha sido criticado por el Consejo de Europa debido a la falta de transparencia en la financiación de los partidos políticos. Especialmente, el CE señala como grave la connivencia con la banca hasta el punto de que a los partidos políticos se les perdonan los préstamos que piden. También se quejó el CE sobre la falta de información en la contabilidad de las fundaciones asociadas a los partidos y de la falta de claridad en las cuentas de las agrupaciones locales, precisamente en donde los riesgos de corrupción son muy altos.
Es evidente la complejidad de este asunto, dada la necesidad primera de los partidos políticos en este sistema democrático, pero también es cierto que los continuos escándalos de corrupción que asolan a los partidos restan credibilidad a la función política.
Resulta que las leyes sobre la financiación de los partidos políticos en España las hacen los mismos partidos y, por ello, se hace necesario imponer límites y reglas a este “yo me lo guiso, yo me lo como” que se otorgan los partidos políticos.
La actual legislación prohíbe las donaciones anónimas, establece el máximo de dinero que se puede donar anualmente a un partido y obliga a una detallada contabilidad. Pero también deja abierta la posibilidad de que no se puedan controlar los ingresos reales porque no limita el valor de las donaciones de inmuebles, permite astronómicas donaciones en efectivo a las fundaciones ligadas a los partidos sin obligar a formalizar documento público y da carta blanca a los bancos para perdonar intereses y deudas a los partidos.
Pero todo se complica mucho más cuando los partidos políticos optan por financiarse, además, ilegalmente arrastrados por el gasto desbocado en marketing electoral, por su transformación en maquinarias burocráticas y por las personas que buscan en la política de partido una profesión y un beneficio adicional.
En teoría, el Estado financia a los partidos para potenciar el pluralismo político (el partido como instrumento de representación política y manifestación de la voluntad popular), pero en la práctica el Estado está manteniendo el bipartidismo y provocando dificultades a los partidos que no favorecen esta fórmula. Igual se aplica a los espacios electorales en los medios públicos.
Así, tenemos en España un sistema político, supuestamente democrático, en el que dos partidos se reparten el poder en régimen de oligopolio, con acuerdos por la alternancia y utilizando los medios públicos estatales para boicotear toda posible competencia. Esta práctica, que es ilegal entre empresas, se mantiene lícita en la política seguramente porque las instituciones que deben de corregir esta anormalidad se mantienen bajo la influencia de los partidos políticos dominantes.
EQUO es un partido político que se financia escrupulosamente desde la transparencia, que se niega a recibir dinero que conlleve la contrapartida de “devolver el favor” y que apuesta porque los hombres y mujeres con derecho a voto lo ejerzan en base al conocimiento de los programas electorales y no por el chillerío publicitario.
EQUO quiere forzar la reducción de gasto en las campañas electorales para evitar los pactos entre partidos y empresas y para que el propio acto de dar el voto a un partido sea digno a nivel personal y responsable con la sociedad.
Igualmente EQUO potencia la gestión transparente promoviendo un sistema contable único que refleje el movimiento económico a todos los niveles en que opera el partido, la realización de auditorías y un control normativo sancionador que evite el desfalco de los partidos al dinero público.
Pepe Criado
Colaborador de EQUO Almería
