Casi el 40 % de la población mundial sufre de falta de agua y más del 50 % (4.200 millones de personas) carecen de servicios de saneamiento gestionados de forma segura, según cifras de Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
El relator de la ONU, Pedro Arrojo, en una conferencia ofrecida en la Universidad Nacional de Colombia, expresó que “en informes del año ya se hablaba de la necesidad de que la sociedad hiciera las paces con los ríos, de que debía haber una ingeniería natural que promueva la gobernanza del agua como un bien común y no como una mercancía, situación que se veía, por ejemplo, con que el agua se fuera a negociar en Wall Street”.
Agregó que el informe “Riesgos de privatización, financiarización y gestión”, presentado este año, señala que es clave construir una gestión comunitaria del agua que tenga como eje principal la participación tanto de las comunidades indígenas –quienes ven este recurso como el alma azul de la vida, que forma parte del territorio– como de las campesinas, que ayudan a que el agua se vea como un bien común, como un tesoro de la gobernanza democrática.
El derecho al agua y la resistencia en Colombia
Como parte de la visita del relator Arrojo se realizó un panel con expertos de organizaciones como el Comité por la Defensa y la Vida de Buenaventura, la Organización Sütsuin Jiyeyu Wayuu –o Fuerza y Mujeres Wayuu– y la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PCDHDD).
En el evento, el sociólogo Andreiev Pinzón, del Comité de Buenaventura, dijo que “es increíble que el municipio tenga 9 cuencas hidrográficas, por las que fluyen alrededor de 10.000 m3 por segundo de este recurso, y la comunidad no tenga agua, lo cual es consecuencia de la gestión gubernamental enfocada a que el agua forme parte de proyectos para los muelles o los trenes, mas no para la población”.
Como parte de la conversación, el líder indígena Miguel Socarrás, de la comunidad wayuu, expuso la problemática de La Guajira señalando que cada año se usan alrededor de 30 millones de litros de agua en procesos de minería que afectan al río Ranchería, principal afluente de la región, y específicamente al arroyo Bruno, lo cual provoca que la comunidad tenga escasez del líquido vital.
Enfatizó además en que las actividades adelantadas por las multinacionales no están generando desarrollo, sino “des-arroyo”, refiriéndose a la destrucción del arroyo Bruno y las demás fuentes hídricas: “las empresas pueden producir petróleo, gas o muchos minerales, pero ninguna puede producir agua, porque esta solo la da la madre naturaleza”.
Aura Rodríguez, representante de la PCDHDD, expresó que algunos de los problemas más graves asociados con el agua en el país son su uso en la agroindustria, en productos como la caña de azúcar o las flores, además del fracking, las empresas de bebidas azucaradas, la generación de energía y electricidad, y el asesinato de líderes sociales.
Después de exponer las dificultades que trae esta situación, los panelistas expusieron algunas de las formas en que sus comunidades han estado resistiendo y protegiendo el derecho fundamental al agua.
Entre estas iniciativas se pueden destacar: el paro cívico realizado en Buenaventura en 2018, con el que se consiguieron recursos para crear empresas público-comunitarias para la gestión y gobernanza del agua; el diseño de políticas públicas en comunidades de Antioquia y Santander gracias a la Red Nacional de Acueductos Comunitarios; y la Sentencia de la Corte Constitucional de 2016, mediante la cual se reconoce al río Atrato como un sujeto de derechos.
