La UGR, pionera en igualdad por su protocolo para transexuales

La UGR, pionera en igualdad por su protocolo para transexuales

El protocolo ha sido presentado por representantes de la Junta de Andalucía y la UGR.
El protocolo ha sido presentado por representantes de la Junta de Andalucía y la UGR.

La Universidad de Granada ha sido pionera en materia de políticas de igualdad con el Protocolo para el cambio de nombre de personas transexuale, transgénero e intersexuales, con el que se resolverá la situación de personas que desean realizar el cambio de nombre en el ámbito universitario, con todas las garantías de intimidad y privacidad. 

La rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, ha presidido el acto de presentación del Protocolo. El acto ha contado con las intervenciones de la consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio; la vicerrectora de Responsabilidad Social, Igualdad e Inclusión, Teresa Ortega; Inmaculada Ramos Tapia, vicesecretaria general; y el director de la Unidad de Igualdad de la UGR, Miguel Lorente.

Orgullo para la comunidad universitaria

Pilar Aranda, rectora de la Universidad, ha recalcado que “hoy es un día de orgullo para toda la comunidad universitaria, pues el protocolo se ha puesto en marcha con una rapidez extraordinaria”. También ha añadido que “la Universidad debe estar a la vanguardia en estos temas y mantenerse alerta para ofrecer respuesta a los mismos”.

En el acto, la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha subrayado que esta iniciativa de la Universidad de Granada “es una prueba más de la implicación en materia de igualdad de esta Universidad, porque amplía los derechos individuales para el alumnado de esta institución, muy especialmente para las personas transexuales, transgénero e intersexuales que forman parte de esta comunidad académica”.

Cambio de nombre en el ámbito universitario

En palabras de Miguel Lorente, director de la Unidad de Igualdad de la UGR, “el protocolo persigue dos objetivos: resolver la situación de las personas que deseen realizar el cambio de nombre en el ámbito universitario, y garantizar la intimidad y la privacidad de estas personas”. Miguel Lorente aclara que “el protocolo servirá no sólo para el alumnado, sino para toda la comunidad universitaria”.

Teresa Ortega, vicerrectora de Responsabilidad Social, Igualdad e Inclusión, ha señalado la importancia de “observar las necesidades del exterior para adaptarlas a la Universidad”, lo que en este caso supone “visibilizar la diversidad existente en cuestiones de identidad de género”.

El protocolo pretende, según Inmaculada Ramos, vicesecretaria general de la UGR, “que el alumnado de la Universidad de Granada pueda utilizar un nombre de uso común distinto al que aparece en su DNI”. También ha añadido que “en los documentos públicos se usará el nombre de uso común, manteniendo el nombre del DNI en la documentación oficial”. La gestión se realizará de forma automática en las bases de datos electrónicas, que contemplarán estos casos manteniendo la privacidad de los solicitantes.

Políticas de igualdad en la UGR

El Protocolo de la UGR se adecua a la Ley Integral para la No Discriminación por Motivos de Identidad de Género y Reconocimiento de los Derechos de las Personas Transexuales de 2014, una norma “que ha marcado un hito en Andalucía, al convertirnos en una tierra aún más libre y más tolerante”, ha añadido la consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio. Esta fue la primera ley a nivel estatal que regula el derecho a la autodeterminación de género y a la identidad de género, sin necesidad de pasar previamente las pruebas psicofísicas que sí se exigían en otras comunidades autónomas.

La consejera en su intervención ha recordado que la ley incluye medidas para garantizar la atención educativa, social, familiar y sanitaria de las personas transexuales. En este marco legal, la Junta ofrece un procedimiento integral de reasignación sexual, con especial atención a la etapa de la pubertad, además de desarrollar programas para detectar situaciones de riesgo y establecer las cláusulas administrativas para garantizar que las empresas concesionarias o entidades adjudicatarias de la Administración autonómica no han sido condenadas por discriminación. Centrándose en el ámbito académico ha recordado que esta ley vela por que el sistema educativo sea un espacio de respeto y tolerancia libre de toda presión, agresión o discriminación por motivos de identidad de género.

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