Como cada año desde 1974 la comunidad internacional celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Y cada 5 de junio se convierte en una especie de ‘jornada de reflexión’ sobre la situación, los problemas que nos aquejan y las fórmulas para intentar que el devenir del hombre sobre el planeta deje de ser una alocada carrera hacia el deterioro de nuestro espacio vital. Este año coincide además con la pandemia provocada por el coronavirus que, entre sus muchos y perjudiciales efectos incluye un preocupante olvido de los numerosos problemas ambientales que tenemos la obligación de afrontar porque sus consecuencias pueden ser incluso peores que la epidemia del Covid-19.
Estos últimos meses han servido para que gobiernos, instituciones y grupos de poder se llenen la boca defendiendo la ‘seguridad jurídica’ necesaria para que inversores de todo tipo emprendan nuevos proyectos. Se les facilita el visto bueno y se agilizan los plazos, con frecuencia a costa del incumplimiento de las leyes que se aprobaron para preservar el entorno de impactos ambientales negativos.
Desde el GEM nos preguntamos quién puede hoy proporcionar esa misma ‘seguridad jurídica’ al medio ambiente. En Andalucía y España disponemos de una amplia legislación ambiental, conquistada tras muchos años concienciación, que en estos tiempos no forma parte de las prioridades de políticos e instituciones. Hay que recuperar los puestos de trabajo perdidos, pero hacerlo a costa de descuidar nuestro entorno y los recursos que nos facilita es un grave error, tan grave como los que nos han traído hasta aquí con un mundo empobrecido, un cambio climático que sigue su curso y empeora con el paso del tiempo, y de una sociedad igualmente empobrecida, con un reparto de la riqueza enormemente desequilibrado, y con unas perspectivas de futuro que la expresión ‘el futuro ya no es lo que era’.
Y el caso es que las grandes instituciones transnacionales o la comunidad científica coinciden en que estamos en un momento clave para la historia de la humanidad; Naciones Unidas acaba de emitir un informe alertando de la pérdida irreparable de biodiversidad en todo el mundo. Es triste que los estudios de la comunidad científica internacional no tengan eco en las políticas de buena parte del mundo y es poco o nada razonable que frente a hechos contrastados y ampliamente estudiados muchos de nuestros representantes públicos recurran al chascarrillo para infravalorar lo que a todas luces es ya una amenaza global para el mundo y para sus habitantes.
La ONU ha lanzado un eslogan, “Es la hora de la Naturaleza” con el que pide que escuchemos los mensajes el Planeta. Y eso sólo será posible si iniciamos una transición ecológica y justa, alineándonos con la ciencia, como en la crisis sanitaria, para afrontar la para afrontar la emergencia climática y pérdida de la biodiversidad.
Esa ignorancia de los mensajes es también evidente en Almería, uno de los territorios que, según los expertos del Panel del Cambio Climático, se verán más afectados por esos cambios inminentes. Unas advertencias ante las que muchos prefieren mirar para otro lado para engordar sus cuentas de resultados, mientras vemos con estupor que a pesar de que la normativa impide que se autoricen nuevos regadíos en zonas de acuíferos sobreexplotados (en Almería casi la totalidad de su territorio), se toleran los cambios de uso o la puesta en explotación de superficies cada vez mayores, algunas de ellas a costa de los recursos hídricos de los pueblos y de los agricultores locales, como ocurre con los acuíferos de Sorbas-Tabernas. O se promueven campos de golf, con altos consumos de agua, en una tierra árida donde escasean los jugadores de este deporte que compite por un agua que no tenemos. La mejor prueba de ello es muchos campos actuales están arruinados e infrautilizados.
Esa misma actitud está sirviendo para tratar de legalizar miles de viviendas ilegales, construidas en suelos no urbanizables, sin servicios, accesos o agua, que en condiciones normales de cumplimiento de la ley deberían haber sido demolidas, o para menospreciar el rico patrimonio histórico, artístico o natural de una provincia que nunca llegó a tener el respeto de quienes nos gobernaron.
Los almerienses tenemos que abrir los ojos y poner en su lugar a quienes se empeñan en que perdamos nuestras señas de identidad, nuestros recursos naturales, o nuestra riqueza en biodiversidad y empezar a reclamar lo que por ley nos corresponde (la Constitución española, que también es ignorada, reconoce el derecho a un medio ambiente sano y bien conservado) pidiendo explicaciones a unos gestores que nos hurtan ese patrimonio.
En resumen, hemos de cambiar nuestras prioridades, ir hacia un consumo responsable, aprovechar las magníficas condiciones de esta tierra para el desarrollo de un modelo de energías renovables y dejar de lado las que proceden de combustibles fósiles altamente contaminantes, avanzar hacia la eficiencia en el uso de los recursos e impedir que la ambición de unos pocos obligue al resto a asumir los altos costes que conlleva la destrucción de espacios naturales, hábitats y recursos. Hemos de avanzar hacia un mundo más justo en el que solo haya ciudadanos de primera después de una larga travesía por modelos que generan primeras, segundas, terceras y cuartas categorías y en el que la pobreza se extiende. El tiempo se nos echa encima y debemos reflexionar si vamos a seguir hablando de PIB o de bienestar, de derechos humanos, de reparto justo del beneficio y de una sociedad que se rija por valores. En eso estamos y nos gustaría contar con los almerienses, porque en ello nos va el futuro
