El 76 por ciento de los andaluces, esto es, tres de cada cuatro, se muestra dispuesto a donar sus órganos cuando fallezca, según una investigación liderada por la Universidad de Granada (UGR). Además, la mayoría de la población confía en el sistema sanitario público (el 79%), y especialmente en el sistema de donación y trasplantes (93%), que considera mayoritariamente transparente (59%).
Este estudio, publicado en la revista Transplantation Proceedings, muestra que las actitudes de la población andaluza son mayoritariamente favorables a la donación de órganos y al sistema de trasplantes.
En el marco de la séptima ola del PACIS (Panel Ciudadano para la Investigación Social en Andalucía), investigadores de la UGR y del IESA-CSIC llevaron a cabo un estudio centrado en el conocimiento y las actitudes de la población andaluza con respecto a las políticas de donación y trasplante de órganos. En la encuesta participaron 813 personas, y por el método de selección empleado, los resultados obtenidos son representativos de las actitudes de la población en Andalucía
El trasplante de órganos es una terapia médica que permite mejorar la calidad de vida de miles de personas y salvar la vida de otras muchas. En el mundo, se realizan cada año más de 125.000 trasplantes. A pesar de ello, el número de personas en lista de espera sigue siendo mayor que el número de órganos disponibles. Se estima que, en la Unión Europea, once personas mueren cada día esperando un trasplante. Cada país aborda este problema de manera diferente, con medidas destinadas a incrementar el número de donantes y de órganos extraídos. España es el país del mundo con el mayor número de donantes desde hace 27 años.
En 2018, se alcanzó un récord histórico de 48 donantes por millón de personas (pmp), muy por encima de la media europea e internacional. En Andalucía, las cifras fueron incluso mejores, con 52,5 donantes pmp. Tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el Parlamento Europeo han reconocido el éxito del modelo español de trasplantes y han fomentado desde hace años la extensión de algunos de sus elementos a otros países.
Sin embargo, todavía se especula sobre la fórmula de su éxito, dándose el caso de que cuando otros países han intentado replicar ciertos elementos del Modelo Español, han tenido resultados muy variables. La donación de órganos es un acto de generosidad y altruismo sin contrapartidas, por lo que descansa en la buena voluntad de la gente y en su confianza en el sistema de trasplantes, tanto en la obtención como en la distribución de órganos.
Confianza en el sistema
La confianza en el sistema de trasplantes de los andaluces que se deriva de esta encuesta se refleja también en una elevada intención declarada de autorizar la extracción de órganos para un familiar, incluso cuando se desconocen las preferencias de éste al respecto (62%).
“Nuestro estudio también revela un cierto grado de incomprensión de la sociedad respecto al modelo de consentimiento presunto vigente en España y a la legalidad de la obtención de órganos de candidatos a la donación que cumplen los criterios clínicos de muerte encefálica o circulatoria”, explica Gonzalo Díaz-Cobacho, investigador del departamento de Filosofía I de la Universidad de Granada y uno de los autores del trabajo.
Por el contrario, la mayoría es consciente de que en España las familias de los fallecidos desempeñan el papel decisivo de autorizar la obtención de órganos, y la mayoría de los encuestados no se oponen a que se otorgue a las familias tal responsabilidad.
En España, la mayoría de los órganos se obtienen de donantes en muerte encefálica –es decir que han perdido de forma total e irreversible las funciones de su cerebro, aunque siguen conectados a un respirador y su corazón sigue latiendo–. Sólo 19% de las personas entrevistadas saben que es legal extraer los órganos en esta situación mientras que algo más de la mitad creen que no lo es (55%).
“Nuestro estudio, así como otras investigaciones sobre la percepción social de las políticas de donación de órganos potencialmente controvertidas, pueden permitir a los responsables políticos evaluar mejor las oportunidades de fomentar el apoyo público a la donación de órganos y anticiparse a las posibles amenazas a la confianza que los ciudadanos depositan en las políticas de donación y trasplante”, apunta Díaz-Cobacho.
