“Nuestra investigación abre un nuevo campo para la defensa de los derechos del contribuyente”.

ImageÁngel Fornieles Gil, Premio Internacional de Fiscalidad 

Este joven investigador almeriense, es licenciado en derecho por la Universidad de Almería y doctor en Derecho Tributario Europeo por la Universidad de Bolonia (Italia). Actualmente trabaja como profesor ayudante en la Universidad de Almería y es miembro del grupo de investigación Estado Autonómico y Estado Social. Recientemente, por su tesis doctoral La Fiscalidad de las Regiones Ultraperiféricas ha recibido el II Premio Internacional de Fiscalidad otorgado por la editorial CISS, Deloitte Asesores y la Universidad de Valencia.

¿En qué proyectos de investigación se encuentra inmerso en este momento?

Actualmente estamos realizando dos proyectos principales, uno sobre el control del fraude fiscal y el otro versa sobre los procedimientos tributarios desde la perspectiva comunitaria, es decir, cómo los principios tributarios comunitarios influyen en los procedimientos tributarios nacionales. En cada uno de estos estudios los objetivos perseguidos se diferencian, principalmente, en el ámbito de interés de aplicación. Mientras que el estudio sobre el control del fraude fiscal es demandado por la Hacienda Pública, el segundo es directamente aplicable por el ciudadano, ya que abre un nuevo campo para la defensa de sus derechos. Unos derechos que normalmente no son muy conocidos, debido a que el derecho comunitario es considerado por la ciudadanía como una rama jurídica que no se entronca con la vida diaria del contribuyente. Sin embargo, la realidad es todo lo contrario, ya que una opción del recurso evidente es la aplicación de los principios comunitarios  pese a que se trate de un procedimiento exclusivamente nacional.

¿Cuál es el objeto del desarrollo de estos estudios?

En este sentido, el proyecto sobre el derecho comunitario Principios generales y derechos fundamentales comunitarios aplicables a los procedimientos tributarios  busca definir las principales soluciones, líneas, principios y derechos que se reconocen al contribuyente en el procedimiento y comprobar el nivel de adaptación de los procedimientos tributarios españoles a los principios comunitarios, donde se observa una escasa adecuación. Por tanto, al finalizar nuestro estudio propondremos diferentes vías para que el legislador pueda adaptar la legislación a las exigencias del derecho comunitario de forma que el ciudadano, pese a la omisión o al defecto legal, pueda defender sus derechos en un mundo Europeo donde la legislación comunitaria es de obligada aplicación, al igual que la de carácter nacional.

 ¿Se ocupan de algún otro proyecto?

Además, en relación a la cuestión del fraude fiscal, estamos realizando un estudio bajo el título; "Fraude fiscal y fraude de subvenciones. Causas generadoras y medios de lucha antifraude". A partir de la nueva Ley del Fraude Fiscal, aprobada en el año 2006, se tomaron una serie de medias sobre las que nuestra investigación pretende profundizar, atendiendo a su repercusión frente al fraude fiscal existente hoy por hoy. Al mismo tiempo, pretendemos determinar las ventajas, inconvenientes y posibles mejoras de estas medidas, cómo afectan al ciudadano y comprobar hasta qué punto existe una intromisión en sus derechos, o si por el contrario, son totalmente respetados −entendiendo que a su vez han de ser mínimamente limitados debido al fin público que se persigue−.

¿Cuáles son las fases que se han determinado par la consecución de los objetivos definidos?

Principalmente, en el estudio del derecho comunitario, la primera fase se basa en la recopilación doctrinal y jurisprudencial, debido a que,  pese a existir ya varios estudios,  se encuentran dispersos y sin una referencia común. Es decir, revisar qué existe para poder definir eficazmente nuestras aportaciones y detallar las aportaciones de otros autores. En derecho comunitario, la creación jurisprudencial del derecho obliga a que tengamos que dar principios coherentes no sólo a una resolución, sino a un cómputo general, definiendo cuál es su alcance y cómo se puede aplicar en futuros casos. Y es que se trata de decisiones personales derivadas del estudio de casos específicos que hay que enlazar con los demás casos para definir los principios aplicables a supuestos similares que acontezcan en un futuro. A continuación, se desarrolla la segunda fase, que es donde nos encontramos actualmente, y en la que se procede al estudio de la información recopilada con el fin de determinar las principales líneas de actuación y extraer los diferentes principios comunes. Por último, la tercera fase se basa en la revisión de la aplicación y evaluar  cómo responde la normativa nacional a los principios determinados. En ella también queremos presentar las estrategias de mejora y actuación del ciudadano en la alegación de los principios mencionados. En el estudio del fraude fiscal, se sigue una metodología de estructura muy similar.

¿Cómo podrán ser incorporadas las conclusiones que se obtengan de estos estudios en la legislación vigente?

El Parlamento y el Senado son los que modifican la normativa. Ahora bien, la iniciativa legislativa puede ser aportada por cualquier grupo político, pero principalmente reside en el gobierno para ir coordinando las diferentes enmiendas que se efectúen. En relación a temas tributarios, esta actuación corresponde al Ministerio de economía y Hacienda, impulsado y asesorado por la Dirección General de Tributos, quien ha manifestado su interés en controlar que la Ley General Tributaria dé respuesta a las exigencias comunitarias, tanto en materia de protección de derechos como en casos específicos donde es el derecho tributario el que obliga a la devolución de tributos. De esta forma, nuestras aportaciones supondrán un elemento de debate para la adecuación de la normativa interna a la externa, donde la cuestión final reside en facilitar el conocimiento y disposición del derecho al ciudadano y el desarrollo coherente de ambas normativas –nacional y comunitaria–.

¿Ambos proyectos son desarrollados íntegramente en la Universidad de Almería o se cuenta con la colaboración de otros centros de investigación?

No, se cuenta con la participación de investigadores procedentes de diferentes centros. En el caso del estudio referido al derecho comunitario contamos con la colaboración de la Universidad de Bolonia (Italia) y la Universidad de Lovaina (Bélgica) y en el segundo, referente al proyecto de investigación del fraude tributario se colabora con la Universidad de Málaga, donde está el responsable del proyecto, y la Universidad Internacional del Mar  (Murcia).

 

Más información:

Angel Fornieles Gil

Universidad de Almería

Departamento de Derecho Público General

Tel.: 950 015 153

E-mail: afg855@ual.es

 

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