El desempleo, la precariedad y las rentas bajas tienen impacto negativo en la salud de la población. Esta es una de las conclusiones de un estudio de la Universidad de Granada (UGR) realizado por Beatriz Fornell, doctoranda del Programa de Doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales de la Escuela Internacional de Posgrado de la UGR, y por María del Puerto López del Amo, Manuel Correa y José Jesús Martín, profesores del departamento de Economía Aplicada.
Publicada en la revista Quality of Life Research, en la investigación se analizan los cambios en el mercado laboral español durante los años más pronunciados de la crisis económica, y por lo tanto, su impacto en los trabajadores.
El artículo manifiesta que el desempleo y, sobre todo, la precariedad laboral están vinculados con un incremento de la probabilidad de sufrir una peor salud percibida, una variable “que está estrechamente relacionada con un mayor riesgo de enfermedad”, según explican los investigadores. La salud percibida suele emplearse en estudios que abordan la salud en relación con desigualdades sociales.
Este dato indicaría, por lo tanto, que las condiciones en que las personas trabajan y obtienen rentas son aspectos relevantes para explicar problemas de salud.
Los investigadores señalan, además, que el gasto en Servicios Públicos Fundamentales resultaría insuficiente para corregir este deterioro en la salud percibida. Este gasto público se corresponde con la sanidad, la educación y la protección social, competencias que están transferidas a las Comunidades Autónomas.
El artículo advierte de que, aunque el gasto público tuvo un resultado positivo, este no fue suficiente para solventar el impacto previo y tuvo un efecto muy limitado en la salud percibida.
Así, el investigador José Jesús Martín explica que “los Servicios Públicos Fundamentales influyen en la protección de la salud percibida, pero muy poco, dado que llega un momento en que un mayor gasto sanitario no equivale a una mejor salud”.
Por el contrario, Martín sostiene que, si los resultados del estudio se confirman en investigaciones posteriores, la reducción de la precariedad laboral sí ocasionaría un efecto positivo más pronunciado. Sin embargo, para ello sería necesario un cambio en la legislación.
Para desarrollar este estudio, los investigadores han empleado la base de datos longitudinal de la Encuesta de Condiciones de Vida elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el periodo entre 2007 y 2011.
