Velasco prevé que el nuevo modelo de financiación de universidades andaluzas se refleje en los presupuestos del próximo año

El consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades del Gobierno andaluz, Rogelio Velasco, ha confiado en que “el nuevo modelo de financiación del sistema público universitario sea aprobado lo antes posible y pueda reflejarse en los presupuestos del año próximo”. Así lo ha puesto de manifiesto en Comisión Parlamentaria, donde ha subrayado, además, que la nueva propuesta convertirá a Andalucía en una de las comunidades pioneras en España en articular un modelo que obtenga una parte de los fondos a través de indicadores.

Velasco, segundo por la derecha, en una visita reciente a la Universidad de Almería.

En su intervención, Velasco ha explicado que en breve “el diseño en el que se está trabajando será sometido a informe preceptivo del Consejo Andaluz de Universidades, una vez que ya cuenta con los informes de incidencia económica-financiera y del Gabinete Jurídico de la Junta, de forma que el siguiente paso será elevarlo a Consejo de Gobierno”.

A su juicio, el sistema de financiación planteado otorga “más coherencia al modelo universitario andaluz, lo hace más transparente y da más peso a los resultados, a través de un sistema basado en los principios de suficiencia, equidad y eficiencia”.

La Consejería de Transformación Económica viene trabajando en el futuro diseño más de un año y medio, después de que en diciembre de 2019 se presentara a los rectores una propuesta inicial “con el objetivo de que pudieran debatirla en un clima de estrecha colaboración”, ha explicitado el consejero para añadir que, con posterioridad, se recibieron aportaciones y propuestas que “han sido esenciales para la mejora sustancial del primer borrador”, ha afirmado.

Aunque sobrevino la pandemia, el consejero de Transformación Económica ha remarcado que, a pesar de ello, se han mantenido reuniones con los máximos responsables universitarios y con los Consejos Sociales. La última muestra de esa colaboración incluye la ronda de contactos presenciales que está realizando con todas las universidades “para seguir avanzando en el consenso deseable en una reforma tan crucial para el futuro de la universidad pública andaluza”.

El modelo de financiación que se está ultimando busca garantizar al sistema público universitario mayor estabilidad y suficiencia económica para el desarrollo eficiente de su función académica, científica y social y primar la excelencia y el rendimiento. Introduce entre sus principales novedades la de “vincular los incentivos al rendimiento y la excelencia, aunque garantizando en todo momento los costes básicos, en la línea de los modelos que operan en la mayoría de países de nuestro entorno”, ha señalado. “Vemos cómo éstos han evolucionado incorporando sistemas basados en fórmulas que operan sobre variables de escala (cantidad) y rendimiento (calidad) y que pueden incorporar criterios de cumplimiento de objetivos específicos a través de indicadores cuantificables y contrastables”, ha apostillado al respecto.

Frente a ello, Rogelio Velasco ha criticado que el anterior modelo tenía como objetivo “cubrir costes exclusivamente, con una financiación vinculada más a la cantidad que a la calidad”. En ese contexto, ha recordado que Andalucía ha carecido durante años de un sistema de reparto actualizado que pudiera dar respuesta a las necesidades de la comunidad universitaria. El primer modelo de financiación se aprobó para el periodo 2002-2006, al que le siguió el definido para los años 2007-2011, que el Gobierno anterior fue prorrogando hasta 2016, “incumpliendo, año tras año, la promesa de aprobar un nuevo sistema de financiación”, ha denunciado.

1.516 millones en 2021

Frente a ello, el consejero de Transformación Económica ha subrayado que su departamento ha puesto “todos los medios necesarios” para atender las necesidades de las universidades públicas, haciéndose cargo de “su difícil situación financiera, debido al impacto de la anterior crisis económica y, en parte, a las promesas incumplidas con respecto a un nuevo diseño, reclamado por los rectores desde hace años”, ha aseverado.

Para refrendar esa afirmación, Velasco ha puesto algunos ejemplos de ese esfuerzo. “Desde el primer año de legislatura, el presupuesto destinado a las universidades se ha ido incrementando: un 2,4%, en 2019; un 5,2%, en 2020; y un 3,3%, en 2021”, ha apuntado. También ha comparado las cuentas del presente ejercicio, que suman 1.516 millones, con el último aprobado por el Gobierno anterior, que fue de 1.360 millones en 2018, lo que supone una diferencia de 156 millones y un alza de casi un 11,4%.

Además, se han incrementado los recursos dirigidos a las retribuciones de la plantilla universitaria hasta un 13% más en 2020 respecto a 2018, lo que ha permitido aumentar en 1.151 el número de efectivos. Asimismo, en 2020, se autorizó un Plan de Inversiones por valor de 165 millones hasta el ejercicio 2023, una cuantía que se añade a los 25 millones ya autorizados en 2019, sumando un total de 190 millones en inversiones para dos años y dando, cumplimiento, así, una de las principales demandas de los rectores.

A esa medida se une el abono de la deuda que dejó pendiente el Gobierno anterior: más de 180 millones desde el año 2015 que estaban sin pagar. También la puesta a disposición de las universidades de 61 millones procedentes del Fondo COVID-19 para compensar los gastos derivados de la pandemia.

En materia de I+D+I, entre 2019 y 2020, la inyección pública de la Junta al sistema andaluz del conocimiento se ha elevado a 251,1 millones de euros y para este 2021 se ha consignado una partida de 140 millones de euros a través de ocho líneas de incentivos.

Contenido del modelo de financiación

El nuevo diseño planteado cuenta con dos fases: la primera se corresponde con la formulación de las bases del modelo, en las que se incluye el marco general de la financiación pública ordinaria y la forma en que se determinará su reparto entre las universidades públicas. La segunda fase se refiere a su desarrollo e implicará la especificación de las variables que se tomarán como referencia en la asignación de recursos y sus correspondientes ponderaciones.

Su estructura viene definida, por un lado, por la financiación básica, que supone el 90% del total de los recursos y con la que se cubren, fundamentalmente, los costes salariales, de funcionamiento y de mantenimiento. También parte de ese porcentaje se destinará a propiciar la convergencia entre las universidades.

Y por otro, por la financiación estratégica, que suma un 10% y está dirigida a mejorar los resultados docentes y de investigación. El destino de los fondos asignados a este capítulo será decidido libremente por las propias universidades en función de sus necesidades y en el ejercicio de su autonomía.

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