ECODES apoya el fin de las políticas fiscales que favorecen el uso del diésel

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El tráfico, sobre todo del parque móvil diésel, es el responsable de más de la mitad de la contaminación de las ciudades.
ECODES apoya la idea de acabar con la fiscalidad favorable para el diésel.

La Fundación Ecología y Desarrollo, ECODES, se ha mostrado partidaria de la finalización de las políticas fiscales que favorecen el uso del diésel en nuestro país. Una medida que al parecer estaría barajando el Gobierno de España, que estaría valorando el traspaso del grueso de la fiscalidad medioambiental a manos de las comunidades autónomas y como punto principal está el acabar con el tratamiento  fiscal que favorece al diésel y elevar los impuestos sobre el gasóleo y los vehículos más contaminantes.

Según destaca ECODES, España es uno de los países más ‘diesializados’ de Europa, y a Europa se le denomina la “isla del diesel” a nivel mundial, ya que aquí se venden el 70% de los vehículos diésel que se fabrican en el mundo.

Dentro de las propuestas de ECODES de cara a la elaboración de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética a nivel nacional, está el establecimiento de una Ley de Fiscalidad Ambiental en la que quedaría integrada la revisión de la fiscalidad nacional sobre el diésel y la gasolina, para reducir las diferencias actuales a favor del diésel.

La combustión de los vehículos diésel es la principal causa de las emisiones de NOx en las ciudades, causantes de importantes problemas de salud para la ciudadanía. Por todo ello, las intenciones del Gobierno «podrían ser una buena noticia para el medio ambiente y sobre todo para la salud de las personas», valora ECODES.

Dentro de la Fiscalidad Ambiental que ECODES propone revisar quedaría integrado de igual modo el Impuesto sobre los gases fluorados (HFC) de efecto invernadero (principalmente usados como refrigerantes), que en la actualidad no es finalista. Este impuesto debería ser finalista, para que lo recaudado fuera encaminado a facilitar la adaptación técnica que los grandes consumidores de HFC –fundamentalmente, los supermercados-, han de realizar para adaptarse a la legislación europea.

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